Uno de los supuestos en materia de seguridad es que las emergentes democracias al abrir los cauces de participación, por un sentimiento generalizado de tolerancia que parece cubrir todos los aspectos de la vida social y política de la nación, pueden también abrir los espacios para la agitación social, de allí que haya especial preocupación por plantearse y definir las funciones de orden interno de las diversas fuerzas militares o no militares como elementos básicos en la convivencia democrática.
Geopolíticamente terminada (o reelaborándose) la época de las agendas de seguridad impuestas, parecen emerger los verdaderos problemas de seguridad en la región y la pobreza y la desigualdad asoman como elementos que en un simple ejercicio de elaboración de hipótesis de conflicto son los que potencialmente más pueden atentar a corto plazo contra la seguridad y la estabilidad nacional.
Parece estar claro que el actual esquema de convivencia económica asoma como una fuente de inestabilidad social y de posible amenaza a los avances democráticos y en este sentido la definición de una nueva agenda de seguridad deberá hacer de esto uno de sus ejes centrales.
Uno de los factores más sintomáticos de desestabilización que se presenta en el país es la persistencia del conflicto armado como factor de negociación y convivencia en amplios sectores de la vida rural de nuestro país. Dicho factor es el que más ha obligado a buscar una redefinición en las misiones y las acciones de orden interno; sin embargo las acciones se han desarrollado básicamente en un contexto de facto sin una planeación estratégica que dimensione las características del conflicto y plantee soluciones con carácter de políticas de Estado para su control, disuasión o contención según sea el caso.
Uno de los fenómenos de post-conflicto con mayor notoriedad del proceso nicaragüense de pacificación, fue la aparición de diversos grupos armados compuestos por elementos que provenían de las antiguas filas de uno de los bandos enfrentados en el conflicto de los años ochenta. Las razones del surgimiento de estas agrupaciones armadas y sus ciclos de rearme y desarme, se encuentran básicamente en el arraigo y la persistencia de la violencia como cultura tras años de guerra, la inseguridad personal generalizada y el incumplimiento de los acuerdos de paz, especialmente los referidos al cumplimiento de entrega de tierra e implementos para facilitar la reinserción a la vida civil de los ex combatientes.
Estos fenómenos llegaron a plantear interrogantes sensitivas en torno a la seguridad nacional, y si bien ninguno de los grupos llegó a representar altos niveles de amenaza a los distintos elementos de la seguridad nacional, no permitieron en amplias zonas del país el desarrollo normal de las actividades productivas y administrativas del Estado.
20.1. El modelo de seguridad en estas zonas y los escenarios pendientes
No obstante el carácter delincuencial de los últimos grupos de rearmados que han asolado al país, parece existir un consenso en la opinión de que las acciones de militares y policías deberán ser acompañadas de una reforma estructural de la vida económica, social y política en esas zonas que garantice más bien la presencia de las instituciones del Estado, no las armadas, sino aquellas vinculadas con la educación, la salud, el financiamiento y la generación de empleos en las zonas rurales.
Así, los procesos de rearme deberán ser analizados como producto del paulatino proceso de reversión económica, social y cultural de esos habitantes en las zonas rurales. Esto significa que en un esquema moderno de seguridad y defensa deberá pensarse cada vez menos en la disposición de las instituciones de seguridad policiales y militares del Estado para enfrentar los problemas de la insurgencia armada en nuestros campos.
Una agenda de defensa y seguridad deberá además ser capaz de prever y analizar otras características de posibles escenarios de enfrentamientos armados al interior del país que tengan que ver por ejemplo con las posibles fracturas del Estado-nación como un ente unitario e indivisible. Una lectura adecuada de los conflictos pendientes con la Región Atlántica demanda la definición del tipo de respuesta que como Estado habrá de darse a esos conflictos que tengan que ver con temas relacionados con la diversidad étnica, la amplitud territorial y la explotación de las riquezas naturales de nuestro país.
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