Fortalecimiento del sistema judicial
67. Colombia requiere un ordenamiento jurídico moderno contra la violencia y la inseguridad. El Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para intoducir legislación que permita afrontar con éxito el terrorismo, en concordancia con las obligaciones que se derivan de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si es necesario, se buscará la modificación de algunos artículos de la Constitución para este fin, sin afectar las libertades o las garantías ciudadanas. Se establecerá igualmente un orden de prioridades en la lucha contra el crimen, teniendo en cuenta los delitos que más afectan a la sociedad. La formulación de una política criminal integral permitirá al Estado perseguir en primer término a quienes representan el peligro más grave para la sociedad y la democracia, como los terroristas y los narcotraficantes, y asegurar a la vez que estás conductas sean sancionadas con las penas más fuertes y los regímenes penitenciarios más severos.
68. El Gobierno Nacional dará una lucha frontal contra la impunidad, para reducir la delincuencia y, en particular, las tasas de homicidio y secuestro. El sistema investigativo y punitivo del Estado será fortalecido en todos sus aspectos, para castigar en particular los homicidios y demás acciones violentas contra personas que, como los sindicalistas, los maestros, los defensores de derechos humanos o los periodistas, son víctimas de la intolerancia y, sobre todo, de la impunidad.
69. Las reformas a la política criminal incluirán la abolición de la excarcelación para crímenes como el narcotráfico, así como la aplicación de los principios de la justicia restitutiva para los delitos sin pena privativa de la libertad. Primará el respeto a los derechos de las víctimas de crímenes y delitos. Se revisarán las penas para el menor delincuente de alta peligrosidad y las penas por el porte ilegal de armas.
70. El Gobierno apoyará la racionalización de la administración de justicia y la promoción de la profesionalización y especialización de sus funcionarios. Igualmente, ha promovido la reforma constitucional de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de instaurar un esquema acusatorio que fortalezca la naturaleza investigativa de esta institución. Adicionalmente, el Gobierno presentará un proyecto de acto legislativo que busca garantizar una aplicación de justicia pronta y eficaz, así como acercar la justicia al ciudadano mediante el incremento de la oralidad en todos los procesos judiciales, la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos que, como la conciliación en los litigios civiles, comerciales, administrativos y de familia, aceleren y descongestionen los procesos, y la promoción del arbitramento como una justicia especializada. El Programa Nacional de Casas de Justicia y Paz recibirá un especial apoyo para que las comunidades que habitan en regiones alejadas tengan acceso a la justicia y a las instituciones del Estado.
71. Se fortalecerán los exitosos esquemas de construcción de prisiones, se mejorará la identificación y distribución de la población reclusa y se tomarán las medidas necesarias para que los municipios y departamentos cumplan con sus responsabilidades financieras para el sostenimiento de sus cárceles.
72. Por otra parte, se desarrollará un sistema de información compartido por todas las entidades que hacen parte del sistema de justicia criminal, alimentado con base en criterios acordados, para que la información esté disponible para quienes la necesiten, desde el momento de la captura o de la apertura de un proceso de investigación hasta el momento en que la pena impuesta sea íntegramente cumplida.
Fortalecimiento de las Fuerzas Militares
73. Las Fuerzas Militares concentrarán sus esfuerzos en defender la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional, protegiendo a la población civil de quienes la amenazan, desarticulando las organizaciones terroristas, protegiendo la infraestructura de la Nación y defendiendo las fronteras, dentro del objetivo fundamental de fortalecer el Estado de Derecho. Sus acciones estarán gobernadas por los principios de eficiencia, austeridad, transparencia y juridicidad, enunciados anteriormente (21-24).
74. La autoridad de las Fuerzas Militares reposa en la alta legitimidad de que gozan entre la población. Para mantener y afianzar esa legitimidad, continuarán prestando especial atención al respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.
75. Las Fuerzas Militares continuarán su proceso de profesionalización, fortaleciéndose en cinco aspectos:
76. El servicio militar obligatorio será reformado mediante un proyecto de ley que el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República, basado en el principio de la universalidad. Ciudadanos iguales tienen iguales obligaciones. Se cumplirá este deber en condiciones transparentes, democráticas y sin discriminación alguna. Todos los jóvenes prestarán el servicio en igualdad de condiciones, independientemente de su nivel educativo. Igualmente, el servicio militar del soldado campesino será fortalecido para ampliar la posibilidad de que los soldados presten el servicio militar en sus zonas de origen, cuando viven en zonas rurales. Esta modalidad del servicio militar permitirá a un mayor número de soldados mantener sus vínculos con la comunidad y a la comunidad desarrollar relaciones de confianza con la Fuerza Pública.
77. Las Fuerzas Militares mantendrán una capacidad disuasiva, mediante el mantenimiento y modernización del equipo estratégico necesario para garantizar la soberanía nacional y la integridad del territorio, las aguas marinas y submarinas, la plataforma continental y el espacio aéreo. La protección de las fronteras, por las que salen los cargamentos de drogas ilícitas y entran las armas para las organizaciones armadas ilegales, será una prioridad.
Fortalecimiento de la Policía Nacional
78. El eje fundamental de la misión de la Policía Nacional será proteger el ejercicio de los derechos y libertades públicas, luchando contra el delito, la criminalidad y el terrorismo, de acuerdo con las prioridades establecidas por una política criminal integral. Todos los habitantes recibirán la misma protección por parte de la Policía Nacional, que retornará a todos los municipios. Sus esfuerzos se centrarán por una parte en la promoción de la convivencia pacífica y la prevención del delito; y por la otra en una drástica reducción de la criminalidad común y en el desmantelamiento de las organizaciones terroristas y de narcotráfico, mediante la investigación y judicialización de sus integrantes.
79. El capital principal de la Policía Nacional son sus hombres y mujeres. El entrenamiento y la capacitación de sus miembros para que cumplan sus tareas de la manera más adecuada, dentro del marco de los principios de eficiencia, austeridad, transparencia y juridicidad enunciados anteriormente, será una prioridad. La Policía Nacional mantendrá su compromiso absoluto con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos.
80. Las prioridades para el fortalecimiento de la Policía Nacional son:
Fortalecimiento de la inteligencia
81. Para lograr una labor más efectiva del Estado colombiano frente a las organizaciones criminales, se fortalecerán los mecanismos de coordinación y la complementariedad de las agencias de seguridad y de inteligencia. El éxito de las operaciones depende de una adecuada y oportuna información. Por ello, se promoverán todas las medidas que contribuyan a la integración de la inteligencia, como el intercambio horizontal de información entre las agencias, el fortalecimiento de la confianza a través del manejo seguro de la información, la protección responsable de fuentes y la divulgación conjunta de los éxitos operacionales. La Junta de Inteligencia Conjunta y las juntas de inteligencia regionales (61- 62) se ocuparán fundamentalmente de la producción y análisis de inteligencia estratégica. A nivel táctico, se promoverá igualmente la coordinación, la cooperación, la complementariedad y la especialización en materia de inteligencia de los diferentes organismos de seguridad del Estado, definiendo claramente funciones y responsabilidades. La Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el DAS, y la Fiscalía Nacional trabajarán de manera coordinada en la recolección e intercambio de inteligencia sobre el terreno, con el propósito de elevar los niveles de efectividad operacional. [volver a P:104]
82. El fortalecimiento de la capacidad de contrainteligencia de los organismos de seguridad del Estado recibirá especial atención. Se identificarán los puntos de particular vulnerabilidad, para proteger la seguridad operacional. Se revisarán los procedimientos de manejo y circulación de la información, así como la seguridad de las comunicaciones. Como parte del trabajo de contrainteligencia, se fortalecerá la capacidad técnica de agentes y analistas, el desarrollo tecnológico y la seguridad financiera, con el fin de iniciar una campaña agresiva que identifique e interrumpa las fuentes que ponen en peligro la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Casos de corrupción que impliquen la fuga de información recibirán la más severa sanción. El trabajo de contrainteligencia es fundamental no sólo para proteger a los ciudadanos y las instituciones, mejorar los resultados operacionales y evitar la manipulación de la información: el grado de coordinación de los organismos de inteligencia depende también de la confianza que genera la contrainteligencia. El trabajo de contrainteligencia será estrictamente supervisado.
83. El Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- fortalecerá su capacidad de análisis y producción de inteligencia estratégica, en coordinación con los demás organismos de la Junta de Inteligencia Conjunta; desarrollará igualmente su capacidad de contrainteligencia, que concentrará no sólo en las amenazas que penden sobre el Gobierno, sino en todas las que afectan la gobernabilidad democrática; y, a nivel táctico, concentrará sus esfuerzos en estudiar y desmantelar las estructuras y el apoyo logístico de las organizaciones terroristas y la criminalidad organizada.
Fortalecimiento de las finanzas del Estado
84. La Política de Defensa y Seguridad Democrática busca también contribuir al fortalecimiento de la economía y la generación de empleo, a través del estímulo a la inversión y a las actividades productivas. Una mayor seguridad se traducirá en una prestación oportuna y eficiente de servicios que, como los de energía, transporte y comunicaciones, son factores fundamentales para el desarrollo de la empresa y por consiguiente para lograr un crecimiento económico sostenido que reduzca el desempleo, que alimenta la actividad de las organizaciones armadas ilegales.
85. La Política de Defensa y Seguridad Democrática, así como la inversión social, requiere un ajuste fiscal, indispensable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y para asegurar la financiación necesaria. El Gobierno obtuvo la aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de referendo, de una reforma tributaria y de un proyecto de reforma al sistema pensional. Todas estas reformas liberarán recursos para el mejoramiento de la seguridad. El Gobierno estudia a la vez una reestructuración administrativa del Estado que reduzca su costo y lo haga más efectivo, mediante la reducción en el número de ministerios y de entidades que duplican esfuerzos. [volver a P:139]
86. El Gobierno Nacional penalizará fuertemente la evasión tributaria: no se puede esperar que el Estado preste los servicios que le corresponde, si el ciudadano no contribuye con sus impuestos y, si es necesario, con impuestos especiales. Sobre el uso de estos recursos y los resultados obtenidos habrá una estricta rendición de cuentas (65). La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales será fortalecida para garantizar el efectivo recaudo de impuestos y la protección de la información. Por otra parte, la nueva ley de extinción de dominio por actividades ilícitas permitirá recuperar tierras y activos para el fortalecimiento del Estado y de la sociedad.
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