Título: Libro de la Defensa Nacional de Chile - Parte II: entornos que inciden en la defensa
PARTE II: ENTORNOS QUE INCIDEN EN LA DEFENSA
Esta segunda parte del Libro de la Defensa Nacional está dedicada a los entornos en los que Chile está inmerso e incluye tres capítulos que se ordenan según un criterio de menor a mayor proximidad con nuestro país. De esta manera, el primer capítulo aborda el "Entorno Mundial", el segundo da cuenta del "Entorno continental" y, finalmente, al tercer capítulo se refiere al "Entorno vecinal".
Dos ideas centrales cruzan los tres capítulos. La primera es que los Estados no existen en el vacío. Se encuentran en un área geográfica que los determina, son tributarios de una historia que moldea su situación presente y futura, y están inmersos en una red de relaciones internacionales que incide en las decisiones propias. La noción del Estado como una entidad cerrada, invulnerable a influencia externas, era característica de un esquema conceptual donde la idea de "sistema internacional" ni siquiera existía, al menos como hoy se las concibe. Los fenómenos sociales, políticos y económicos del siglo XX, junto al avance tecnológico especialmente en el campo de las comunicaciones han dado pie a la configuración de un sistema de interdependencias en el que el Estado no pude sustraerse del todo al impacto de las relaciones con otros Estados e, incluso, con actores no estatales.
La segunda idea central de esta Parte II del libro es que, finalizada la Guerra fría, los conceptos en juego más significativos son los de cambio y continuidad. En este sentido, resulta necesario identificar los cambios y definirlos adecuadamente, tal como es imprescindible reconocer los factores que, pese a todo, son continuos. Entre estos factores permanentes, destaca el Estado, que sigue estando plenamente vigente como pieza central de las relaciones internacionales y continuará estándolo en el futuro. Puede decirse que la acción estatal está hoy mediatizada, pero sería un error considerar al Estado-Nacional como una entidad caduca. En definitiva, lo más apropiado resulta entender a los países como actores insertos en entornos de los que reciben influencias y en los que, a su vez, influyen en proporción directa a la estatura político-estratégica que hayan alcanzado.
CAPÍTULO I: ENTORNO MUNDIAL
El fin de la Guerra Fría acarreó una serie de cambios en el mundo, el más llamativo de los cuales es, quizás, el conocido como "globalización". Sin terminar aún de decantarse, estos cambios no ocultan ciertos elementos de continuidad en el sistema internacional, siendo la vigencia del Estado-Nación el más importante. La inserción del Estado en un sistema mundial produce necesidades de participación y responsabilidades que, en general, se canalizan a través de las Naciones Unidas, de la cual Chile es miembro pleno desde su fundación en junio de 1945.
1. CAMBIOS DESPUÉS DE 1989
En 1989 terminó la Guerra Fría. Este hecho se tradujo en, a lo menos, tres cambios significativos: primero, el colapso de ciertos regímenes, que supuso el fin de ciertas cosmovisiones como opción política; segundo, la modificación del balance cuantitativo y cualitativo de fuerzas entre las potencias estratégicas, que produjo una situación caracterizada como unipolar; y, tercero, el surgimiento de nuevos procesos internacionales, entre los cuales el mas notorio es, quizás, el de la globalización. Todos estos cambios no han significado la creación automática de un nuevo orden, idealmente regido sólo por el derecho internacional. Pero es un hecho que las transformaciones caracterizan hoy el acontecer del mundo.
En relación con la globalización, existe la tendencia a concebirla en términos de obsolescencia de identidades nacionales, comunión de propósitos entre los países y, por lo mismo, una suerte de igualdad universal. Frente a esta tendencia, se postula un concepto más realista del fenómeno y se entiende que, no obstante su nombre, la globalización no erradica la diversidad nacional, tampoco implica uniformidad de posiciones y propósitos entre los Estados, ni que las diversas formas de integración que supone sean plenamente armoniosas. Precisamente por esto, los países adoptan estrategias multilaterales, con formulas de asociación distintas para cada caso.
La globalización tampoco es un proceso homogéneo en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Por el contrario, se trata de un proceso desigual que presenta fragmentaciones. Los fenómenos que se dan en el campo económico, por ejemplo, como la universalización de los mercados, no tienen exacta correspondencia en el campo de la defensa. Es decir, no existe necesariamente una correlación automática entre procesos de complementación e integración económica, por un lado, y superación de riesgos y amenazas, por el otro. Incluso más, bien puede ocurrir que aumenten las incertidumbres y que las propias relaciones económicas produzcan fricciones que den origen a disputas y crisis internacionales.
2. CONTINUIDAD: LA VIGENCIA DEL ESTADO-NACIÓN
En su largo desarrollo, y especialmente durante el presente siglo, el Estado-Nación ha debido adaptarse a un sistema internacional cada vez más completo e interdependiente, y expuesto a una serie de cambios. Pese a que esto implica una multitud de actores internacionales e interacciones de diverso grado y contenido, tanto con otros actores gubernamentales como con no gubernamentales, el Estado-Nación es, y seguirá siendo en un futuro avizorable, la unidad básica y central de orden internacional. Esto es así, porque, en lo fundamental, el Estado ofrece totalidad frente a la fragmentación y representa una identidad nacional única, que en muchos casos se sitúa incluso por encima de las diferencias étnicas que admite en su seno.
Siendo así, resulta necesario preservar la identidad nacional e identificar aquellos elementos de cambio en el sistema internacional que pueden tener un impacto sobre ella y, por lo tanto, afectar el marco general que sirve de referencia a la política de defensa. Esto exige que el Estado disponga de la capacidad para analizar los nuevos fenómenos internacionales, sin dejar de considerar el papel de las organizaciones internacionales en tanto entidades promotoras, protectoras o garantes de determinados valores y propósitos.
Es preciso considerar que, en un contexto internacional como el que se ha ido perfilando, donde el Estado-Nación persiste como pieza central, subsisten algunas de las hipótesis tradicionales de conflicto y que, por lo mismo, la situación geográfica relativa, junto con los intereses nacionales ya descritos, seguirá siendo, en general para todos los países, y en particular para Chile, una referencia importante para sus políticas de defensa.
3. SISTEMA MUNDIAL Y ESTADO: LAS NACIONES UNIDAS Y CHILE
Configurado un sistema internacional cada vez más interdependiente, en el que el Estado subsiste como actor central recibiendo del mismo presiones y beneficios, surgen para los distintos países necesidades de influir y participar en la toma de decisiones internacional, y responsabilidades hacia la comunidad mundial. En materia de seguridad, las Naciones Unidas son el principal canal a través del cual aquellas necesidades y responsabilidades se materializan.
3.1. Marco jurídico de la seguridad internacional
La Carta fundacional de las Naciones Unidas (NN.UU.) constituye el marco jurídico en que se sustenta la estructura de la seguridad internacional. De acuerdo con ella, las NN.UU. han definido una serie de instrumentos para enfrentar los conflictos que se producen en mundo (ver cuadro 1).
Los instrumentos de que disponen la NN.UU. para llevar a cabo sus funciones el pro de la paz dan origen a medidas y operaciones que, básicamente, están reguladas por dos capítulos de la Carta. En efecto, el capítulo VI regula las medidas y operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), mientras que el capítulo VII regula las de imposición de la paz (OIP). A grandes rasgos, la diferencia radica en que las operaciones ejecutadas según e Capítulo VI no implican uso de la fuerza coercitiva (autorizada sólo en situaciones de legítima defensa), mientras que las que se ejecutan de acuerdo con el Capítulo VII si comprenden la acción coercitiva.
Con el transcurso del tiempo, el capítulo VI ha generado cuatro tipos de operaciones de mantenimiento de la paz:
a) Mantenimiento del cese del fuego y separación de fuerzas. Se desarrollan sobre la base de un acuerdo entre las partes, después del cese del fuego y antes de la resolución del conflicto. Vigilan el cese del fuego por medio de la presencia de medios de las NN.UU. y materializan el retiro de los combatientes a distancia segura.
b) Despliegue preventivo. Se produce a petición de las partes en conflicto o a solicitud de una de ellas si se siente amenazada. Se hace en apoyo de la diplomacia preventiva, buscando desalentar el inicio de las hostilidades.
c) Implementación de acuerdos de Paz. Tienen el fin de ayudar a las partes a llevar adelante los acuerdos alcanzados y no sólo involucran el control del cese del fuego. Exigen a las NN.UU. una gran variedad de tareas, como la desmovilización de combatientes y su reintegración a la sociedad civil, la destrucción de armamento, los programas de desminado, el retorno de refugiados, la asistencia humanitaria, la supervisión del respeto a los derechos humanos, la reconstrucción del sistema político, la observación de elecciones y el apoyo a la reconstrucción de la infraestructura y la economía.
d) Protección a operaciones humanitarias en conflictos activos. Incluyen escolta y/o conducción de asistencial humanitaria.
La experiencia lograda por las NN.UU. a lo largo de los años ha permitido definir los principios básicos que deben observar las operaciones de mantenimiento de la paz (ver cuadro 2).
3.2. La política de Chile
La República de Chile tiene la voluntad política de participar en operaciones de mantenimiento de la paz propiciadas por las NN.UU., considerando que la mantención y la promoción de la paz mundial constituye uno de los objetivos de nuestra política de defensa y también de nuestra política exterior. Más todavía cuando, en un sentido integral y moderno, la propia seguridad nacional depende de un conjunto diverso de factores, entre los cuales se cuenta la estabilidad y la seguridad internacionales.
Por lo mismo, como parte de la comunidad internacional de naciones y miembro de las Naciones Unidas desde su origen, Chile nunca ha estado ajeno al problema que constituye la mantención de la paz y, en su carácter de Estado libre y soberano, aspira a seguir participando activamente en las instituciones y foros que promueven la paz.
Para efectos de la política del Estado de Chile en esta materia, se entiende por Operación de Mantenimiento de la Paz todo despliegue internacional de medios civiles o militares que, bajo el mando y control de las Naciones Unidas y con el consentimiento de las partes en conflicto, tiene por objeto directo contribuir a la consolidación de un cese de hostilidades.
El mantenimiento de la paz puede comprender, entre otras funciones, las siguientes tareas específicas:
* Verificar el cese del fuego.
* Colaborar en la separación de fuerzas.
* Supervigilar las líneas divisorias o de las zonas de exclusión.
* Escoltar y/o conducir ayuda humanitaria.
* Supervisar la desmovilización de combatientes.
* Certificar el registro, entrega y/o destrucción de armamento.
* Colaborar con los programas de desminado.
* Contribuir al éxito de los programas de retorno y reubicación de refugiados de guerra.
* Observar actos electorales.
Además, y excepcionalmente, el mantenimiento de la paz puede comprender las siguientes funciones especiales:
* Cooperación en la mantención del orden público en el período siguiente al cese de las hostilidades.
* Colaborar en supervisión del respeto a los derechos humanos. Esta misión puede comprender, además, la tarea de cooperar en la investigación de violaciones cometidas durante las hostilidades.
En tanto Chile estima que las operaciones de mantenimiento de la paz son un elemento efectivo en la solución de los conflictos internacionales, se consideró necesario hacer explícitos los criterios con que ha decidido y decidirá su participación en ellas(3). Estos criterios constituyen la política que será aplicada en el futuro por todos los organismos nacionales que puedan estar involucrados en operaciones de mantenimiento de la paz, y son los siguientes:
a) Generales
Chile no autorizará el empleo de fuerzas chilenas para la búsqueda y/o captura de delincuentes, beligerantes o criminales de guerra, misiones de control del orden público posteriores al cese de hostilidades o misiones de supervisión del respeto a los derechos humanos que se den dentro de operaciones de mantenimiento de la paz.
Por otra parte, Chile no participará en las Operaciones de Imposición de la Paz a que se refiere el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
b) De carácter político:
Las operaciones que involucren fuerzas chilenas deben satisfacer el interés nacional. Este interés se relaciona, entre otras materias, con los compromisos que nuestro país ha adquirido con las Naciones Unidas y con la preocupación por los problemas de la paz.
Las operaciones de mantenimiento de la paz deben obedecer a un claro mandato de Naciones Unidas, el que debe definir los alcanes de la operación y su duración. A su vez, las partes involucradas en el conflicto deben haber solicitado la intervención de Fuerzas de Paz.
En todo caso, Chile no pondrá contingentes a disposición de Naciones Unidas para que dicho organismo determine autónomamente su destino.
Los costos involucrados en las operaciones de mantenimiento de la paz deben ponderarse con los beneficios que el país obtiene, de manera que exista una conveniente relación entre ambos.
c) De carácter operativo:
Se precisa establecer con claridad el tipo de operación de mantenimiento de la paz en que Chile participará: el país y la zona de él en que se desarrollará; la duración, el tipo y la cantidad de medios comprometidos; las limitaciones relacionadas con la actuación de las fuerzas chilenas, y el tiempo de reacción considerado.
Las operaciones deben contribuir al perfeccionamiento de las instituciones chilenas participantes. Esto debe manifestarse en la obtención de experiencias, entrenamiento de personal, adquisición y reposición de material y equipo, etcétera.
Los medios participantes deben estructurarse utilizando como referencia las tablas de Organización y Equipo que utilizan las Fuerzas de Naciones Unidas.
En estas operaciones sólo se comisionará personal profesional, civil o militar, preferencialmente voluntario, no pudiéndose completar los cuadros con personal proveniente de la conscripción. En atención a esos criterios, Chile ha determinado evaluar cada solicitud de las NN.UU. en forma separada, de acuerdo con su propio mérito. La decisión final sobre el envío de fuerzas chilenas a una operación de mantenimiento de la paz la adoptará el Presidente de la República, tomando en consideración el informe conjunto que presenten los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores (ver cuadro 3 y cuadro 4).
De esta forma, Chile satisface las exigencias que se derivan del derecho que asiste a sus ciudadanos y, especialmente, a las personas e instituciones directamente concernidas, en orden a conocer el modo en que el Estado chileno decide sobre su participación en operaciones de mantenimiento de la paz, particularmente en una situación mundial fluida, donde este tipo de misiones internacionales ha tendido a aumentar de manera significativa.
3.3. Participación chilena en Fuerzas de Paz
La primera participación de Chile en operaciones planificadas por Naciones Unidas tuvo lugar en 1949, ocasión en que, junto a otros países, se envió dos observadores militares para supervigilar la tregua entre árabes e israelíes al término de su primera contienda. Al año siguiente, se envió a tres observadores para vigilar el cese del fuego en la zona de Cachemira, al término del conflicto indopaquistano. A la fecha, aún se mantienen observadores del Ejercito en ambos territorios.
En 1991, al concluir la guerra del Golfo Pérsico, Chile participó por primera vez como una unidad militar en operaciones de paz bajo tuición de las NN.UU. Se trató de un grupo de helicópteros de la Fuerza Aérea, compuesto por seis aeronaves y cincuenta especialistas, entre Oficiales y personal, los que estuvieron destacados en la frontera entre Kuwait e Iraq por el lapso de casi dos años. Su misión fue verificar el cumplimiento de la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de las NN.UU., que ordenó la retirada de todo personal y equipo militar desde la frontera entre ambos países. Sus tareas implicaban una condición de alerta constante para el transporte de observadores, realizar evacuaciones aeromédicas como consecuencia de la remoción de los campos minados, y participar en la demarcación y establecimiento del actual límite entre Kuwait e Iraq.
En 1992, Chile intervino en el proceso de paz en Cambodia, en que las Naciones Unidas asumió la administración de todo el país. Se trataba de verificar la retirada de tropas vietnamitas, desmovilizar 150.000 efectivos camboyanos, repatriar 350.000 refugiados que estaban en Tailandia, eliminar miles de minas sembradas en todo el país y restablecer la economía y el sistema social, culminando con la celebración de elecciones en 1993. En esta operación de paz participó un contingente de la Armada de Chile compuesto por diversos especialistas, entre otros, infantes de marina, médicos, buzos tácticos y telecomunicadores, completando un total de 60 personas. Esta fuerza se mantuvo en el área entre mayo de 1992 y noviembre de 1993.
En agosto de 1996, la Fuerza Aérea se incorporó con un grupo de helicópteros, compuesto por 41 efectivos entre oficiales y personal, a la misión de las NN.UU. para verificar en Iraq el cumplimiento de las normas que impiden a este país la producción de armas nucleares, químicas y biológicas.
Por otra parte, Chile también ha participado en tareas similares, pero vinculadas a la Organización de Estados Americanos (OEA). Por ejemplo, en el conflicto de El Salvador con Honduras, en 1969, concurrieron como observadores al cese del fuego, y por el lapso de casi un año, dos oficiales del Ejército.
Siempre bajo la tuición de la OEA, a través de la Junta Interamericana de Defensa, el Ejército de Chile envió dos oficiales a Nicaragua, en 1993, para planificar y controlar el proceso de desminado en la región, donde se había sembrado cerca de 40.000 minas.
Asimismo, y en virtud de su función de garante de la ejecución del Protocolo de Río de Janeiro, de 1942, entre Ecuador y Perú, Chile envió a la selva amazónica, en 1995, una Misión de Observadores Militares, compuesta por un total de 8 miembros, entre oficiales y personal, de las tres ramas de sus Fuerzas Armadas, tras el conflicto armado ecuatoriano-peruano en la zona de la Cordillera del Cóndor.
Finalmente, en abril de 1997, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso, a petición de las NN.UU., la participación de un contingente de hasta 50 miembros de Carabineros de Chile en la Fuerza de Tarea de Policía Internacional (IPTF) para Bosnia-Herzegovina en el marco de los Acuerdos de Dayton suscritos entre las partes contendientes de esa antigua república de la federación yugoslava.
CAPÍTULO II: ENTORNO CONTINENTAL
Una mirada global sobre la región muestra que las consecuencias del fin de la Guerra Fría también se han dejado sentir en el continente americano, introduciendo algunos cambios favorables. Sin embargo, una mirada específica a las realidades del continente muestra que persisten disparidades y divergencias. Para paliar los efectos de tal situación, los países americanos han dado pasos en distintos ámbitos con el propósito de mantener la estabilidad y los balances que han hecho del continente una de las áreas de más baja conflictividad relativa del planeta.
1. CAMBIOS GENERALES EN EL CONTINENTE
Los cambios mundiales han impactado también en la situación general del continente. En su amplia mayoría, los países continentales han adoptado la democracia como régimen político; la región ha recuperado un ritmo de crecimiento significativo, sobre la base de criterios económicos que apuntan a dar un papel más dinámico al mercado; el intercambio comercial se ha incrementado considerablemente gracias a políticas de apertura económica que, en general, se comparten.
Otro tanto ocurre en el plano de la defensa, ya que después de 1990 desapareció la percepción de amenazas militares, verosímiles o creíbles, externas al continente. Es previsible que esto continúe siendo así en tanto no surjan en el entorno mundial tendencias hacia la configuración de un nuevo orden, sea bipolar o multipolar.
2. CONTINUIDAD: LOS RASGOS ESPECÍFICOS
No obstante los cambios que, en una visión global del continente, se comparten, una mirada al interior del mismo muestra ciertos rasgos singulares o peculiaridades que se mantienen. Particularmente en el plano de la defensa, esto se explica en razón de que las hipótesis tradicionales de conflicto en la región no han sido del todo superadas y, en consecuencia, no es posible soslayar la eventualidad de que reaparezcan antiguo conflictos o surjan otros nuevos. En atención a esta realidad, los Estados americanos definen por sí y ante sí las amenazas y desafíos a su seguridad y defensa nacionales, incluidos aquellos que no justifican necesariamente el empleo de la fuerza militar. De aquí que Chile, al igual que el resto de los Estados americanos mantenga una voluntad de no despreocupar su defensa.
No obstante, fiel a su vocación pacífica, nuestro país ha optado por una modalidad estratégica disuasiva para resguardar su Interés Nacional. La opción por la disuasión es opción por un procedimiento de carácter político-estratégico que permite conciliar en mejor forma la defensa y la mantención de la paz regional.
3. ESTABILIDAD CONTINENTAL
Consecuente con sus Principios y Objetivos Nacionales, Chile valora la paz como un bien vital para los procesos de integración en que está involucrado y, por lo mismo, tiene un alto interés en mantener y promover la estabilidad política en la región. Entre los factores que es necesario considerar a la hora del análisis de la estabilidad continental destacan los siguientes:
3.1. Democracia
Chile es un Estado democrático y valora la expansión de la democracia en el continente, coincidiendo al respecto con los demás países miembros de la OEA (ver cuadro 1).
Ahora bien, es un hecho que la vigencia de la democracia, por sí misma, no elimina el riesgo de conflicto ni garantiza predictibildad en el comportamiento internacional de los Estados; sin embargo, el registro histórico muestra que la democracia ofrece mejores condiciones para la paz y la estabilidad que otros regímenes políticos, así como mayores seguridades para que los países sujeten sus relaciones mutuas a pautas de conducta más predecibles.
Ello se aplica por las características del régimen democrático. En función de la separación de poderes, de los mecanismos de control y balance entre ellos, de la sujeción de las autoridades al escrutinio público y de las reglas del Estado de derecho, la democracia reduce la posibilidades de que las decisiones queden entregadas al arbitrio de un gobierno unipersonal.
3.2. Medidas de Confianza Mutua
La base política de los procesos de apertura y complementación económica posteriores a 1990 ha sido la promoción de la confianza en las relaciones entre los Estados. Es verdad que experiencias en este sentido existían con anterioridad al auge de aquellos procesos, pero es a partir de 1990 que adquieren especial relevancia.
Las denominadas Medidas de Confianza Mutua (MCM) hacer referencia, preferentemente, al ámbito militar y están destinadas a atenuar percepciones de amenaza mutua, así como a evitar situaciones que, por sorpresa o error, induzca a malentendidos o crisis. Sin embargo, en un sentido lato, la MCM pueden diseñarse para todos los campos de las relaciones entre los Estados y no exclusivamente para el de la defensa. De aquí la necesidad de que el análisis de estas medidas integre la Política de Defensa con la Política Exterior de País.
A grosso modo, las MCM son condiciones que pueden o no generar un régimen internacional para tal o cual ámbito de las relaciones entre los países. En tanto los regímenes internacionales contribuyen a dar mayores grados de predictibilidad y estabilidad al sistema internacional, es auspicioso mantener una diplomacia activa para generar nuevos regímenes o perfeccionar los existentes, sin que ello suponga propiciar la creación de esquemas de delegación de soberanía en entidades supranacionales.
En este sentido, Chile aspira a ejercer su influencia en los procesos internacionales que apuntan a ese objetivo mediante una activa participación en los mismos, buscando congeniar el establecimiento de regímenes que favorezcan la interacción con otros países y el resguardo de la autonomía del Estado nacional. Esto es particularmente válido en el caso de iniciativas internacionales relacionadas con el ámbito de la seguridad, las cuales deben insertarse armónicamente en el conjunto de objetivos del Estado de Chile.
Los regímenes internacionales pueden operar a nivel mundial, continental, regional o vecinal. Dada la realidad en que se inserta, y de acuerdo con sus capacidades, Chile confiere especial interés, aunque no exclusivo, a aquellos regímenes de incidencia vecinal.
Es importante subrayar que los regímenes internacionales no tienen por finalidad reemplazar a la Defensa Nacional y, en este sentido, su establecimiento no debe entenderse como orientado a sustituirla. La finalidad de los regímenes internacionales es, más bien, la de integrar los intereses definidos por los diferentes Estados dentro de un marco de cooperación que los armonice adecuadamente. Por otra parte, los regímenes internacionales operan con mayor fluidez en unos ámbitos que en otros. Más fluido es, por ejemplo, el régimen que regula el intercambio postal en el mundo que el régimen internacional de libre comercio. Incluso hay áreas de actividad estatal para las que resulta más difícil la generación de regímenes internacionales. Una de estas áreas es la defensa.
En este ámbito, las MCM son medidas que se adoptan entre dos o más países para reducir el riesgo de confrontación como producto de errores a la hora de interpretar la actividad militar respectiva y, por lo tanto, para favorecer la estabilidad política entre los países que las establecen. Siendo que las MCM no son un mecanismo supletorio de la defensa, ellas no pueden concebirse de manera tal que se debilite el efecto disuasivo del aparato defensivo propio y que, como consecuencia, mengüe la capacidad de la defensa para cautelar los intereses nacionales.
Chile valora el fomento de la confianza mutua en el ámbito de la defensa. Nuestro país ha venido desarrollando, desde hace años, medidas de confianza mutua con algunos de sus vecinos. En efecto, mantiene periódicas "Rondas de Conversaciones entre los Altos Mandos de la Fuerzas Armadas" con Perú, desde 1986, y con Argentina, desde 1994, celebradas alternativamente en Santiago y Lima, y Santiago y Buenos Aires (ver cuadro 2 y cuadro 3).
Del mismo modo, Chile acordó con Argentina el establecimiento de un Comité Permanente de Seguridad, en el marco de un conjunto de medidas de confianza mutua, en mayo de 1995. Finalmente, Santiago albergó, en noviembre de ese mismo año, la Conferencia continental sobre Medidas de fomento de la Confianza Mutua bajo auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) (ver cuadro 4).
Con todo, la mantención de las MCM en el área de la defensa depende de que las partes tengan una voluntad política decidida para atenuar los efectos de aquellos Objetivos Nacionales que sean mutuamente contrapuestos, así como para superar percepciones y actitudes culturales antagónicas.
Ahora bien, en la medida en que las MCM favorecen la estabilidad política vecinal y regional, es positivo fomentar también la confianza mutua en áreas que, por sus características, se prestan mejor a la adopción de medidas de esa naturaleza, como son las de la economía y de las relaciones políticas. La búsqueda de transparencia y predictibilidad asociada a la adopción de MCM en el área de la defensa es especialmente relevante en otras áreas, ya que resulta improbable que intereses militares por sí mismos provoquen una crisis, en vista del riguroso control que los Estados normalmente ejercen sobre el empleo de la fuerza.
3.3. Control de armamentos
Así como, en el ámbito de la defensa, las MCM apuntan a reducir el riesgo de confrontación como producto de errores o equívocos, el control de los armamentos en poder de los países constituye también un mecanismo que ayuda a alejar la posibilidad de conflictos y facilitar, en consecuencia, la estabilidad política en la región.
Es importante, en esta materia, distinguir entre armas convencionales y armas de destrucción masiva. Respecto de las primeras, la comunidad internacional ha negociado un solo instrumento multilateral denominado "Convención sobre Prohibición o Restricción del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados". Esta Convención, que fue abierta para la firma en Nueva York el 10 de abril de 1981 y que entró en vigor el 2 de diciembre de 1983, cuenta en la actualidad con los siguientes cuatro Protocolos:
* Protocolo I:
Armas con efectos de fragmentos no detectables;
* Protocolo II:
Minas anti-personal, cazabobos y otras;
* Protocolo III:
Armas incendiarias; y
* Protocolo IV:
Armas destinadas a producir ceguera.
Hasta la fecha, Chile no es parte de esta Convención. Sin embargo, se ha constituido un grupo interministerial (Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional) encargado de analizar la factibilidad de que nuestro país adhiera a día y defina una política nacional sobre estas materias. Como resulta evidente, la decisión de adherir a una convención de esta naturaleza requiere de un análisis muy acabado de las soluciones factibles al problema creado por la renuncia unilateral a tal o cual tipo de armamento(4).
Los países tienden a dotarse del armamento convencional que satisfaga las necesidades de su defensa, y suelen paliar los desafíos asociados a instrumentos como la citada Convención con políticas de transparencia respecto de los armamentos de que disponen. En este sentido, se han ido introduciendo obligaciones internacionales de registro e información sobre los mismos. Estas obligaciones son de libre cumplimiento por parte de los Estados, no obstante lo cual Chile remire información anualmente a los dos registros de armas convencionales existentes a nivel mundial y regional (NN.UU. y OEA).
Esta conducta, característica de nuestro país, es perfectamente compatible con el interés de Chile por evitar el riesgo de dependencia de un único mercado de armas convencionales y, en consecuencia, con su propósito de preservar grados de autonomía a través del mantenimiento y desarrollo de su industria de defensa, del fomento del desarrollo científico y tecnológico, así como de la negociación diversificada con diversos oferentes en el mercado internacional.
En relación con las armas de destrucción masiva es preciso decir que no se reducen a las de tipo nuclear, aunque éstas sean las que conciten mayor atención pública; también se consideran en esta categoría las armas químicas y las biológicas. Chile no es país productor de ninguno de estos armamentos. No obstante ello, firmó las respectivas convenciones sobre armas químicas y armas biológicas, y participa de los principios que informan los tratados supletorios de ambos instrumentos.
Concretamente, Chile suscribió la convención sobre armas químicas en enero de 1993 y depositó el documento de ratificación en las Naciones Unidas el 12 de julio de 1996 (ver cuadro 5). Al hacerlo, nuestro país reafirmó la voluntad expresada junto a Argentina y Brasil en el Compromiso de Mendoza, firmado en septiembre de 1991, y al cual posteriormente, adquirió Uruguay. En este Compromiso se estableció no desarrollar, no producir, no adquirir de modo alguno, no almacenar ni retener, no transferir directa o indirectamente y no usar armas químicas y biológicas.
Por lo que respecta, específicamente, a la Convención sobre armas biológicas, Chile es Estado signatario desde abril de 1972 y ratificante a partir del 22 de abril de 1980. Ha participado activamente en todas las instancias negociadoras tendientes al reforzamiento del referido instrumento, favoreciendo la incorporación de un régimen de verificación que le otorgue verdadera eficacia al mismo (ver cuadro 6).
En relación con las armas nucleares, América Latina se beneficia indirectamente del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), contribuyendo a consolidarla como zona libre de armas nucleares, pese a que no todas las potencias atómicas lo han ratificado(5). Chile lo ratificó en mayo de 1995, con ocasión de la Conferencia de Revisión y Extensión, celebrada en abril de ese año.
En la oportunidad, nuestro país se comprometió con la vigencia indefinida del mismo, así como con el conjunto de objetivos y principios de no proliferación que este instrumento establece (ver cuadro 7).
La especial calidad de América Latina como zona libre de armas nucleares fue plasmada en el Tratado de Tlatelolco, iniciativa originalmente impulsada por Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México en 1962 y 1963, tras la llamada "crisis de los misiles" que en 1962 enfrentó a los Estados Unidos. por una parte, y a la Unión Soviética y Cuba, por la otra (ver cuadro 8).
En términos prácticos, el Tratado de Tlatelolco no sólo prohibe las armas nucleares, sino que congela el desarrollo atómico con aplicaciones bélicas en el nivel que cada país firmante había alanzado al momento de entrar este instrumento en vigencia. Gracias a esto, los efectos de la disparidad en el desarrollo atómico sobre el campo militar pudieron ser en parte atenuados.
Ahora bien, en tanto aquella disparidad constituye una asimetría importante que subsiste, resulta imprescindible ejercer el control y la verificación que los tratados consideran. Cabe señalar que ningún instrumento de los que Chile es parte se contrapone o es incompatible con la investigación y el desarrollo pacífico de la energía nuclear.
3.4. Instituciones regionales de seguridad y defensa
El origen de los mecanismos continentales de cooperación en el campo de la defensa se remonta a 1942, año en que se estableció la Junta Interamericana de Defensa. Desde entonces, tales mecanismos contribuyeron a la estabilidad política regional (ver cuadro 9).
Pese a que la vigencia operativa de algunos de ellos quedó en entredicho ya con anterioridad a 1989, situación que terminó de decantarse una vez finalizada la Guerra Fría, siempre existe la posibilidad de diseñar nuevos esquemas de cooperación militar y los países del continente pueden, eventualmente, manifestar su interés por hacerlo. Si bien es cierro que la ausencia de una amenaza militar creíble sobre el continente que provenga desde el exterior elimina una de las condiciones básicas en que se sustenta ese tipo de instituciones, debe considerarse que una sólida complementación económica favorece una cierta integración política, lo que podría hacer conveniente diseñar un mecanismo de cooperación militar regional, si no contra amenazas militares externas al conglomerado de países integrados, si con el propósito de darle respaldo y mayor credibilidad en cualquier negociación entre bloques. (6)
En todo caso, cualquier nuevo mecanismo de cooperación militar que se quiera establecer y en el cual nuestro país se involucre, deberá considerar la protección de los intereses superiores de Chile, así como los principios de relaciones internacionales a los que nuestro país adscribe, fundamentalmente el respeto a los tratados internacionales y la opción por la solución pacífica de las controversias.
Igualmente, en ausencia de una amenaza externa de tal carácter que, a cierto nivel, homologue las situaciones de seguridad enfrentadas por cada país de la región, el panorama continental se modifica, apareciendo las diferencias entre ellos. Siendo así, el debate sobre los problemas de la seguridad regional debe tener en cuenta que los Estados continentales son de tamaños distintos, ejercen diverso grado de control sobre sus territorios nacionales, poseen un abanico variable de organismos de seguridad y defensa en términos de número, desarrollo y eficiencia, y se ubican en áreas geográficas disímiles y singulares desde el punto de vista de sus características geopolíticas y estratégicas. Estos rasgos singulares explican por qué es variable la forma en que un mismo problema de seguridad impacta sobre los países del continente, de tal manera que lo que unos pueden considerar una amenaza global, otros lo perciben como un problema subregional o, incluso, local.
Es en consideración a todo lo anterior que Chile promueve la coordinación continental, preferentemente por áreas geográficas específicas, para prevenir crisis y mantener la paz, por sobre el diseño de nuevos esquemas globales de seguridad colectiva.
3.5. Unipolarismo
El fin de la Guerra Fría supuso el colapso del sistema soviético y dejó a un solo país como la única potencia estratégica con capacidad para intervenir militarmente en cualquier punto del planeta. A esta característica del actual contexto mundial se la denomina "unipolarismo" y tiene, como es claro, importantes consecuencias para el continente.
Como sucedía con la situación bipolar precedente, es común que al unipolarismo se le asocien cierras ventajas y desventajas. La disminución de los arsenales convencionales y nucleares de las potencias estratégicas podría considerarse, por ejemplo, una ventaja. Como desventajas, en cambio, podrían citarse la profundización de la asimetría entre la potencia predominante y las potencias medianas y pequeñas, el riesgo de un uso unilateral y sin restricciones del poder por parre de aquélla o, por el contrario, la posibilidad de que se derive hacia situaciones de monodependencia respecto de la misma.
Para nuestra región, el fin de la Guerra Fría implicó la eliminación de la única amenaza externa al conjunto del continente en que se fundaban los esquemas de cooperación militar. En ausencia de ella, ciertos problemas internos de la región (especialmente el narcotráfico, el terrorismo, las migraciones masivas y la degradación del medio ambiente) han pasado a considerarse como "nuevas amenazas". Se trata de problemas propios de seguridad más que de defensa, y que tienen efectos diversos en los distintos países continentales, según los rasgos específicos de cada Estado. De aquí que ellos no sean unánimemente percibidos como amenazas globales para la región, sino como amenazas sólo para algunos países. (7)
En síntesis, el unipolarismo, la pérdida relativa de la importancia estratégica de la región y las disímiles percepciones de problemas de seguridad intracontinentales, han dificultado el diseño de la agenda de la seguridad continental para el siglo XXI.
Es probable que la situación de unipolaridad en el plano internacional persista en el futuro inmediato y mediato. Ciertamente, los países son soberanos para establecer las relaciones interestatales que deseen y para darles el sentido que estimen conveniente. Sin embargo, en ese contexto unipolar, el otorgamiento de privilegios a unos países del continente en desmedro de otros puede acarrear consecuencias estratégicas para éstos o para terceros países de la región, en función de los balances intraregionales.
Chile mantiene las más altas relaciones con todos los países del continente. Sólo con Bolivia tales vínculos se circunscriben a relaciones de nivel consular, con especial acento en materias comerciales. Sumando los países que integran las asociaciones ALADI, MERCOSUR, NAFTA y Pacto Andino, mas de un 40 % de los intercambios de Chile se realizan con la región, siendo Argentina, Brasil y Estados Unidos los socios más importante(8). Al mismo tiempo, compartimos con la gran mayoría de los países continentales, y especialmente con Estados Unidos, ideales políticos democráticos y aspectos centrales de la cultura occidental. Por último, Chile concuerda con el propósito de configurar un continente animado por la paz, el desarrollo y el respeto mutuo entre las naciones americanas. Pero esta perspectiva no es obstáculo, ni puede serlo, para que Chile impulse, en su calidad de Estado soberano y en un contexto unipolar de insoslayables asimetrías, una política de profundización de sus relaciones bilaterales y multilaterales dentro y fuera de la región.
CAPÍTULO III: ENTORNO VECINAL
Contrariamente a lo que ocurre con las potencias estratégicas, para las potencias medianas y pequeñas, la realidad geográfica en que se insertan es definitoria de las características de la defensa por la que optan. Entre los países de nuestra subregión, esa realidad geográfica se ha visto sometida a la incidencia de transformaciones económicas y políticas, coincidentemente con el fin de la Guerra Fría y la expansión de la democracia en el continente, que han generado vínculos inéditos identificados, en forma genérica, como "integración". Todo esto ha redundado en relaciones vecinales más ricas y complejas, y esta complejidad se expresa en la relación entre defensa
1. CONTINUIDAD: HISTORIA Y GEOGRAFÍA
El territorio de Chile se encuentra definido y delimitado por fronteras que son producto de tratados vigentes, libre y legítimamente pactados (ver cuadro 1). Del total de 6.280 kilómetros que tiene su frontera, 180 Kms. los comparte con Perú, 850 Kms. con Bolivia y 5.600 Kms. con Argentina. (9)
La población de Chile es de 14.210.400 habitantes, (10) cifra que, en términos numéricos, sólo es mayor que la de Bolivia, con 7.896.254 habitantes, (11) mientras que es menor tanto en relación a la de Argentina, cuya población asciende a 34.292.742 habitantes, (12) como a la de Perú, que alcanza la cifra de 24.087.372 habitantes. (13)
En 1995, el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile llegó a los 66 mil millones de dólares y su ingreso per cápita fue de 4 mil 600 dólares(14). Por su parte, Argentina tiene un PGB de 270 mil millones de dólares y un per cápita de 7.990 dólares(15). Bolivia alcanza un PGB de 18 mil 300 millones de dólares y un per cápita de 2.370(16). El PGB de Perú, en tanto, es de 57 mil 870 millones de dólares y su ingreso per cápita llega a los 1.890 dólares. (17)
En su historia como país independiente, es decir, desde 1810, Chile ha debido enfrentar conflictos bélicos con España, con la Confederación Peruano-Boliviana y con una alianza entre Perú y Bolivia. Todos estos conflictos se produjeron durante el siglo XIX(18). La relación con Argentina, en cambio, no ha conocido nunca una conflagración armada, pese a recurrentes disputas territoriales y limítrofes a causa de las dificultades interpretativas que, al término del imperio español, se produjeron en relación con los territorios que correspondían a la división político-administrativa del mismo. La más reciente y grave crisis con Argentina ocurrió en 1978, a raíz del resultado del laudo arbitral de Su Majestad Británica sobre las islas Picton, Lenox y Nueva, en el Canal Beagle.
Por las razones sucintamente descritas, una referencia importante para la Política de Defensa de Chile seguirá siendo la situación geográfica relativa que nuestro país ocupa y las hipótesis que de ella, y de la historia, se desprenden.
Tanto porque sus objetivos nacionales excluyen reivindicaciones territoriales en el ámbito vecinal como porque tiene una clara y manifiesta vocación pacífica, Chile es un país que no debería ser percibido como riesgo o amenaza por otros Estados(19). Coherentemente con ello, respalda sus objetivos con una Política de Defensa cuyo propósito es cautelar los intereses nacionales mediante una actitud defensiva y que en el plano político-estratégico es disuasiva(20). En su Política Exterior, Chile se guía por principios claros y coherentes con todo lo anterior: el respecto a los tratados, la no intromisión en los asuntos internos de los demás países, la observancia del derecho internacional, la convivencia pacífica entre las naciones, la libre determinación e los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la opción por el diálogo y el entendimiento en el ámbito internacional.
En el caso de conflicto, el Estado tiene la responsabilidad de lograr una perfecta correlación entre las políticas Exterior y Defensa nacionales, de manera de concurrir en una acción conjunta y coordinada para prevenirlos y, si esto no es posible, manejarlos con éxito.
2. CAMBIOS: LA INTEGRACIÓN
En la última década del siglo XX se inició un proceso de transformaciones en las relaciones entre los países del área meridional de Sudamérica, las que han posibilitado vínculos subregionales inéditos. Genéricamente, estos nuevos vínculos son denominados "integración".
Los fundamentos económicos en que descansa el Desarrollo Nacional hacen que el proceso de intvegración sea un desafío insoslayable. Incluso más, las oportunidades económicas y las ventajas políticas que este proceso ofrece al país lo hacen también deseable, porque no sólo se incrementan los factores de crecimiento, sino que se fortalecen nuestros vínculos internacionales, se acrecienta el peso de la posición de Chile en el seno de la comunidad de naciones y aumentan sus apoyos diplomáticos, ampliándose la resonancia de sus puntos de vista. De lo que se trata es de elegir la modalidad más adecuada para llevarlo a cabo. No está en el interés de Chile la opción por la autarquía. Por el contrario, nuestro país tiene un claro compromiso de complementación económica a nivel regional y mundial, habiendo también hecho esfuerzos por lograr una mayor coordinación política. Todo esto ha ido produciendo cambios graduales no sólo desde el punto de vista económico, sino también político y estratégico.
De hecho, a partir de la primera reunión de ministros del Interior del MERCOSUR comenzaron a tratarse temas de seguridad interior, tales como narcotráfico, tránsito de personas y mercaderías, terrorismo, tráfico de armas y otros, los que, en último análisis, pueden impactar en su conjunto al sistema de seguridad, favoreciendo, por tanto, la Seguridad Nacional de cada país.
Ahora bien, la estabilidad política, la predictibilidad de los vínculos y la transparencia económica son condiciones asociadas al proceso de integración. Por ejemplo, la inversión de capitales en Estados vecinos es un importante factor de desarrollo para nuestro país y los países receptores. Tratándose de inversiones privadas, no se contemplan mecanismos políticos para dirigirlas o administrarlas. Pero un proceso positivo de integración exige el logro de mínimas simetrías en el resguardo de aquellas inversiones, lo que normalmente se asegura por medio de cláusulas de protección bilaterales o multilaterales amparadas por los respectivos Estados. De igual forma, en un contexto de cooperación e integración, el impacto de las acciones que afectan al medio ambiente obliga al país que las emprende a considerar consecuencias en los países de su entorno. Asimismo, el suministro recíproco entre los países de una misma área de bienes y servicios exige también el respeto a las condiciones del proceso integrador ya mencionadas. En definitiva, el flujo de capitales, la interdependencia ambiental y el mutuo suministro de bienes y servicios son ejemplos de fenómenos nuevos que inciden sobre el conjunto de la vida nacional y que imponen la tarea de estudiarlos en todos sus aspectos.
Como se ve, la transparencia de las reglas del juego comercial es condición de la complementación económica entre los países y lo mismo puede decirse de la estabilidad política y de la predictibilidad de las conductas gubernamentales. La institucionalización y consolidación de tales condiciones son procesos de ritmo dispar, aunque ninguno es rápido. Más aún si se considera que los alcances de la integración no se limitan a lo meramente económico o político, sino que también involucra aspectos culturales. En definitiva, la integración se traduce antes en logros de complementación económica que en avances en otros campos.
La disparidad en el ritmo de integración para cada área responde a la propia naturaleza de los ámbitos involucrados: a diferencia del mercado, donde es posible incidir con relativa rapidez en los intercambios, las instituciones políticas, las tradiciones culturales y los contenidos valóricos son más resistentes a la adaptación. Ello se explica porque las instituciones políticas encuentran su razón de ser en el ejercicio de la soberanía, así como la cultura y los valores la tienen en la conformación de una identidad nacional.
3. DEFENSA E INTEGRACIÓN
Más allá de sus características históricas y geográficas(21), el escenario vecinal de Chile se caracteriza hoy por relaciones más complejas. Esta complejidad se funda en la coexistencia de dos fenómenos: por una parte, las diferencias nacionales y las divergencias históricas conservan su potencial de generar antagonismos y conflictos; por otra parte, las transformaciones ocurridas en los países del área meridional de Sudamérica han posibilitado vínculo subregionales inéditos. Ambos fenómenos no son necesariamente contrarios entre sí; más bien, guardan entre ellos una relación de mutua influencia.
En efecto, la Política de Defensa y la Política Exterior se relacionan por medio de conceptos como disuasión, diplomacia preventiva y acciones en tiempos de paz. De aquí que no puede hablarse de que exista una disyuntiva entre defensa y nuevos vínculos subregionales. Desde el punto de vista de la defensa, el proceso de desarrollo de tales vínculos, también llamado "integración", potencia los factores diplomático y económico del Poder Nacional, contribuyendo a ella, aunque, a la vez, la propia dinámica del proceso podría llegar a ser fuente de divergencias e, incluso, de posibles conflictos de intereses.
Chile entiende que el propósito de su defensa considera no sólo proteger a su población, preservar su territorio y resguardar la capacidad productiva del país, sino también hacer posible el ejercicio de la soberanía para decidir nuestro propio destino y salvaguardar los rasgos fundamentales que nos identifican como una nación singular y única. La integridad territorial y la soberanía nacional son condiciones del desarrollo. Por eso, en razón de sus propios fines, la Defensa Nacional requiere una actitud de constante evaluación de las implicancias de los cambios que acompañan al proceso integrador.
Los conflictos entre las naciones no desaparecen por el sólo hecho de convivir en un contexto de cooperación. No hay duda de que el desarrollo producido por un contexto semejante contribuye al sustantivo mejoramiento de zonas desfavorecidas de nuestro país, potenciando así su cohesión psico-social. Asimismo, la integración, como forma de interdependencia entre dos o más Estados, configura un mejor escenario para resolver disputas al estimular la creación de mecanismos de solución de controversias, y diversifica los temas de vinculación recíproca, introduciendo, por lo mismo, contrapesos al impacto de aquellos que pueden suscitar discordia. Pero también es cierto que la integración no garantiza por si misma la estabilidad de las relaciones políticas, ya que no elimina las diferencias que atingen a los intereses irreductibles o cruciales para cada país. Es decir, existen -y, presumiblemente, seguirán existiendo- intereses nacionales no compartidos que, en determinadas circunstancias, pueden prevalecer sobre los propósitos que inducen el proceso de integración y generar antagonismos que lo detengan, reviertan o, incluso, lo hagan derivar en confrontación.
4. CONCLUSIONES
Los fenómenos de integración económica y, en menor grado, de coordinación política en el hemisferio están en desarrollo y Chile valora su progreso. Sin embargo, en tanto ellos no garantizan por sí solos la ausencia de conflictos, resulta imprescindible la debida consideración de sus efectos sobre la Defensa Nacional. En este sentido, se deben considerar en forma cuidadosa e interrelacionada los fenómenos de integración, y conflicto, pues ambos coexisten y pueden derivar, positivamente, hacia la cooperación o, negativamente, hacia la confrontación.
Por tales razones, enfrentar el proceso de integración exige aplicar un criterio de realismo, ausente de ciertos enfoques. Ha sido recurrente, por ejemplo, una visión integradora de América Latina que desecha la vigencia del Estado y la diversidad nacional sobre la base de la afinidad cultural. De modo semejante, otra visión postula la idea de la obsolescencia de los Estados nacionales, aunque a partir del libre juego del mercado internacional. Sin embargo, la experiencia de la Comunidad Europea muestra que la aceptación de las identidades nacionales, incluido el ejercicio soberano sobre un territorio definido y reconocido, respecto del cual no se alientan reclamaciones, es una condición imprescindible si se desea una integración progresivamente más profunda. En otras palabras, un proceso integrador debe considerar que sus actores son Estados con intereses específicos, los que tendrán mayores posibilidades de converger en un contexto de mutuo y pleno reconocimiento de las identidades nacionales, donde se considere, asimismo, el conjunto de efectos que los acuerdos que se suscriban puedan tener para cada actor en el corto y el largo plazo.
Aplicar un criterio de realismo es aún más necesario cuando, en el contexto de transformaciones producidas en los últimos años del siglo XX, resulta incierto deducir apoyos automáticos entre Estados a partir de las posiciones geográficas que ocupan. Uno de los efectos importantes de esas transformaciones, asociado específicamente al proceso de integración, es el cambio que se produce en las posiciones relativas de los Estados desde el punto de vista económico, político y estratégico. Este cambio redunda en equilibrios regionales de mayor complejidad.
La conclusión es que la defensa de un país sigue descansando, fundamentalmente, en su propio Poder Nacional y en los factores de balance que, gracias a la estatura político-estratégica (imagen nacional) que haya conseguido, a sus lazos exteriores y a su actividad diplomática, pueda encontrar en el sistema internacional.
Corresponde al Estado la tarea de establecer la relación entre los factores de oportunidad y los factores de riesgo que surgen en los procesos de complementación e integración. En otras palabras, el balance entre tales factores responde a una síntesis de carácter político realizada por el Estado. Por lo mismo, el nuevo escenario generado por la mayor integración e interdependencia exige una mayor capacidad estatal para predecir escenarios futuros.
(3) El decreto SSG Nº 94 contiene el Instructivo del Presidente de la República sobre la Política nacional para la participación del Estado chileno en operaciones de mantenimiento de la paz y fue publicado el 6 de noviembre de 1996.
(4) Respecto de las minas antipersonales, es preciso subrayar que Chile no fabrica estos artefactos desde principios de los años 80 y que no los exporta ni tiene programas de exportación futura. Los campos minados dentro de su territorio, de carácter exclusivamente defensivo, están sometidos a control conforme a la estricta reglamentación vigente, conservándose los registros y efectuándose la debida señalización en terreno.
(5) Es el caso de India, Pakistán e Israel.
(6) Complementariamente a este punto, ver el acápite 3.5.: "Unipolarismo", párrafo tercero.
(7) Ver Parte III, capítulo III, acápite 7. "Actividades anti-narcotráfico".
(8) El porcentaje está calculado sobre la cifra de exportaciones chilenas durante 1996. Respectivamente, las siglas ALADI, MERCOSUR y NAFTA significan Asociación Latinoamericana para el Desarrollo y la Integración, Mercado Común del Sur y North American Free Trade Agreement.
(9) Las cifras son aproximadas.
(10) Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Compendio Estadístico, proyección a 1995 del censo de población de 1992. Santiago, 1996.
(11) Fuente: Defensse Foreing Affairs Handbook. Londres, 1996: International Media Corporation Limited. Estimación de julio de 1995.
(12) Idem. Estimación de julio de 1995.
(13) Idem. Estimación de julio de 1995.
(14) Banco Central de Chile, Boletín Mensual. Santiago, febrero de 1997.
(15) Fuente: Defensse Foreing Affairs Handbook. Londres, 1996: International Media Corporation Limited. Estimación de 1994.
(16) Idem. Estimación de 1994.
(17) Idem. Estimaciones de 1995 y 1994, respectivamente
(18) La guerra de independencia contra España se libró entre 1810 y 1818. Entre 1818 y 1823, Chile se comprometió en la emancipación del Perú organizando una Expedición Libertadora. Posteriormente, tuvo lugar una guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana entre los años 1836 y 1839. Entre 1865 y 1866, Chile se vio envuelto en un nuevo conflicto con España. Años después, en 1879, estalló la Guerra del Pacífico, que hasta 1883 enfrentó a nuestro país con una alianza entre Perú y Bolivia.
(19) Véase Parte I, capítulo I, acápite 2: "Objetivos Nacioales"
(20) Véase Parte I, capítulo I: "Principios y objetivos del Estado de Chile".
(21) Ver Parte IV: "El escenario geográfico de la defensa"
ESTATURA POLÍTICO-ESTRATÉGICA: Grado de influencia que un Estado posee en el ámbito internacional, producto de un mayor y más armónico desarrollo de su Poder Nacional, así como de su voluntad y habilidad para emplear ese activo en la promoción y defensa de sus intereses. Es la imagen internacional que proyecta un país.
FUERZA: Conjunto organizado de medios militares, materiales y humanos, capacitado para actuar ofensiva y/o defensivamente, según sus características.
GLOBALIZACIÓN: Fenómeno de interacciones supraestatales, sustentado en el desarrollo de sistemas de comunicaciones e intereses transnacionales de las personas o grupos, que crean un nuevo entorno internacional, incidiendo de alguna forma en el ejercicio de la soberanía de los Estados. Se presenta principalmente en los planos cultural, económico y político. Este proceso, junto con ofrecer oportunidades por explotar, puede también ser fuente de nuevos riesgos y amenazas.
RIESGO: Acción de exponerse a la contingencia de recibir un cierto daño en algún área o aspecto de interés. Se transforma en amenaza cuando existe baja o nula capacidad de reacción y, a la vez, un potencial adversario tiene la capacidad de explotar tal situación.
IDENTIDAD NACIONAL: Aspectos cualitativos propios y distintivos de una determinada Nación. En su conformación concurren una historia y tradiciones comunes, así como factores religiosos y lingüísticos que caracterizan a su población. Es aquello que configura la personalidad de un país; expresa los sentimientos y convicciones de una Nación.
MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA: Acuerdo o compromiso entre dos o más Estados para establecer ciertas acciones tendientes a atenuar las percepciones de amenaza mutua y evitar situaciones de sorpresa en su relaciones. Su propósito es prevenir los conflictos, evitando equívocos. Se pueden concretar en el ámbito de la defensa y también en el económico y el político. Las Medidas de Confianza Mutua contribuyen al proceso de integración.
RÉGIMEN INTERNACIONAL: Conjunto de principios, normas y procedimientos a los que adhieren los Estados para prevenir, controlar o promover la solución de crisis y controversias entre ellos. Pueden tener vigencia en el ámbito mundial, hemisférico, regional y vecinal. No reemplazan sino que complementan la función estatal de defensa. Las Medidas de Confianza Mutua son elementos que contribuyen a la creación de condiciones a partir de las cuales podría generarse un régimen internacional.
INTEGRACIÓN: Coordinación entre dos o más Estados para complementarse y actuar de común acuerdo en campos específicos de actividad, usualmente los de la economía y la cultura, en la búsqueda de beneficios mutuos.
