Se realizó el conversatorio 
“Desafíos de la cultura organizacional militar  frente al acoso y abuso sexual”

Con el propósito de analizar los retos que plantea abordar el acoso y abuso sexual en las instituciones militares tanto en el ámbito institucional como académico, este lunes 2 de septiembre se llevó a cabo el conversatorio “Desafíos de la cultura organizacional militar frente al acoso y abuso sexual”, con la participación de investigadores de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador.

El encuentro se dio en el marco del proyecto “Mujeres en operaciones de paz: apoyo a entornos inclusivos a través de la colaboración interregional y el compromiso a nivel nacional”, apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá.

“Este proyecto tiene como objetivo promover entornos seguros e inclusivos para las mujeres uniformadas”, dijo Elisa Rial, oficial de programas de RESDAL, quien explicó que como parte de la implementación de la primera fase del proyecto RESDAL invitó al IAEN como socio estratégico a participar en la recopilación de información de los países contribuyentes de América Latina y el Caribe.

Por su parte, la Dra. Roxana Arroyo, decana de Relaciones Internacionales del IAEN, destacó la relevancia del tema tratado, algo que está en sintonía con la línea de investigación de su centro de altos estudios en materia de derechos humanos y género.

Iniciado el debate, la moderadora del encuentro, la investigadora de RESDAL, la Dra. Dolores Bermeo, dio paso inmediatamente a la primera expositora.

Un tema complejo abordado desde la cultura organizacional

La Dra. Rosita Chacón de Ecuador, Mayor de Justicia en Servicio Pasivo, explicó al inicio de su exposición que el incremento de las mujeres en las filas militares es parte de los procesos de cambios institucionales dentro de las instituciones castrenses.

Para Chacón, el acoso y abuso sexual en las filas militares es un tema complejo de abordar, pero se puede analizar desde la mirada de la cultura organizacional, que incluye dos planos: la visión militar que promueve la cohesión de sus miembros y el compromiso con la institución a través del cumplimiento de principios y valores institucionales, así como virtudes militares; y la visión de derechos humanos, marco sobre el que se diseñan o deberían diseñarse las prácticas institucionales.

La problemática resulta difícil de investigar y se vincula con dos aspectos muy importantes, según la experta. Primero, las relaciones desiguales de poder y toma de decisiones en clave de género; y segundo, la subordinación al mando y al superior militar, teniendo en cuenta que dentro del ámbito laboral la carrera militar se basa en el respeto a la jerarquía, al grado, a la obediencia debida y el espíritu militar.

“Ciertas conductas invisibilizadas dentro de las filas militares llevan a asumir que la violencia de género proviene principalmente de los hombres, como una práctica naturalizada y casi aceptada. Pero cuando esta violencia se produce entre mujeres militares, no se le considera lesiva. En ambos casos se opta por una evaluación psicológica o un tratamiento médico que recae, generalmente, sobre la víctima, casi siempre de un grado jerárquico menor”, expuso Chacón.

En las formas de interactuar entre superiores, iguales y subalternos, en donde el trato debe ser diferenciado, tanto horizontal como verticalmente, se pueden dar casos de violencia de género, discriminación, abuso sexual o acoso laboral. Estas situaciones de discriminación y violencia, que pueden darse en un plano físico, verbal o no verbal (violencia simbólica) están abordadas no solo en la legislación militar, sino también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Las normas, la política pública, las resoluciones, las acciones afirmativas, los protocolos, las buenas prácticas institucionales de género no cambian por sí solas la realidad de las instituciones, pero sí contribuyen al mejoramiento de esa cultura organizacional, la cual, a su vez, va a transformar positivamente esos comportamientos, patrones y prácticas internas, siempre que dichas políticas sectorizadas de género sean complementadas con estrategias para materializarlas y operativizarlas”, añadió.

Basada en su experiencia, Chacón aseguró que las mujeres militares brindan sus testimonios cuando tienen la oportunidad de hablar libremente en entrevistas, talleres, grupos focales de género, cuestionarios anónimos, entre otros escenarios. Allí ellas manifiestan encontrarse con lenguaje sexista, de doble intención o paternalista, gestos corporales inapropiados y hostigamiento psicológico.

Según la investigadora y docente, ante hechos de este tipo es importante desplegar los mecanismos de atención, contención e intervención “porque al ser la víctima la única visible y el acosador-agresor el gran ausente, ella suele sentir una gran soledad e indefensión, sumado a la desconfianza en el manejo técnico de la investigación de los casos”.

El incremento de las mujeres en las operaciones de paz constituye uno de los objetivos por alcanzar, advirtió Chacón, quien consideró que las pacificadoras interactúan de mejor manera con las mujeres, lo cual genera un vínculo de empatía que propicia la creación de redes de alerta temprana. Dichas redes devienen luego en fuentes de información que se transforman en inteligencia y ayudan a monitorear los escenarios hostiles.
“Insistir en que la inclusión de la mujer va más allá de permitir su ingreso numérico. Debemos garantizar su permanencia en las filas militares para alcanzar su plan de carrera militar profesional, conjuntamente con un adecuado ambiente laboral sin abuso o acoso sexual”, subrayó.

Respecto a los desafíos que enfrenta la cultura organizacional militar, Chacón destacó que hay que avanzar en la creación de puntos focales de género o comités de respuesta inmediata, ya que la inmediatez procesal que requiere la protección de los derechos humanos es fundamental. “Los protocolos vigentes necesitan ser actualizados porque se está cuestionando la forma de abordar los casos y su efectividad”, indicó.

El caso de Argentina

Para enmarcar el tema del encuentro en el caso de Argentina, la licenciada en Relaciones Internacionales e investigadora de RESDAL, Cecilia Mazzotta, expuso los antecedentes que configuran el marco jurídico y legislativo que aborda la violencia contra la mujer, como la Ley Nº 26.485/09 y la Ley Nº 27.499/19, así como los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Mazzotta explicó que el Código de Justicia Militar en Argentina se reformó en 2008 y entró en vigor al año siguiente. La nueva normativa incluyó sanciones disciplinarias entorno a la figura de acoso y abuso sexual del personal militar. Estas son consideradas faltas graves y gravísimas, que se penan con arresto simple o riguroso hasta la destitución del personal involucrado.

Con la creación en 2008 de la Dirección de Políticas de Género, de la cual Mazzotta fue directora, se promovió la revisión de toda la normativa interna militar para, mediante nuevas disposiciones, adaptarla a la legislación nacional y los tratados internacionales. Dentro de este órgano, la formación de un Consejo de Políticas de Género integrado por civiles y militares, fue un paso inédito y el más importante, según la experta.

A partir de ahí se conformaron Oficinas de Género como primera línea de contención, las cuales se rigen por un protocolo de atención marco. Estas iniciaron primero en la Fuerza Área y luego se fueron extendiendo al resto de las fuerzas hasta llegar en la actualidad a 22 oficinas y enlaces de Género en el Comando Antártico y en el Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ).

A su vez, la Dirección de Políticas de Género impulsó el establecimiento de espacios de cuidados y educación para niños y niñas dentro de las bases militares para ayudar a madres y padres a conciliar su carrera profesional con las demandas familiares. Otro plan nacional apuntó a la protección y atención de la violencia intrafamiliar dentro de las FF.AA. Sin embargo, ha sido la tramitación de casos y seguimiento de denuncias por motivos de género una de las piedras angulares de este órgano. Esto condujo al desarrollo de un manual de procedimiento para el registro del personal denunciado.
En el año 2015 se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para que el Ministerio de Defensa sea parte del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, “otra política pública que estaba funcionando por fuera, pero que de alguna manera buscaba centralizar y sistematizar toda la información disponible con el propósito de desarrollar políticas públicas federales y nacionales”, contó la investigadora.

Estos avances a lo largo de los años estuvo respaldado por la Circular Nº 46 de 2012, emitida por la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, la cual estableció el tratamiento disciplinario para el acoso sexual en el ámbito militar. A partir de entonces las denuncias ya no tenían que realizarse obligatoriamente a través de la cadena de comando, sino que podían efectuarse en las Oficinas de Género. Además, se ampliaron los mecanismos probatorios abarcando indicios como el trato diferenciado hacia la víctima por parte del agresor, arbitrariedades cometidas contra ella o la existencia de denuncias anteriores.

Finalmente, entre los logros de la experiencia argentina, Mazzotta destacó primero la toma de conciencia que se alcanzó sobre esta problemática y la institucionalización de la respuesta a las víctimas. En tanto, valoró que los cambios institucionales requieren de transformaciones culturales más profundas si se buscan modificaciones reales y avances en materia de igualdad. La experta hizo hincapié en que incorporar la perspectiva de género y prevenir el acoso se sustenta en la modernización estratégica, operativa y táctica del instrumento militar.

Fortalecer la institucionalidad y la prevención

Al dar paso a la ronda de preguntas por parte de los investigadores de RESDAL, desde Ecuador María Lorena Merizalde, candidata a doctora abogada y magíster en Criminología y Ejecución Penal, apuntó que si bien existen direcciones de derechos humanos y de género dentro de las FF.AA., ha obervado la ausencia de un órgano o unidad que se enfoque en el tratamiento a las víctimas. Además, resaltó que se debe recordar que las tasas de condena de estos delitos dentro del ámbito militar y policial son bajas.

Al respecto Chacón consideró que primero tenemos que declarar la existencia de la víctima. Puesto que si no se declara a nadie como víctima, los casos quedan diluidos en el tiempo, al no haber víctima no puede haber un tratamiento para esta. Entonces volvemos a caer en un obstáculo de la cultura organizacional militar. Por su parte Mazzotta, destacó que en Argentina se otorgan licencias por violencia de género para que la víctima pueda realizar los trámites y denuncias correspondientes. Asimismo, explicó que desde las Oficinas de Género se acompaña a la víctima para que realice la denuncia en una sede penal “porque muchas veces es algo que excede la falta disciplinaria y también le corresponde una sanción dentro del marco penal nacional”.

Wajid Zahid de Pakistán, Máster en Filosofía e investigador en RESDAL consultó ¿Cómo las instituciones militares pueden implementar políticas y programas efectivos para prevenir el acoso y el abuso sexual? Al respecto Mazzotta afirmó que la capacitación y sensibilización en la institución son medidas de prevención, de ahí la importancia de que las instituciones promuevan dichas medidas. Sin embargo, planteó los desafíos de evaluar si esa sensibilización es efectiva o no, de ahí que reconoció que hay cosas que solo se pueden ir evaluando en el tiempo, no pueden ser evaluadas en la inmediatez.

Igor Novaes Lins de Brasil doctorando en Ciencia Política e investigador de RESDAL observó que “Dada la naturaleza encubierta de muchas prácticas de abuso y acoso sexual en las instituciones militares, ¿cuáles son las estrategias más eficaces para monitorearlas y documentarlas?, ¿qué medidas como investigador puedo adoptar para proteger a las mujeres que son víctimas y garantizar su seguridad?”.

Al respecto Chacón consideró que las mujeres desde el momento en que presentan una denuncia están sujetas a riesgos de represalias, de ser descalificadas incluso hasta por sus cuerpos. “Esto lo podemos combatir con el fortalecimiento de la institucionalidad, tanto normativa como de aplicación. Y esto, claro, se correlaciona con los procesos preventivos. Aquí lo que nos puede salvar es la prevención”, aseguró la experta ecuatoriana. “Es imperante brindar la seguridad institucional para que la víctima se sienta libre de denunciar”, coincidió Mazzotta, quien también cree importante tener un equipo altamente capacitado.

En la parte final del evento Dolores Bermeo sintetizó que abordar el acoso y abuso sexual en las instituciones militares desde la investigación, es un desafío en sí mismo, principalmente por las particularidades de las instituciones militares como la cultura organizacional, tal como lo abordó la Dra. Rosita Chacón. Así también las instituciones de defensa se encuentran frente a la tarea de avanzar en la implementación de políticas orientadas a la prevención, pero principalmente no dejar caer los logros alcanzados en la materia como recalcó Cecilia Mazzota.

Dolores Bermeo concluyó que los Estados tienen la misión de generar entornos de trabajos seguros y fortalecer los mecanismos orientados a prevenir dichas actuaciones que van en contra de la disciplina y valores militares, pero principalmente contra los derechos de las mujeres consagrados en instrumentos internacionales.