99. El mecanismo fundamental para proteger las vidas y derechos de los ciudadanos es el fortalecimiento del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Pero muchos colombianos requieren atención especial, por ser víctimas inmediatas de las organizaciones armadas ilegales.
Protección de personas en situación de riesgo
100. El programa de protección de personas en situación de riesgo del Ministerio del Interior se ha fortalecido con importantes recursos adicionales, para que personas que se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, como dirigentes o activistas de grupos políticos, sindicalistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o periodistas tengan una protección efectiva. Este mismo programa se encargará de proveer protección y soluciones de seguridad a los cientos de alcaldes, concejales, y autoridades elegidas o designadas que hoy se encuentran amenazados. El Grupo de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ejecutará la política de protección de personas en situación de riesgo, sobre la base de los siguientes principios:
101. El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) asesorará cada uno de los programas de protección. Junto con funcionarios del Gobierno y oficiales de la Policía Nacional y del DAS, se discutirán y adoptarán las medidas más adecuadas para la protección de los ciudadanos en situación de riesgo. Reuniones de coordinación interinstitucional a nivel central, departamental y local, contribuirán a una mejor comprensión de las situaciones de riesgo y a formular de manera conjunta entre el Estado y la sociedad civil respuestas adecuadas a estas amenazas.
Protección de las víctimas del desplazamiento forzoso
102. Los cientos de miles de colombianos que año tras año son desplazados de sus tierras y sumidos en la miseria por el terror de las organizaciones armadas ilegales requieren la más urgente atención del Estado y la solidaridad de la sociedad. En coordinación con las autoridades y organizaciones regionales, la Red de Solidaridad Social llevará a cabo, con el acuerdo de las familias desplazadas, planes de retorno para facilitar su regreso colectivo a sus lugares de origen. El Gobierno mediante la acción de la Fuerza Pública recuperará primero las condiciones de seguridad en las zonas y luego canalizará recursos a través de microcréditos, programas de seguridad alimenticia y de acompañamiento a las comunidades.
103. Con apoyo del Fondo Postconflicto del Banco Mundial, el Gobierno emprenderá, igualmente, acciones para que los colombianos desplazados recuperen los bienes y en particular las tierras que les fueron arrebatadas como consecuencia del desplazamiento, en cumplimiento del decreto 2007 de 2001 de reconocimiento y protección de derechos patrimoniales de las comunidades desplazadas. Para aquellos que no puedan o no deseen regresar a sus lugares de origen, la Red de Solidaridad Social diseñará programas de desarrollo que faciliten su establecimiento en nuevas regiones. El Gobierno buscará el apoyo del sector privado y de la sociedad en general para encontrar soluciones de largo plazo a la problemática de los colombianos desplazados.
Protección contra el terrorismo
104. El uso creciente del terrorismo, en especial en las ciudades, será combatido con absoluta firmeza por el Gobierno Nacional para proteger la vida y dignidad de los habitantes. El objetivo es crear un sistema simple y eficaz, apoyado en la legislación necesaria para asegurar la protección de los ciudadanos. Este sistema estará compuesto de los siguientes elementos:
Estos elementos deben ser tenidos en consideración dentro de los planes y políticas de seguridad y convivencia que desarrollarán todas las alcaldías junto con la Policía Nacional (93). En el caso de Bogotá, una estructura de apoyo (66) coordinará la respuesta contra el terrorismo de las diferentes entidades distritales y nacionales. El Gobierno Nacional apoyará estos esfuerzos con la creación de fuerzas especiales antiterrorismo en las unidades militares de las principales ciudades y a través de la cooperación internacional, para contrarrestar la transferencia de tecnología y de conocimientos que ha permitido a las organizaciones armadas ilegales planear actos de terrorismo de particular brutalidad. Igualmente, los esfuerzos para mejorar la coordinación entre los servicios de inteligencia (81) tendrán al terrorismo como uno de sus objetivos principales.
105. Para el éxito de la lucha contra el terrorismo no basta la coordinación y la cooperación internacional: la solidaridad de la ciudadanía y su cooperación con las autoridades es el elemento fundamental, sin el cual no es posible derrotar esta amenaza. Las autoridades desarrollarán programas de prevención, estrechando los vínculos entre la Fuerza Pública y el comercio, las compañías privadas de seguridad, las empresas públicas y la ciudadanía en general, para tejer unas redes de alerta que aseguren la protección de la población y de la infraestructura del país (131).
Protección contra el secuestro y la extorsión
106. Para combatir el secuestro y la extorsión (52-54), el Gobierno Nacional ha trazado una política de Estado de largo plazo, con los siguientes objetivos:
Todas los programas y acciones contra la extorsión y el secuestro extorsivo de las diversas entidades gubernamentales estarán explícitamente orientados al logro de estos objetivos. Estas acciones estarán enmarcadas dentro de los siguientes lineamientos estratégicos.
107. La desarticulización de las organizaciones del secuestro:
108. El incremento de los rescates de personas en cautiverio:
109. La optimización de la información y del conocimiento de las organizaciones de secuestradores para facilitar la toma de decisiones y lograr la desarticulación de estas organizaciones y de sus finanzas:
110. La implementación de un sistema de recepción y seguimiento de casos:
111. La consolidación de una agenda internacional contra la extorsión y el secuestro extorsivo:
112. El fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado y la ciudadanía:
113. El establecemiento de una normatividad adecuada:
114. La definición de objetivos medibles:
115. El desarrollo de un esquema de trabajo:
Protección de desmovilizados y de niños combatientes
116. El Gobierno Nacional invita a los colombianos que hacen parte de las organizaciones armadas ilegales, niños y adultos, a abandonar las armas. El programa de desmovilización, reglamentado por el Decreto Presidencial 128 de 2003, ofrece una alternativa viable, flexible y rápida para que reinicien su vida, recuperen su núcleo familiar y abandonen definitivamente la clandestinidad. Este debe ser no sólo un compromiso del Estado y de sus instituciones, sino también de la sociedad en su conjunto: del sector privado, la iglesia, las organizaciones civiles y la sociedad colombiana en general.
117. El objetivo de la política es la resocialización y dignificación del desmovilizado, en especial de los jóvenes, facilitando así la reconciliación y preservando la vida de los colombianos. Los desmovilizados recibirán asesoría sicológica y programas de formación en oficios y de capacitación técnica durante 18 meses, que les permitirá llevar una vida digna y ser útiles a sus familias y a la sociedad.
118. La persona que quiera desvincularse de estas organizaciones deberá presentarse ante los comandos militares o de policía, ante un fiscal, un representante de la Defensoría del Pueblo o ante cualquier autoridad civil o judicial, manifestando su intención individual y voluntaria de abandonar las armas. La autoridad que reciba al desvinculado lo entregará a la institución competente, que en el caso de los menores de edad será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y en el de los adultos el Ministerio de Defensa. Esta entidad se encargará de la atención humanitaria inicial del desvinculado. Su vinculación será certificada en un plazo corto por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), que se convertirá en una instancia permanente de decisión. Para agilizar el proceso de desmovilización se creará, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, una unidad de fiscales dedicados exclusivamente a definir la situación jurídica del desmovilizado, puesto que cada caso se debe tratar en forma individual, analizando sus antecedentes judiciales y la gravedad de los delitos cometidos.
119. Las entidades competentes se encargarán de reconstruir la identidad ciudadana del desvinculado mediante la expedición de documentos como registro civil, cédula de ciudadanía, libreta militar y certificado de antecedentes judiciales. A partir de entonces, las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto trabajarán para lograr la reincorporación del desvinculado a la vida social y económica del país.
120. El programa de desmovilización y reinserción hará parte especial y prioritaria de las políticas generales de educación, salud y generación de empleo del Gobierno Nacional. Adicionalmente, el Gobierno creará un sistema de alianzas estratégicas para la formulación y ejecución de programas y proyectos: con el sector privado, con ONG y comunidades religiosas, tanto a nivel nacional como internacional, y con países amigos, para fortalecer los programas y obtener los recursos necesarios.
121. El Gobierno brindará todas las garantías para que el desvinculado acceda a los recursos disponibles del Estado en salud, a través del Régimen Subsidiado de Seguridad Social, y en educación y capacitación, suscribiendo convenios institucionales con los gobiernos locales, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y otros establecimientos educativos. También se beneficiará de programas para la generación de empleo y trabajo productivo, que aplicarán experiencias productivas exitosas con el apoyo del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas (FOMIPYME) , y se explorarán alternativas de empleo en el sector privado y en el público.
122. Así como el Estado y la sociedad se comprometen a garantizar unos derechos y beneficios, el adulto desmovilizado y el menor de edad desvinculado tendrán deberes con su país y con la sociedad que los recibe. Su principal deber será mantenerse alejado de actividades delictivas, cumplir con las exigencias que le imponga la ley, atender cumplidamente el programa y todas sus actividades formativas y de capacitación, y desarrollar una actividad útil y productiva para el país. Cualquier reincidencia lo hará perder de inmediato los beneficios que ofrece el Estado.
Protección contra el reclutamiento de niños y jóvenes
123. El programa de desmovilización para los 6.000 o 7.000 niños y jóvenes que, según estimativos de UNICEF y el ICBF, están en las filas de las organizaciones armadas ilegales, estará complementado por políticas para prevenir su reclutamiento por parte de estas organizaciones. Estas políticas estarán focalizadas en la población considerada de alto riesgo. Para ello se adelantarán programas preventivos para: (i) evitar el reclutamiento mediante engaños; (ii) reforzar la atención a los problemas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil; y (iii) garantizar la permanencia en el sistema educativo y promover la cultura de la paz, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.
124. El desempleo rural, en particular la desocupación de los jóvenes en las poblaciones rurales, recibirá especial atención, para evitar que cientos de jóvenes del país se conviertan, cuando no en víctimas del reclutamiento forzoso por parte de las organizaciones armadas ilegales, en objeto de sus promesas de remuneración y de otros ardides. La desocupación rural es también resultado del círculo vicioso de violencia y desempleo que ocasionan las organizaciones armadas ilegales: no sólo el sector agropecuario, sino en especial los sectores que más contribuyen a la creación de empleo en el campo, como los servicios, el comercio y la construcción, se han visto casi paralizados en muchas regiones del país por las amenazas de que son víctima quienes generan empleo.
125. El Gobierno Nacional ha anunciado en su Plan Nacional de Desarrollo las diferentes políticas que pondrá en marcha para acelerar la generación de empleo. En lo que respecta al empleo rural, son de especial importancia los proyectos para el manejo social del campo, como el apoyo al cultivo del maíz, del algodón, de la caña, del café, y la reforestación que, dentro del marco de la sustitución de cultivos ilícitos y con la perspectiva de un apoyo internacional, prometen aliviar la desocupación rural y proteger a los jóvenes del reclutamiento por parte de las organizaciones armadas ilegales, a la vez que protegen el medio ambiente. Nuevas líneas de crédito para pequeños productores, incentivos tributarios y bancos de maquinaria agrícola fomentarán la producción y, consecuentemente, el empleo en el campo. Programas especiales del Sena contribuirán a la capacitación del trabajador rural.
Protección de la infraestructura económica
126. El Gobierno Nacional está desarrollando programas especiales para prevenir los ataques terroristas contra la infraestructura carbonífera, eléctrica, petrolera, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones, así como para prevenir el robo de hidrocarburos, mediante el trabajo coordinado en estructuras de apoyo del Ejército, la Fiscalía, el DAS, la DIJIN y la Procuraduría (66), con el apoyo de la ciudadanía. Estos programas tienen como base:
Protección de la red vial
127. El Gobierno Nacional garantizará las condiciones de seguridad que permitan el libre movimiento por las principales troncales del país, a través de una Estrategia Integral de Seguridad en Carreteras. La Estrategia se basa en la acción coordinada de las instituciones del Estado, en particular del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte y la Fiscalía General de la Nación, con la cooperación activa de la ciudadanía. De esta manera, se contrarrestarán las amenazas de las organizaciones armadas ilegales y de la delincuencia común sobre las carreteras del país. La Estrategia Integral de Seguridad en Carreteras tiene cuatro componentes principales:
128. Para el desarrollo de estos componentes se implementarán los siguientes programas:
129. Los días festivos se están organizando las caravanas "Vive Colombia, viaja por ella" por las principales carreteras, con protección especial de la Fuerza Pública, para que los colombianos vuelvan a gozar de su derecho a viajar libremente por el país.
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