Título: Libro de la Defensa Nacional de Chile - Parte III: Política de Defensa
3. SECTOR DEFENSA Y POLÍTICAS INTERNACIONALES
En este capítulo se consignan y describen aquellas actividades del sector que, siendo
parte de la Política de Defensa Nacional, se enmarcan en las políticas del ámbito
internacional relacionadas con la seguridad exterior. En particular, el avance en la
cooperación con las operaciones de paz de la ONU y el cumplimiento de los
compromisos sobre desminado.
1. OPERACIONES DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS
(OPAZ)
El término “Operaciones de Paz” no es mencionado en la Carta de las Naciones
Unidas. La práctica de conducir estas operaciones, a contar del año 1945, ha
creado un número de normas que son universalmente aceptadas, conformando
la base legal para su conducción.
1.1. Aspectos Generales
El Estado de Chile reconoce a la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San
Francisco (EE.UU.) en 1945, como el marco jurídico básico en que se sustenta
la estructura de la seguridad internacional. Dos de los capítulos de la Carta regulan
específicamente las operaciones militares en pro de la paz en el mundo.
El Capítulo VI regula las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) y el
Capítulo VII regula las de imposición de la paz (OIP). A grandes rasgos, la diferencia
radica en que las operaciones ejecutadas según el Capítulo VI no implican
uso de la fuerza coercitiva (autorizada sólo en situaciones de legítima defensa),
mientras que las que se ejecutan de acuerdo con el Capítulo VII comprenden
la acción coercitiva. Más precisamente, el Capitulo VII se refiere a la
“acción ante casos de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de
agresión” y contempla las medidas que el Consejo de Seguridad de la ONU puede
adoptar al respecto, sean de orden provisional sin implicar uso de la fuerza,
o bien las que sean necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales por medio del empleo de fuerzas aéreas, navales o terrestres.
La ejecución de operaciones de paz requiere de un convenio celebrado entre la
ONU y aquellos países miembros que aceptan participar, quedando sujeto, por
su carácter de instrumento internacional, a ratificación por el Estado correspondiente,
según su respectivo procedimiento constitucional. Por lo mismo, el
marco legal en que se realizan las operaciones de paz constituye un conjunto de
normas que contemplan tanto regulaciones de orden internacional como de derecho
interno de los países participantes.
En los convenios mencionados se definen, entre otras materias, los alcances de
las operaciones, el país o la zona donde se desarrollarán, su duración, el tipo y
la cantidad de medios a comprometer, y muy especialmente los aspectos complementarios
y limitaciones que puedan “acordarse”.
Ahora bien, las operaciones de paz responden a un concepto dinámico que evoluciona
conforme a los cambios de modalidad en el empleo de los medios ante
las situaciones diversas en que se debe actuar. De hecho, en los inicios, el empleo
de fuerzas militares obedeció a procedimientos adoptados frente a conflictos
interestatales, con amplia participación de observadores militares para supervisar
condiciones de cese el fuego, pero la situación varió sustancialmente
en el curso del tiempo. Particularmente tras el fin de la Guerra Fría, se han incrementado
los casos de conflictos internos, es decir, en que los actores en pugna
han sido facciones pertenecientes a un mismo Estado.
La necesidad de que, en este contexto, las Naciones Unidas mantengan su legitimidad
para preservar la paz y seguridad internacionales ha conducido a que
la ONU favorezca la participación de fuerzas multinacionales, conforme a diferentes
arreglos regionales o internacionales, por lo que los países participantes
requieren disponer de fuerzas con la adecuada preparación militar y así proporcionar
una respuesta rápida, previa autorización del Consejo de Seguridad.
Esta política de la ONU supone que, una vez consolidada la situación que dio
origen a la intervención descrita, se desplegaría una operación de paz para apoyar
la construcción de la paz.
1.2. Política de Participación de Chile en OPAZ
Dados los cambios sufridos en el escenario internacional, la política de participación
del Estado de Chile en operaciones de paz ha evolucionado, si bien mantiene
sus aspectos conceptuales, doctrinarios y político-estratégicos.
La participación de Chile fue establecida en el decreto supremo que aprobó la
política respectiva en noviembre de 1996. Este documento precisó lo que el Estado
entiende como operaciones de paz y circunscribió, en forma explícita, el
alcance de la participación chilena al Capítulo VI de la Carta de las Naciones
Unidas.
Entre los criterios generales, políticos y operativos establecidos en ese decreto
destacan los siguientes:
a) Que las OPAZ deben satisfacer el interés nacional, el que se relaciona, entre
otras materias, con los compromisos adquiridos con las Naciones Unidas
y con la preocupación por los problemas de la paz.
b) Que el Estado de Chile no pone contingentes a disposición de las Naciones
Unidas para que este organismo determine autónomamente su destino.
c) Que el Estado de Chile evalúa cada solicitud de las Naciones Unidas para
la participación en operaciones de paz en forma separada, de acuerdo con
su propio mérito. La decisión final sobre la participación chilena en operaciones
de paz la adopta el Presidente de la República.
A partir de 1997, el Estado de Chile introdujo algunos cambios en su política de
participación en OPAZ.
Durante el año 1999 se suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Secretario
General de la ONU que establece la contribución de Chile al Sistema de
Acuerdos de Fuerzas de Reserva de esa organización 22 (Ver Gráfico 5).
También en octubre de 1999 se promulgó el decreto supremo (G) N0 68 por medio
del cual se fija un texto que refunde las disposiciones del D.S. de 1996 con
las modificaciones dispuestas.
El D.S. de 1999 amplía la participación de Chile en las OPAZ en el sentido de
ejecutarlas bajo algunas de las atribuciones contempladas en el Capítulo VII de
la Carta, aunque siempre de manera restringida al cumplimiento de algunas de
las materias allí contempladas. Una limitación que se mantiene es la de no autorizar
el empleo de fuerzas chilenas para la búsqueda y/o captura de delincuentes,
beligerantes o criminales de guerra.
Asimismo, se mantiene la limitación de que sólo se comisionará a las OPAZ a
personal profesional, civil o militar, preferentemente voluntario, no pudiéndose
completar los cuadros con personal proveniente de la conscripción.
Otra importante innovación es la creación del Centro Conjunto para Operaciones
de Paz de Chile (CECOPAC), destinado a instruir y entrenar al personal militar,
policial y civil, tanto nacional como extranjero, que participará en operaciones
de paz. Como organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional,
el Centro recibe orientaciones del mismo por medio del Estado Mayor de la
Defensa Nacional y, a su vez, puede entregar asesoría en materia de OPAZ al
Ministerio y, por su intermedio, al resto del gobierno.
1.3. Las Fuerzas Armadas en las OPAZ
Las instituciones de la Defensa Nacional participan en operaciones de paz conforme
a las políticas y directrices del Estado de Chile. La definición sobre los
medios que tomarán parte se basa fundamentalmente en el tipo de operación
que el Presidente de la República ha decidido aceptar y en el análisis de las capacidades que mejor pueden dar cumplimiento a la misión propuesta.
Este compromiso de participar en OPAZ no aparta a las Fuerzas Armadas de su
misión principal y fundamental, cual es la de existir para la defensa de la patria.
Cuando el Estado de Chile decide participar en una determinada OPAZ, junto
con asignar la misión para cumplirla, debe considerar el aporte de recursos en
caso de que se requiera complementar el financiamiento otorgado por las Naciones
Unidas.[23]
Para cada operación se genera un conjunto determinado y particular de Reglas
de Enfrentamiento, que debe ser aprobado por las respectivas autoridades nacionales
de los países participantes. En el caso nacional, estas reglas deben dar
cumplimiento tanto a la reglamentación legal vigente como a las condiciones
impuestas por el Derecho Internacional, haciendo énfasis en que en ningún caso
ellas pueden coartar el derecho a la legítima defensa.
1.4. Participación Chilena en OPAZ desde 1997
La participación de Chile en Operaciones de Paz data del año 1948. Desde esa
fecha se iniciaron misiones de observación tradicionales, entre las que destacan
los conflictos India-Pakistán y Medio Oriente, modalidad que se ha mantenido
hasta hoy. Sin embargo, a partir de 1990 se aumentó la participación chilena:
Irak-Kuwait en 1991 (FACH), Cambodia en 1992 (Armada), Irak en 1996 (FACH),
Bosnia-Herzegovina en 1997 (Carabineros), Timor Oriental en 2000 (Ejército).
En agosto de 1996, en pleno proceso de elaboración del Libro de la Defensa Nacional
publicado en 1997, la Fuerza Aérea envió un grupo de helicópteros, compuesto
por 41 efectivos entre oficiales y cuadro permanente, a la misión de la
ONU para verificar en Irak el cumplimiento de las normas que impiden a este
país la producción de armas nucleares, químicas y biológicas. A contar del año
2000, se integró a esta misión un oficial del Ejército como inspector de armamentos.
En abril de 1997, a petición de la ONU, se dispuso la participación de un contingente
de hasta 50 miembros de Carabineros de Chile en la Fuerza de Tarea
de Policía Internacional (IPTF) para Bosnia-Herzegovina en el marco de los
Acuerdos de Dayton suscritos entre las partes contendientes de esa república de
la antigua federación yugoslava.
En 1998, considerando el notable aumento de operaciones de paz que se desarrollaban
en el mundo y a raíz de la necesidad de contar con un enlace permanente
entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Misión Permanente de
Chile ante Naciones Unidas, se incorporó a ella un oficial como Agregado de Defensa.
En enero del año 2000, el Ejército desplegó un pelotón de helicópteros, compuesto
por 3 aeronaves y 41 efectivos, entre oficiales y cuadro permanente, a la
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET). A esta misión también
se integró un oficial de esa institución castrense para desempeñar funciones
de planificación en el Cuartel General de la UNTAET.
A contar del mismo año, un oficial del Ejército se integró al Estado Mayor de la
Misión de las Naciones Unidas en Kosovo, desempeñándose como enlace entre
las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ONU
que participan en esta misión de paz.
Finalmente, durante el año 2001, un oficial de la Armada integró la dotación del
Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz de la República Argentina
(CAECOPAZ) y un oficial de la misma institución se incorporó al Batallón de Infantería
de Marina Argentina desplegado en la Misión de Paz en Chipre.
2. MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA
Desde la promulgación del Libro de la Defensa en 1997, y dentro del ámbito de
las Medidas de Confianza Mutua, se han desarrollado una serie de actividades
que ha contribuido significativamente a lograr una mayor transparencia y conocimiento
entre las FF.AA. de Chile, Argentina y Perú.
En el marco del Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación
en Temas de Seguridad de Interés Mutuo, firmado entre Chile y Argentina en 1995, expertos de ambos países, a partir de 1997, iniciaron la elaboración
de un “Glosario de términos comunes para ejercicios combinados Chile-
Argentina”, el que se espera aprobar por ambas partes durante el año 2003.
En el plano de las instituciones armadas, y en una clara señal del fortalecimiento
de los lazos de amistad, el Ejército de Chile y el de Argentina realizaron
en 2002 un ejercicio combinado de apoyo mutuo para enfrentar situaciones de
catástrofes o desastres naturales en zonas fronterizas, denominado “Araucaria”.
También ha tenido un fuerte impulso la cooperación en materias antárticas. Es
así como los Departamentos Antárticos de ambos ejércitos acordaron efectuar
actividades de reconocimiento y jalonamiento de rutas que faciliten el tránsito
seguro y expedito entre las bases O´Higgins (Chile) y Esperanza (Argentina); organizar,
a partir del año 2003, una patrulla terrestre combinada permanente de
búsqueda y rescate; efectuar en forma permanente intercambio y cooperación
logística, como apoyo sanitario entre ambas bases, información meteorológica y
sobre procedimientos medioambientales. A estas actividades se suma la decisión
de ascender combinadamente el monte Vinson, cumbre más alta del continente
antártico, también en el 2003.
Respecto de la Armada se han desarrollado operaciones combinadas de fuerzas
navales en los ejercicios “Integración” y “Viekaren” (de Control Naval de Tráfico
Marítimo y de Búsqueda, Rescate y Salvamento Marítimo). Este último se
circunscribe al área austral y deriva del Tratado de Paz y Amistad de 1984. En
estos ejercicios participan unidades aeronavales y navales de apoyo, las que
operan normalmente en el área. También destaca la Patrulla Antártica Naval
Combinada (PANC), que se realiza anualmente con el propósito de apoyar a las
unidades que operan en la zona ante eventuales rescates y salvamentos, así como
en el control y combate de la contaminación en posibles siniestros.
La Fuerza Aérea, por su parte, ha desarrollado los ejercicios SAR “Andes”, de
búsqueda y rescate, con medios aéreos de ambos países en distintos puntos del
territorio. La relación entre la Fuerza Aérea de Chile y su homóloga argentina
ha incluido el intercambio de tripulaciones en diferentes materiales y la realización
de actividades diversas en el campo aeromédico. En materia de mantenimiento,
la FACH ha realizado inspecciones de motores de aviones “Tucano” de
la Fuerza Aérea de Argentina. Un aspecto importante de los vínculos institucionales
es la concurrencia de unidades aéreas de combate de ambos países al
ejercicio “Cruzex”, que fuera realizado en Brasil, en mayo de 2002.
Las conferencias bilaterales entre Estados Mayores de la Defensa y de las Instituciones
han permitido incrementar, en forma significativa, el intercambio de
carácter profesional entre las Fuerzas Armadas, entre ellas se puede mencionar
la participación en Cursos de Estado Mayor, intercambio de Instructores en los
Centros de Capacitación para Operaciones de Paz, integración de Oficiales chilenos
en el Batallón Argentino desplegado en Chipre, participación en los ejercicios
“Cabañas” de Operaciones de Paz, cursos técnicos de alta complejidad y
la cooperación científico-técnica en el campo de la industria militar.
Asimismo, producto de un acuerdo de cooperación en materia de catástrofes, se
realizó durante el año 2001 un ejercicio de gabinete, el cual tuvo como objetivo
robustecer y perfeccionar los vínculos de cooperación bilateral frente a situaciones
de crisis ocasionados por desastres naturales. Este ejercicio se desarrollará
por primera vez en terreno durante el año 2003 en el área general de Puerto
Natales y Río Turbio, con la participación de autoridades civiles y unidades
militares de ambos países.
Este constante intercambio y visitas que efectúan unidades y personal de las
distintas guarniciones militares, aéreas y distritos navales, han contribuido al
conocimiento mutuo y evitar situaciones que pudieran inducir a errores y generar
malos entendimientos o crisis.
En relación con Perú existen medidas de confianza mutua semejantes y a contar
del año 1999 ellas han adquirido una mayor dinámica. En el marco del mecanismo
de las Rondas de Conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuerzas
Armadas de Chile y Perú se han adoptado una serie de acuerdos orientados
al intercambio de personal, actividades académicas, entrenamiento y apoyo a
las actividades en la Antártica.
En el ámbito de los ejercicios militares, es particularmente destacable la realización
del ejercicio “Reskatamuy”, donde participan fuerzas navales en operaciones
de búsqueda y rescate marítimo en el área norte de Chile y sur de Perú,
Cruceros Oceanográficos combinados como parte del estudio del Fenómeno del Niño y ejercicios “Passex”, que involucran a unidades navales de ambas Armadas
durante el tránsito de buques chilenos por la costa del Perú. En el curso del
año 2002 se realizó en nuestras costas el ejercicio multinacional “Unitas Pacífico”,
que contó con la participación de unidades navales de Perú, EE.UU., Colombia,
Ecuador, México y Panamá.
Desde 1999, también las respectivas fuerzas aéreas realizan ejercicios de búsqueda
y rescate en zonas limítrofes.
3. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN Y
ENTENDIMIENTO
Como parte de la orientación general de la Política Exterior de Chile, el sector
de la Defensa ha venido impulsando una serie de instrumentos para fomentar
la cooperación y el entendimiento con diferentes países del mundo.
3.1. Mecanismos de Cooperación
a) Con Argentina
Desde 1995, las Repúblicas de Chile y Argentina han desarrollado una serie
de actividades como parte de las medidas de fomento de la confianza mutua,
marco en el cual las relaciones políticas y militares han obtenido un beneficio
cualitativo para ambos países (Ver Recuadro 9).
b) Con Perú
Ambos países han colaborado en el fomento de medidas de confianza mutua
desde 1986, pero la creación de mecanismos de cooperación ha tenido
un renovado impulso en los años recientes. En este proceso se han originado
puntos de encuentro, reflexión y de análisis que permiten avizorar una
creciente visión común vinculada a temas de seguridad y Defensa (Ver Recuadro
10).
c) Con Brasil
Las relaciones bilaterales se han incrementado a partir del año 2000, atendiendo
al desafío de profundizar relaciones bilaterales históricamente estrechas.
Al igual que con Argentina y Perú, la creación de mecanismos de cooperación
en el ámbito de la seguridad y Defensa pretende reforzar los encuentros,
la reflexión y el análisis común, de modo de ir construyendo un
enfoque compartido al respecto (Ver Recuadro 11).
3.2. Acuerdos de Cooperación
Junto a los mecanismos de cooperación en Defensa, Chile ha suscrito una serie
de acuerdos complementarios que permiten intensificar las relaciones en el ámbito
de la Defensa con países de todas las regiones del mundo. A partir de 1997,
estos acuerdos son los que se indican en el recuadro adjunto (Ver Gráfico 6).
RECUADRO 9
CHILE-ARGENTINA: INSTITUCIONES PARA LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
Mecanismo de consulta y coordinación entre Estados Mayores de las FF.AA.
Creado en 1994, en el marco del Tratado de Paz y Amistad de 1984, esta instancia ha desempeñado un papel importante
en el establecimiento de las medidas de fomento de la confianza mutua entre ambos países.
- Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG)
El Comité Permanente de Seguridad chileno-argentino se constituyó el 7 de mayo de 1996, en Buenos Aires, integrado
por funcionarios de alto nivel y oficiales superiores de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de
Chile y Argentina. Fue creado mediante el Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación
en Temas de Seguridad de Interés Mutuo, firmado el 8 de noviembre de 1995, y su función es ejecutiva respecto
de las decisiones adoptadas por los Presidentes y Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Chile y Argentina.
Desde 1996 hasta diciembre de 2002 se han realizado doce reuniones, alcanzando niveles muy avanzados en la cooperación
en distintos ámbitos de la Defensa.
El COMPERSEG ha sido también una instancia adecuada para el desarrollo de actividades académicas conjuntas que
se relacionan, entre otros aspectos, con el análisis de la seguridad en la región.
- Reuniones 2+2
Se denominan Reuniones 2+2 porque integran a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países.
Fueron establecidas a partir de 1997, ante la voluntad de consolidar el avance de las relaciones bilaterales en el
campo de la seguridad y de la Defensa.
Hasta agosto del año 2002, esta instancia se ha reunido en cuatro oportunidades: dos veces en Chile (Zapallar, en
1997 y en 1999) y dos veces en Argentina (Campo de Mayo, en 1998, y Buenos Aires, en 2001).
En el ámbito de esos encuentros se ha acordado la realización de actividades combinadas entre fuerzas militares
chilenas y argentinas; se ha coincidido en establecer fórmulas de cooperación en el territorio antártico; se ha profundizado
el análisis conjunto de medidas para implementar la Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile
como Zona de Paz; se ha reflexionado sobre la situación estratégica en la región y se ha avanzado en los temas de la
agenda de desarme.
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RECUADRO 10
CHILE-PERÚ: INSTITUCIONES PARA LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
- Reuniones 2+2
La Primera Reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política, integrado por los ministros de Relaciones
Exteriores y Defensa de ambos países, se efectuó en Lima, el 9 de septiembre de 2001. Este Comité inició el
proceso de homologación de los respectivos sistemas de cálculo del gasto en Defensa. Se acordó también erradicar
la presencia de minas antipersonal, cumpliendo así los compromisos con la Convención de Ottawa; realizar operaciones
navales combinadas e intercambiar personal militar y docente entre los institutos y centros académicos de
perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas.
- Comité de Seguridad y Defensa (COSEDE)
Está integrado por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países, incluidas las
Fuerzas Armadas.
Este Comité se ha reunido en dos oportunidades: en Chile (Santiago, 25 de octubre de 2001), donde se aprobó el
“Memorando de Entendimiento entre la República de Chile y la República del Perú para el Fortalecimiento de la Cooperación
en Materias de Seguridad y Defensa de Interés Mutuo”, y en Perú (Lima, 26 de marzo de 2002), oportunidad
en que se acordó establecer un grupo de trabajo para iniciar la elaboración de una metodología común para medir
el gasto en Defensa.
El COSEDE constituye un nuevo marco para las reuniones de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas de ambos
países, con miras a intensificar el proceso de cooperación y transparencia bilateral en el ámbito militar.
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RECUADRO 11
CHILE-BRASIL: INSTITUCIONES PARA LA COOPERACIÓN EN
SEGURIDAD Y DEFENSA
- Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa (GTBD)
El Grupo de Trabajo fue creado por el acuerdo de los Ministros de Defensa de Chile
y Brasil cuando se reunieron en Brasilia el 13 de julio de 2000. A la fecha se han
efectuado dos reuniones de este Grupo: la primera, en Santiago, el 14 de diciembre
de 2000; la segunda, en Brasilia, el 13 de noviembre de 2001.
Este grupo se ha convertido en un mecanismo de consultas políticas destinado a
desarrollar las relaciones bilaterales en el ámbito de la Defensa, de la cooperación
científica y tecnológica, y de la cooperación institucional de las Fuerzas Armadas
de ambos países.
Estos encuentros ministeriales han servido para complementar las relaciones bilaterales
entre Chile y Brasil, especialmente en los temas de organización de las estructuras
ministeriales y promoción del intercambio de oficiales en academias superiores
de ambos países. Asimismo, esta instancia ha servido para la difusión del
estudio de la CEPAL sobre la “Metodología Estandarizada para la Medición de Gastos
en Defensa” aprobado por Chile y Argentina.
Además, en el ámbito del GTBD, se resolvió realizar reuniones entre los Estados
Mayores de Defensa de Brasil y de Chile.
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4. POLÍTICA SOBRE DESMINADO HUMANITARIO
Una de las áreas de la Política Exterior de Chile relativa a temas de seguridad
internacional, y en la que se manifiesta el apoyo de la Política de Defensa, es la
promoción y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario y su efectiva
aplicación. Según esto, Chile ha apoyado el esfuerzo internacional que busca
eliminar armamentos convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivos o de efectos indiscriminados.
Chile también ha adherido a los principios internacionales según los cuales el
derecho de las partes, en un conflicto armado, a elegir los métodos o medios de
combate no es ilimitado; de prohibir el empleo de armas, proyectiles, materiales
y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios; así como el principio de que se debe hacer una distinción
entre la población civil y las fuerzas militares.
Chile adhirió a la Convención de Ottawa en 1997 en virtud de dichos principios
internacionales, de la evolución de las relaciones exteriores del país y de las necesidades
de la Defensa Nacional. Particular importancia ha tenido el hecho de
que las minas antipersonal son armamentos que no discriminan entre la población
civil y las fuerzas beligerantes.
4.1. El Desminado Humanitario según la Convención de Ottawa
Conforme lo señala la Convención de Ottawa, el desminado humanitario abarca,
en términos generales:
a) La destrucción de las minas antipersonal almacenadas (minas en existencia), y la remoción y destrucción de las que están sembradas en los capos
minados. Asimismo, supone la inclusión en los ordenamientos internos
de las normas que regulan la prohibición sobre empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal.
b) En segundo lugar, el desminado humanitario abarca el cumplimiento de
las normas y procedimientos correspondientes a la asistencia humanitaria a
víctimas de accidentes ocasionados por minas antipersonal, sus familiares y
comunidades.
4.2. Desminado Humanitario y Política de Seguridad Humana
El desminado humanitario es una de las áreas de interés de la Red de Seguridad
Humana, de la cual Chile forma parte. Esto implica que el Estado chileno, sin
abandonar la obligación primordial de velar por la seguridad del Estado, asume
también un enfoque de los temas de seguridad desde la perspectiva de la persona
humana y sus derechos, que complementa el anterior (Ver Recuadro 12).
4.3. Cumplimiento de la Convención de Ottawa
Dentro del proceso chileno para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas
con la Convención, destacan dos elementos: la creación de la Comisión Nacional
de Desminado (CNAD) y la entrega del Informe sobre Medidas de Transparencia.
a) La Comisión Nacional de Desminado (CNAD)
La Comisión Nacional de Desminado (CNAD) fue constituida el 19 de agosto
de 2002 en el Ministerio de Defensa Nacional. La CNAD es un organismo
público, de carácter nacional y con representación multisectorial. Depende
directamente del Presidente de la República y es presidida por la Ministra
de Defensa Nacional. La integran los Subsecretarios de Relaciones Exteriores,
Hacienda y Salud, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, los
Jefes de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el Secretario Ejecutivo
de la CNAD. Para efectos de trabajo y apoyo se radica en el Estado
Mayor de la Defensa Nacional.
El objetivo de la CNAD es lograr la necesaria capacidad de planificación, coordinación
y operación de todos los organismos del Estado para cumplir los
compromisos de Chile adquiridos tras la suscripción y ratificación de la Convención
de Ottawa.
En particular, a la CNAD le ha correspondido elaborar y desarrollar el Plan
Nacional de Desminado Humanitario con su correspondiente programación
presupuestaria.
b) El Informe sobre Medidas de Transparencia
Dando cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 7° de la Convención
respecto a las “Medidas de Transparencia”, Chile presentó en el curso
del año 2002 un informe público a Naciones Unidas conteniendo información
básica respecto al desminado humanitario (Ver Recuadro 13).
RECUADRO 12
PROCESO DE ADHESIÓN DE CHILE A LA CONVENCIÓN DE OTTAWA
- 3 de diciembre de 1997. Chile suscribió en la Convención sobre la Prohibición del
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre
su Destrucción.
- 26 de abril de 1999. Chile declaró oficialmente la moratoria unilateral en la producción,
exportación, importación e instalación de nuevas minas terrestres antipersonal.
- 8 de mayo de 2001. El Congreso Nacional aprobó la Convención.
10 de septiembre de 2001. Chile depositó el instrumento de ratificación de la
Convención de Ottawa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en
Nueva York.
- 9 de marzo de 2002. Se promulgó y publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo
N° 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores que incorpora la Convención de
Ottawa al ordenamiento jurídico interno del Estado.
- 2 de mayo de 2002. Para dar cumplimiento a la Convención, se creó la Comisión
Nacional de Desminado mediante el Decreto Supremo N° 79 (Subsecretaría de
Guerra), de 2 de mayo de 2002.
Desde la firma de la Convención en 1997, y antes de la promulgación del acuerdo
relativo a la Convención de Ottawa el 9 de marzo de 2002, fecha en que comienzan
a regir para Chile las obligaciones contenidas en el tratado, el país llevó a cabo
importantes actividades relacionadas con el desminado humanitario:
- Determinación del costo aproximado de los proyectos de desminado.
- Destrucción de minas antipersonal en existencia.
- Remoción y destrucción de minas del campo minado en Tambo Quemado.
- Colaboración y participación en actividades de desminado con Nicaragua y
Ecuador.
[volver]
RECUADRO 13
INFORME SOBRE MEDIDAS DE TRANSPARENCIA
- Término de la producción de minas antipersonal. En virtud de la moratoria unilateral
de 1999, Chile ha cerrado de modo definitivo los programas nacionales de
producción de minas antipersonal (FAMAE y Cardoen).
- Señalización y demarcación de campos minados. Todas las minas antipersonal
que posee Chile se encuentran en polvorines o en campos minados identificados,
delimitados y señalizados. No hay minas antipersonal del Estado de Chile en zonas
que no estén controladas o identificadas oficialmente.
- Total de minas antipersonal tras la destrucción del 27 de agosto de 2002 en
Pampa Chaca: 333.737, tanto contenidas en zonas minadas como en existencia.
- Total de minas antipersonal sembradas: 122.661, las que serán removidas y destruidas
en su totalidad.
- Total de minas antipersonal en existencia: 211.076 minas antipersonal, de las
que 182.429 serán destruidas en los plazos establecidos por la Convención.
[volver]
[22] Memorándum de Entendimiento entre
Chile y la ONU del 11 de noviembre de
1999. [volver]
[23] Diario Oficial N° 36.510 del 10 de noviembre
de 2000. [volver]