Ciclo de recuperación y consolidación
87. El proceso de consolidación del control estatal del territorio se llevará a cabo de manera gradual, continua y con cobertura nacional para contener, desarticular y disuadir a las organizaciones armadas ilegales, proteger a la población y restablecer la autoridad de las instituciones democráticas. El propósito es crear un círculo virtuoso de recuperación y consolidación de larga duración, que restablezca paulatinamente un clima de seguridad sobre todo el territorio.
Recuperación del control estatal del territorio
88. El Gobierno Nacional recuperará gradualmente la presencia estatal y la autoridad de las instituciones, comenzando por aquellas zonas que se consideren estratégicas. Donde sea necesario, el ciclo de recuperación del control del territorio se iniciará con las operaciones que adelanten las unidades de la Fuerza Pública, una vez los organismos de inteligencia del Estado hayan identificado y localizado las amenazas. Estas operaciones recibirán el apoyo de las tropas de refuerzo que se juzgue conveniente.
Mantenimiento del control estatal del territorio
89. Una vez restablecido el control de la Fuerza Pública sobre el territorio, unidades compuestas por soldados regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional mantendrán las condiciones de seguridad y protegerán a la población civil, permitiendo así el trabajo de los organismos de investigación criminal y de control del Estado en la zona. La Fuerza Pública, junto con la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional y el DAS, compondrá una estructura de apoyo (66), que identificará y judicializará a los miembros de las organizaciones terroristas y a quienes cometan delitos de alto impacto social, según el tipo de manifestación delincuencial. [volver a P:14]
Consolidación del control estatal del territorio
90. Una vez garantizadas las condiciones básicas de seguridad, el Estado ejecutará una política integral de consolidación territorial, restableciendo el funcionamiento normal de la administración de justicia, fortaleciendo la democracia local, atendiendo las necesidades más urgentes de la población, extendiendo los servicios del Estado e iniciando proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo. Los ministerios y demás entidades que participen en los proyectos de atención integral serán coordinados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, para que éstos proyectos sean ejecutados cuando exista el suficiente control territorial, evitando así que sean objeto de amenazas y extorsión por parte de las organizaciones armadas ilegales.
Zonas de rehabilitación y consolidación
91. El proceso de consolidación territorial se inició con dos zonas de rehabilitación y consolidación en municipios de Arauca y de Bolívar y Sucre. Sin bien un fallo de la Corte Constitucional acabó con esta figura del estado de conmoción, seguirán adelante los programas de recuperación de estas dos zonas. La experiencia de los Montes de María en Bolívar y Sucre y de Arauca reafirma la necesidad de reforzar la presencia integral del Estado mediante una mayor y más activa presencia de la Fuerza Pública, que permita a la Fiscalía y al poder judicial acabar con los altísimos niveles de impunidad y al Gobierno y a las autoridades locales fortalecer la inversión social. En el caso de Arauca, esta inversión depende ante todo del buen uso de los dineros de las regalías, que serán protegidos para evitar su desvío a través de fachadas a las organizaciones terroristas, como ha ocurrido en el pasado. [volver a P:97]
Plan de seguridad integral de fronteras
92. De manera paralela a las zonas de rehabilitación y consolidación, se ejecutará un Plan de Seguridad Integral de Fronteras, para fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios fronterizos. El ejercicio de la soberanía no puede limitarse al control de las fronteras para garantizar la integridad del territorio. Implica necesariamente un ejercicio más eficaz de las funciones del Estado en estas zonas y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones. Por ello, los Ministerios de Defensa, Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Protección Social están trabajando en conjunto con la Fuerza Pública, el DAS y el DANE para censar a la población, responder a las necesidades más urgentes con programas de abastecimiento, y establecer soluciones de mediano y largo plazo para las necesidades de seguridad, salud y educación en las zonas de frontera. Igualmente, el Gobierno buscará una cooperación más estrecha con los países vecinos (134), para evitar el abuso de los territorios fronterizos por parte de las organizaciones terroristas y de narcotráfico.
Seguridad urbana
93. Las autoridades y los organismos de seguridad de las ciudades buscarán, mediante la formulación e implementación de políticas y planes de seguridad, asegurar la convivencia ciudadana, reducir la criminalidad y evitar que la problemática de control territorial de algunas zonas rurales se replique en las ciudades. Si bien la situación de seguridad en la mayoría de las ciudades requiere la implementación de una respuesta particular, los principios de las seis líneas de acción de la Política de Defensa y Seguridad Democrática tienen la misma relevancia. En particular, es indispensable que las autoridades locales, junto con las entidades y organismos de la Nación:
94. Sin un compromiso firme de las autoridades locales no es posible conseguir la seguridad de los ciudadanos. La experiencia de Bogotá demuestra que la formulación y ejecución perseverante de políticas y metas de seguridad que involucran a la ciudadanía, mediante mecanismos como los Frentes Locales de Seguridad, producen resultados. Esta experiencia confirma lo que han reconocido muchas ciudades del mundo: las alianzas entre las autoridades y la ciudadanía son la vía más rápida para recuperar y mantener la seguridad. Esquemas de corresponsabilidad en el mantenimiento de la seguridad, como por ejemplo los "Contratos Locales de Seguridad" que se han puesto en práctica con éxito en Francia, son un ejemplo de cómo el Estado puede coordinar y guiar de manera efectiva el apoyo de la ciudadanía para resolver la problemática de la inseguridad urbana. Coordinar políticas públicas de prevención y represión del delito y complementarlas con los esfuerzos de la ciudadanía y del sector privado que impulsa el desarrollo económico local, es la fórmula más adecuada para recuperar la seguridad de las ciudades.
Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia
95. Con el desplazamiento masivo a Colombia en la década de los noventa de los cultivos de coca, el problema de las drogas ilícitas, tradicionalmente asociado con el narcotráfico y su poder de desestabilización y corrupción, se convierte en un problema territorial. Las organizaciones armadas ilegales luchan entre sí por el control de los cultivos y de la comercialización de la droga, su principal fuente de recursos (42). La solución al problema de las drogas ilícitas requiere entonces, por una parte, la consolidación del control estatal sobre el territorio, para que la erradicación de los cultivos sea efectiva; y por otra, la continuación del desmantelamiento de las organizaciones de narcotraficantes, que con sus actividades ilícitas constituyen una de las mayores amenazas a la consolidación del Estado de Derecho.
96. El Gobierno Nacional ha asumido como meta la eliminación total de los cultivos ilícitos y de la producción y distribución de estupefacientes en el territorio nacional (29). No puede ser otro el objetivo, cuando la lucha de las organizaciones armadas ilegales por el control de los cultivos y de la comercialización de la droga es la principal amenaza a la población. Para cumplir con esta meta, el Gobierno implementará un plan integral que permita actuar de manera coordinada y efectiva sobre cada eslabón de la cadena del negocio de las drogas ilícitas, por medio de las siguientes estrategias:
Desarticulación de las finanzas de las organizaciones terroristas y de narcotráfico
97. El Gobierno Nacional hará especial énfasis en la desarticulación de las finanzas de las organizaciones terroristas y de narcotráfico, en concordancia con los compromisos internacionales adquiridos. La Junta de Inteligencia Conjunta conformará, junto con las entidades del Estado que cuentan con unidades especializadas, un comité de lucha contra el lavado de activos que permita un mejor intercambio de información y, sobre todo, una mejor coordinación entre la producción de inteligencia financiera y la capacidad de los organismos correspondientes de operar con base en esa inteligencia. El Gobierno establecerá mecanismos de cooperación con las entidades financieras del sector privado y con la ciudadanía en general para que se denuncie oportunamente el lavado de activos. Por otra parte, establecerá también mecanismos de control y vigilancia sobre los recursos de las regalías (91, 126), que por medio de la extorsión y la corrupción con frecuencia son captados por las organizaciones terroristas para financiar sus actividades en varias regiones del país. Así mismo, el Gobierno instará a otros Estados a cumplir con el compromiso que tienen de congelar las cuentas de las organizaciones terroristas colombianas e impedir que sus sistemas financieros sean utilizados por éstas (48).
98. En la recolección de información contra el lavado de activos, la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- jugará un papel preponderante. Sus objetivos, en cumplimiento de su mandato legal, son:
De esta manera se evitarán las fallas del pasado: la inadecuada implementación del marco regulativo, la precaria administración de un gran volumen de información y la falta de coordinación entre las diferentes agencias dedicadas a la detección de operaciones de lavado de activos. El objetivo es integrar plenamente la inteligencia financiera con los operativos en contra de las organizaciones terroristas y de narcotráfico. [volver a P:107]
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