Título: De los golpes a la cooperación: una mirada a la mentalidad profesional en el Ejercito Argentino - El acontecimiento: el quiebre institucional en el Ejército
5. EL ACONTECIMIENTO: EL QUIEBRE INSTITUCIONAL EN EL EJÉRCITO
Habían luchado dignamente, pero "pronto, sin embargo, trascendió que los valientes que inmolaban sus vidas en el campo de batalla habían sido víctimas de una grave confabulación, consecuencia a su vez de traición e ineficacia". Los oficiales de alta graduación del estado mayor general, que intervenían en la guerra desde sus cómodos salones del Cairo, eran los culpables. Para mal de males, al ejército se le dieron armas defectuosas. Fueron vencidos "no porque el enemigo fuese más valiente ni más eficiente, sino en virtud de sus mejores armas y equipos, mientras que ellos, casi desarmados, entraron en batalla en inferioridad de condiciones y murieron no a manos del enemigo, sino de los traidores, bandidos y corrompidos de la corte real y los cuadros de oficiales superiores del Cairo". Los soldados rasos "a menudo respondían con amargura: 'Nos han traicionado, señor'". El abatimiento del ejército se completó cuando, al volver, se vio, "por primera vez en su historia, convertido en objeto de mofa".68
De teniente coronel para atrás, teníamos una guerra contra la subversión en el lomo, un proceso político militar desastroso, la derrota de Malvinas, y la huida pavorosa del poder de los generales que hicieron todo esto, para entregarle el poder a Alfonsín.69
- (...) entre los Generales hay mucha desconfianza de los que regresaron de la guerra. Existen temores.70
El Jueves Santo de 1987, 16 de abril, un hasta entonces ignoto teniente coronel se sublevó contra sus mandos, encabezando la toma de la Escuela de Infantería sita en Campo de Mayo. Aldo Rico, jefe de la Compañía de Comandos 602 en Malvinas, junto a un grupo cercano al medio centenar de oficiales de grado equivalente o inferior, sorprendieron a la población con un hecho que parecía remitir al pasado golpista, aunque se esmeraran en aclarar que se trataba de "problemas internos" del Ejército, antes que de un golpe de Estado. El resto del Ejército, a pesar de las órdenes del Estado Mayor, pareció simpatizar con la actitud tomada por quienes a partir de allí comenzaron a llamarse carapintadas. Aunque la tendencia predominante fuera personalizar en Rico la causa de los sucesos, gran parte de la oficialidad media simpatizaba con los motivos de la rebelión, lo cual demostraba abiertamente adhiriendo a la proclama, negándose a participar de su represión, o haciéndolo con mayor parsimonia que una tortuga.
La sublevación duró tres días. La intervención del Presidente de la Nación, en directa negociación con el líder rebelde, y los acuerdos allí tomados, pusieron fin a la acción. No así al movimiento, que produciría otros tres conatos de rebelión.
El retorno al estado deliberativo en el Ejército, sin embargo, se había producido mucho antes. Ya desde los mismos finales de la guerra de Malvinas, y principalmente a través de una política institucional que los oficiales medios percibieron como de "desmalvinización", los cuadros superiores parecían empeñarse en continuar con la acostumbrada pauta organizativa de dominio, a la cual se sumaban sospechados intereses personales. Las riendas del mando y la obediencia, que los conductores de las últimas décadas habían manejado con tan ajustada presión, habían comenzado a soltarse, produciendo una intensa crisis profesional.
En el período que comienza en 1987, y hasta diciembre de 1990, se produjeron cuatro levantamientos militares. Siempre en nombre del carapintadismo como grupo político dentro del Ejército, los levantamientos fueron evolucionando en sus reclamos, cambiando sus líderes, y variando sus objetivos implícitos. La rebeldía carapintada expresó, sin embargo, con todos sus matices la intensa crisis a la que estaba sometida la mentalidad profesional.
El Ejército después de Malvinas. El retorno a la democracia y los juicios a militares
La derrota en Malvinas fue un duro golpe para las fuerzas armadas, pero particularmente para el Ejército. Contrariamente a lo que el sentido común hubiera supuesto, los mandos de la Fuerza decidieron que los combatientes emprendieran un regreso sin gloria, no sólo por la derrota, sino por la oscuridad de su retorno.71 En junio de 1982, la cúpula del Ejército relevó a todos los jefes de unidades que habían actuado en Malvinas. Los oficiales medios, que percibían la actitud de los generales como un deseo de "desmalvinización" de la Fuerza, comenzaron a percibir también el derrumbe del tan mentado "orgullo profesional". Y a preguntarse cuáles eran las virtudes morales y profesionales de quienes los habían conducido en la derrota, para provocar una "desmalvinización" que parecía tener por objetivo el echar las culpas sobre los subordinados. La Escuela de Infantería, casa de las compañías de comandos que habían actuado en Malvinas, fue uno de los lugares donde surgió con mayor vigor esta preocupación.
Al final del camino, y como producto de la mentalidad profesional que había guiado los destinos del Ejército en el último medio siglo, la Argentina se hallaba en el medio de la mayor crisis de relaciones cívico-militares de la historia. Si los cantos de 1973 parecían agraviantes y exaltados para los oficiales de entonces, las marchas y movilizaciones posteriores a 1982 habían incorporado al léxico popular otras palabras y frases como "asesinos", "milicos mal paridos", "digan qué han hecho con los desaparecidos, la deuda externa, la corrupción", "qué pasó con nuestros chicos en Malvinas", y otras del mismo tenor, que obligaron paulatinamente a los militares a una situación de práctico aislamiento. Vestir el uniforme, uno de los símbolos del código de honor sanmartiniano, se convirtió en sinónimo de escándalo, y no fueron pocos los que prefirieron en los próximos años salir a la calle con ropas civiles.
La derrota en Malvinas fue la variable interviniente que provocó una transición a la democracia única en América Latina, en la cual las fuerzas armadas no contaron con margen para condicionamientos o acuerdos. Aún así, durante dieciocho meses el Gobierno militar intentó conservar prerrogativas, y manejó las reglas electorales y de partidos políticos.72 Los suspiros finales del intento del Proceso por manejar la transición (particularmente en la temática de derechos humanos, que resultaba la más preocupante para las fuerzas), fueron un Informe Final sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo con el que buscó justificar ideológicamente lo sucedido en los años anteriores, y el dictado de una Ley de Amnistía el 23 de septiembre de 1983, a pocos días de las elecciones generales. Nada de eso resultaría.
Inmediatamente iniciado el Gobierno del Presidente Raúl Alfonsín, en el mismo mes de diciembre se derogó la Ley de Amnistía y se ordenó, mediante el Decreto 158/83, el inicio de causas judiciales contra las tres primeras Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional. Asimismo, se formó una comisión presidencial compuesta de figuras destacadas del quehacer nacional, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo objetivo principal era recibir testimonios de víctimas de la represión, a fin de aportar materiales para el juicio a los comandantes.
Los juicios, en el mensaje presidencial que los anunció, se basaban en un concepto diferenciador del tipo de acciones ejecutadas por los militares: un primer grupo, compuesto por quienes organizaron y comandaron la represión desde el nivel más alto del Estado; un segundo grupo, en el cual se incluía a quienes más allá de las órdenes recibidas habían cometido otras clases de delitos o se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes; y un tercer grupo, amparado por el concepto de la obediencia debida a los superiores, quienes habían ejecutado lo ordenado.
Esta diferenciación, cuya consecuencia directa era el sometimiento a la justicia de los dos primeros grupos, pretendía resolver el dilema que aquejaba al Gobierno: responder a la demanda social de justicia, sin que eso supusiera un desfile incesante de oficiales militares ante los estrados judiciales, situación intolerable para la relación Gobierno-fuerzas armadas.
Sin poder discernir aún si por impericia, ingenuidad, indecisión o deseo de enfrentar a la sociedad con sus fuerzas armadas (interpretaciones que surgen según la fuente que se consulte), lo cierto es que a la luz de lo sucedido posteriormente resulta difícil comprender las razones que guiaron al Gobierno de Alfonsín a llevar adelante estos juicios, basándose en la premisa de que las fuerzas armadas se juzgarían a sí mismas. El esquema jurídico sancionado en la reforma del Código de Justicia Militar incluía dos instancias: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en primer lugar y como instancia natural de la justicia militar; y los tribunales civiles en segundo lugar. Cuando ninguno de ellos respondió a las orientaciones del Gobierno, la endeble política gubernamental respecto de los juicios a militares se derrumbó rápidamente, dejando al descubierto una situación incontrolable.
La actitud adoptada por el Consejo Supremo constituyó un claro planteo militar de insubordinación al Presidente como Comandante en Jefe. Así como al interior del Ejército los mandos no supieron comprender los cambios en la pauta de autoridad, tampoco advirtieron el cambio en la cultura política y el derrumbe de su imagen moral frente a la sociedad. La dilación en que incurrieron a fin de evitar los juicios, fue respondida por la justicia civil con intensa premura: la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal tomó las causas bajo su égida, y procedió a los juicios de las cúpulas del Proceso.73
El fantasma tan temido por el Gobierno y por las fuerzas armadas se corporizó durante 1986: a los juicios de los ex -comandantes siguió una avalancha de juicios iniciados en la justicia civil a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. A partir del fallo de la Cámara Federal (ratificado por la Corte Suprema en diciembre de 1985), que ordenaba el juzgamiento de los comandantes de zonas y de quienes ejercieron responsabilidad operativa, se destruía el andamiaje pergreñado por el Gobierno, en cuanto a la diferenciación de grupos pasibles de juzgamiento.
La conducción del Ejército, personificada en su Jefe de Estado Mayor, general Héctor Ríos Ereñú, elaboró una ofensiva basada en librar una "batalla jurídica", que consistía en el fondo en la aceptación de los juicios a los subordinados, basándose en el supuesto de que una adecuada negociación con el Gobierno reduciría al mínimo los costos de las posibles condenas. Sin embargo, algunos generales manifestaron su descreimiento respecto de las capacidades de la Fuerza para librar una batalla en un terreno fundamentalmente político.74
Los oficiales del Ejército no asistían por cierto pasivamente a estos hechos. Oficiales y suboficiales resistían ser citados a comparecer ante la justicia por los hechos de la lucha antisubversiva. Según permiten reconstruir algunos testimonios, la política del Gobierno de Alfonsín era percibida por muchos de ellos como "antimilitar", y en esta interpretación los juicios eran la punta de lanza de un objetivo final, cual era la destrucción de la institución militar. En este pensamiento, la conducción del Ejército, corporizada en algunos generales que a entender de la oficialidad "habían pactado con Alfonsín", aparecía como incapaz de defender la institución, y de poner un límite hasta "con sables sobre la mesa" para que el Gobierno entendiera el mensaje: el Ejército no estaba dispuesto a perder, en el terreno político, una guerra que había ganado en el campo de batalla. En los pasillos del poder militar circulaba con insistencia la versión: el Gobierno radical había emprendido una política de persecución ideológica, que buscaba acorralar al poder militar y demostrar a la sociedad que los militares habían cometido sólo atrocidades en la guerra contra la subversión. Y los mandos, "generales de escritorio", habían pactado su supervivencia, entregando a los subordinados.
La drástica reducción del gasto militar era interpretada, en este sentido, como otro fuerte indicador de la política antimilitar del Gobierno. De un porcentaje del 4,39% del producto nacional bruto en 1983, el presupuesto descendió a un 2,84% en 1985.75 El Gobierno ponía en práctica una política dubitativa: fuera de la pantalla pública, intentaba cooptar a los militares con reivindicaciones de la lucha antisubversiva, mantenía intactas las estructuras legales y organizativas (como las de inteligencia),76 y demoraba los intentos parlamentarios de producir reformas en el aparato militar. Públicamente, denostaba las violaciones de derechos humanos y las consecuencias políticas del Proceso, aceptaba las conclusiones del Nunca Más elaborado por la Conadep, y alentaba (a ojos de los militares) el ataque virulento de los medios de comunicación a la institución.77
El apuntalamiento del semi-derribado edificio jurídico planeado por el Gobierno y las cúpulas militares -en medio de una fuerte resistencia de vastos sectores de la sociedad civil, que acusaba al Gobierno de estar pactando con los militares- fue la sanción de una llamada Ley de Punto Final,78 hecho inmediatamente anterior al primer levantamiento carapintada.
Para marzo de 1987, el estado deliberativo en el Ejército preanunciaba el estallido. De parte de la oficialidad media, en vilo por el desarrollo de las citaciones judiciales, la situación de inseguridad personal había provocado un fuerte debate interno, entre los llamados "guantes blancos" y los que "se habían embarrado en la guerra".
A partir de allí, y hasta diciembre de 1990, se desarrollará en el Ejército Argentino una intensa lucha por el poder, entre dos mentalidades militares diferentes, cuyas repercusiones en las relaciones cívico-militares continúan hasta el día de hoy.
Esquema cronológico de los acontecimientos
- Primer Levantamiento: Campo de Mayo, 16 al 19 de Abril de 1987
Líder: Tcnl Aldo Rico
Objetivos:
Explícito: Provocar la remoción de la cúpula del Ejército, y demandar una "solución política" a los juicios contra militares en actividad.
Implícito: Detener la acción "antimilitar" del Gobierno, a fin de recuperar la imagen "honrosa" de las Fuerzas Armadas, y la reivindicación de la lucha antisubversiva.
Contexto Político y Sucesos:
Fracaso de la Ley de Punto Final, lo cual supone la comparecencia de militares en servicio activo ante los tribunales civiles. El detonante fue la negativa (y posterior fuga) del Mayor Ernesto Barreiro (acusado de violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención La Perla durante el Gobierno militar) a presentarse ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el 15 de abril. La negativa supuso su baja del Ejército. Rico y otros oficiales toman la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, y desde allí lanzan los pedidos de remoción de la cúpula del Ejército y de solución política a los juicios.
El movimiento se descontroló frente a la falta de adhesión de mandos superiores, lo cual frenó el levantamiento de unidades en todo el país, como estaba previsto.79 Sí se produjo el autoacuartelamiento del Regimiento de Infantería 14 de Córdoba, que depuso su actitud el día 17. Aún así, la clase política dio en sus comienzos el carácter de intento de golpe de estado a la rebelión. El Gobierno acudió a la conducción del Ejército a fin de lograr la represión; esto no fue posible debido a la negativa de los comandantes de unidades a enfrentarse con sus camaradas. Intentos de entendimiento emprendidos por el Jefe del Ejército y el Ministro de Defensa fracasaron ante la intransigencia de Rico y su desconocimiento de la autoridad de los mandos. El general Heriberto Auel, quien era mencionado -y aceptado por los carapintadas- como posible reemplazo en la Jefatura del Ejército, participó de la negociación entre los rebeldes y el Gobierno, "a fin de evitar la guerra civil".80
La negociación final fue conducida por el Presidente, quien acordó con los sublevados la "solución política", aunque lo negara públicamente en su célebre frase "la casa está en orden".81
Resultados Internos en el Ejército:
Ríos Ereñú pide su pase a retiro, y es reemplazado por el General Dante Caridi. Rico es detenido, y procesado en el fuero militar bajo la acusación de motín.82 A pesar de que los rebeldes habían acordado con Alfonsín que la responsabilidad del levantamiento cayera sobre Rico -con la correspondiente pena- la política adoptada por Caridi consistió básicamente en la depuración de los elementos explícitamente carapintadas o sospechados de simpatizar con ellos, por vías administrativas (pases a retiro, disponibilidad, calificaciones, o sumarios). Esta política se consuma abiertamente en el mes de septiembre, cuando se releva a oficiales carapintadas de destinos con mando de tropa, en un claro quiebre con los acuerdos tomados durante la negociación con Alfonsín. A partir de allí, el estado deliberativo se desarrolla exponencialmente, entendiendo los carapintadas que Caridi hacía uso político de los beneficios de Semana Santa (obediencia debida) hacia el interior de la Fuerza, al tiempo que eliminaba a sus responsables.
Política Gubernamental:
El Gobierno no nombra como Jefe a ninguno de los generales propuestos por los carapintadas. Apoyando a la nueva conducción del Ejército en el restablecimiento de su pauta de autoridad, niega la existencia de pactos con los sectores rebeldes. A pesar de ello, en el mes de junio se sanciona la Ley de Obediencia Debida (n° 23.521), la cual exime de responsabilidad a aquellos que hubieran actuado en virtud del principio de la obediencia debida al mando, o aún por coerción. Esta ley otorga la mentada solución política al tema de los juicios. Sin embargo, la crisis militar ya había adquirido su propia dinámica, independientemente de la aparente causa que la había originado.
- Segundo Levantamiento: Monte Caseros, 14 al 18 de Enero de 1988
Líder: Tcnl Aldo Rico
Objetivos:
Explícitos: demandar el cumplimiento de los acuerdos de Semana Santa. Resolver la situación procesal de Aldo Rico, como símbolo de reconocimiento a la acción carapintada.
Implícitos: provocar un hecho político de magnitud, que posicionara al sector en mejores condiciones para combatir con el generalato "liberal" del Ejército. Capitalizar políticamente la figura de Aldo Rico.
Contexto Político y Sucesos:
El detonante aparente fue el intento del Jefe de Estado Mayor, Dante Caridi, de evitar que Aldo Rico abandonase el régimen de prisión preventiva rigurosa a la que estaba sometido. Durante los primeros días de enero de 1988, Caridi y el resto de los mandos del Ejército planificaron la estrategia a seguir en el fuero militar, para impedir el retorno de Rico a la arena del poder interno. En cuanto se logró el dictado de una nueva prisión preventiva rigurosa, Rico huyó del country Los Fresnos donde estaba alojado, con paradero desconocido. Recaló en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros (Corrientes)83, desde donde inició un nuevo levantamiento.
Aunque recibió adhesiones de otras unidades, el movimiento no contó con la simpatía masiva de Semana Santa, probablemente por entender que se confundían objetivos personales de Rico con objetivos institucionales. En esta ocasión, los generales convocados para reprimir el movimiento en el interior del país, cumplieron sus objetivos. En Monte Caseros, la cantidad de tropa reunida por Caridi para intimar al líder rebelde, provocó la rendición de Rico, quien había necesitado esta arriesgada jugada para comprobar que el método de la sublevación ya no servía a los fines de construir una alternativa política interna dentro del Ejército.
Un claro indicador de ello es que, en esta ocasión, la situación fue conducida directamente por el Ejército y no por el Gobierno, quien incluso ordenó a las restantes fuerzas armadas que apoyaran la represión.
Resultados Internos en el Ejército:
El sector carapintada resulta notoriamente debilitado, al tiempo que se fortalece el llamado Ejército oficial, con la figura de Caridi al frente del mismo. Sin embargo, el hecho demostró que el concepto de disciplina dentro de la fuerza continuaba en franca crisis, y que la institución por ende estaba desarticulada. Cerca de 400 miembros fueron procesados, Aldo Rico fue detenido y dado de baja, y sus seguidores más cercanos pasados a retiro. Con ello, y con la profundización de la vía administrativa de relevos y disponibilidad, se descabezó el movimiento, pero sólo para permitir la aparición de un nuevo líder: Mohamed Alí Seineldín, y de una nueva base de apoyo: los suboficiales.
Política Gubernamental:
El Gobierno califica el hecho como un problema interno del Ejército y delega en éste su resolución, a pesar de las funciones que corresponden al Presidente como Comandante en Jefe. La situación se retrotrae, en este sentido, a la legitimación de la autonomía militar.
Pese a los intentos gubernamentales de continuar manteniendo funciones de la llamada seguridad nacional para las fuerzas armadas, en abril de 1988 el Congreso Nacional sanciona una nueva Ley de Defensa Nacional con apoyo del Partido Radical, estableciendo una clara distinción entre seguridad interior y defensa nacional, e impidiendo a los militares actuar en el marco interno. Con ello, se establece que, a pesar de las leyes sancionadas para terminar con los juicios, la lucha antisubversiva no es considerada legítima por la clase política.
Por otra parte, y también debido a los condicionamientos de la crisis económica, se mantiene el panorama de recortes presupuestarios y bajos salarios, lo cual estimula los reclamos carapintadas de "repotenciar" al Ejército, cuyas misiones aparecían a ojos de la Fuerza, con la nueva ley de defensa, más confusas que nunca.
- Tercer Levantamiento: Villa Martelli, 2 al 9 de Diciembre de 1988
Líder: Cnl Mohamed Alí Seineldín
Objetivos:
Explícitos: cumplir los objetivos de Semana Santa, y provocar el retiro de Dante Caridi como Jefe de la Fuerza.
Implícitos: instaurar la figura de Seineldín como líder natural del Ejército, para desde allí presionar a las autoridades civiles a fin de provocar cambios en la política militar, y consolidarse como núcleo principal de la Fuerza en vistas a la posible presidencia de Carlos Menem, que auguraría la victoria del "Ejército nacional".84
Contexto Político y Sucesos:
El detonante aparente fue la imposibilidad del coronel Seineldín de ascender a General, con lo cual se daba por tierra la última esperanza carapintada: colocar a uno de sus hombres en el mando de la Fuerza. Sin embargo, la explosión de este tercer levantamiento fue gestándose durante el transcurso de 1988, a partir del endurecimiento de la postura institucional respecto de los participantes de los anteriores levantamientos, expresada en las actuaciones de la justicia militar que prometía duras penas para los amotinados.
El cambio de liderazgo impondría una impronta diferente a los levantamientos. A pesar de mantener los objetivos declarados en Semana Santa, Seineldín presentó como condición para hacerse cargo del movimiento que ninguno de los tenientes coroneles que habían participado de los anteriores levantamientos (identificados como Grupo Rico) actuara en la operación que él conduciría.85 Seineldín, que desde su puesto como formador del primer grupo comando en el Ejército (Halcón 8), había cultivado una imagen mística del profesional militar, parecía caber a la perfección en este rol de líder salvador que acudía al llamado de sus subordinados.
A fines de noviembre el hasta entonces desconocido coronel desapareció de Panamá, país donde cumplía funciones de agregado militar. Los primeros días de diciembre, la conducción del Ejército ya tenía informaciones acerca de su ingreso clandestino al país, y de la puesta en marcha de un nuevo levantamiento militar.
El movimiento rebelde se cumplió en esta ocasión en dos etapas: una primera, focalizada en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, sublevada el 2 de Diciembre; la segunda, consistió en el traslado de las operaciones al Batallón de Arsenales de Villa Martelli, el día 3.
Diversos factores explican la duración del hecho, y la facilidad de maniobra de los rebeldes:
- El desgaste al que había estado sometido el sector carapintada había sido intenso en los últimos dos años. Visto desde esta perspectiva, parecía claro que tenían nada que perder, y que su apuesta era jugar a ganar. La impresión de que esto sería determinante en la actitud a adoptar por los rebeldes si se produjera un enfrentamiento armado, habrá sin duda influído en la evaluación política de quienes demoraron o negaron un ataque represivo. La personalidad de Seineldín agregaba, en este sentido, intranquilidad, pensando en las posiblemente escasas restricciones psicológicas que tendría para decidir pasar a las armas. Sin duda, no parecía estar dispuesto a moverse demasiado en el farragoso terreno político, como lo había hecho Rico. El 3 de diciembre de 1990 esta presunción quedaría lamentablemente confirmada.
- La política seguida por Caridi tampoco encontraba, en este punto en el que había demostrado su inutilidad para resolver la indisciplina, adhesiones en los propios generales. Por otra parte, las demandas principales de los carapintadas (reivindicación de la lucha antisubversiva, finalización de la política "antimilitar"), eran compartidas por muchos de los que entonces ya revistaban como generales, aunque no compartieran los métodos.86
- El Gobierno, por su parte, se hallaba en una situación política más que precaria al iniciar su sexto año de administración. No contaba con margen de apoyo parlamentario y popular para imponer su autoridad al Ejército, o para evitar pactos internos. De hecho, la orden de represión dada por Alfonsín a su regreso al país, no fue en la práctica suficiente para los generales que debían ejecutarla.
- Un papel preponderante en la negociación entre ambos bandos fue protagonizado por el general Isidro Cáceres quien -según los carapintadas plantearían posteriormente- buscaba congraciarse con el sector teniendo en mente su posible ascenso a la Jefatura del Arma.
- Proporcionalmente, este levantamiento contaba con mayor número de insubordinados (casi mil hombres), respecto de los anteriores, y había involucrado a un grupo de Prefectura Naval, y consagraba la inclusión de los suboficiales. Aparentemente, la base de apoyo de Seineldín provenía de orígenes diversos.
Una serie de largas negociaciones entre la Jefatura y Seineldín (con Cáceres como garante) culminó en el llamado Pacto de Villa Martelli, cuya existencia fue posteriormente negada tanto por el Gobierno como por la cúpula del Ejército. El acuerdo consistía básicamente en:
- Restablecer la disciplina, para lo cual se entendía como indispensable promover la unidad de la Fuerza. Respecto de las consecuencias disciplinarias y judiciales, se acordó que solamente Seineldín y otro subordinado, el Mayor Abete (quien había sublevado el Regimiento de Infantería 6)87 serían responsabilizados por el hecho; al mismo tiempo, se finalizarían las causas contra los 432 oficiales y suboficiales que aún estaban respondiendo por los levantamientos anteriores.88
- Reivindicación de la lucha antisubversiva.
- Retiro de Caridi de la Jefatura, antes de la Navidad.
Resultados Internos en el Ejército:
Dante Caridi elevó su renuncia como Jefe de Estado Mayor, lugar que ocupó Francisco Gassino. Asimismo, el nombramiento de Cáceres al frente del II Cuerpo de Ejército pareció otra muestra de que, esta vez, no solamente iban a cumplirse los acuerdos, sino que el movimiento había arrojado resultados positivos.
La posición del sector carapintada en el esquema de poder interno, ostensiblemente debilitada luego de Monte Caseros, experimentó una inyección de energía luego de Villa Martelli. La utilización de la figura mística de Seineldín, y la adhesión de suboficiales, fueron factores de peso en esta repotenciación del sector.
Política Gubernamental:
El Gobierno, en primera instancia, respaldó la política de Caridi, y su reemplazo por el general Gassino fue una confirmación de que no se aceptarían los reclamos carapintadas respecto del nombramiento de un Jefe afín al sector. De todas formas, la temática de derechos humanos continuaba siendo prioritaria para Alfonsín, pues resguardaba esa área como uno de los últimos lazos que sostenían su figura ante la opinión pública. La solicitud de amnistía para los militares enjuiciados fue, obviamente, rechazada de plano.
En enero de 1989, al producirse el ataque al Regimiento La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP), el Gobierno reacciona concediendo una anhelada demanda del Ejército: mediante el decreto 327/89, se establece un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), y se permite a las fuerzas armadas formar parte del mismo, en abierta contradicción con la ley de Defensa Nacional.
- Cuarto Levantamiento: Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1990
Líder: Cnl Mohamed Alí Seineldín
Objetivos:
Explícitos: Cumplimiento del Pacto de Villa Martelli. Provocar la remoción del Jefe del Estado Mayor, y retomar las banderas de Semana Santa. Cohesionar al Ejército.
Implícitos: Alcanzar la cúspide del poder interno, y construir el Ejército que el sector anhelaba. Presionar al Gobierno para que modificara la política de seguridad, de defensa y militar, devolviendo a la Fuerza protagonismo en la decisión de los destinos nacionales.
Contexto Político y Sucesos:
Los últimos meses del Gobierno de Alfonsín fueron el escenario de la continuación de la depuración de elementos carapintadas (o siquiera sospechados de serlo), por parte de la conducción del Ejército. En el plano político nacional, el triunfo de Carlos Menem en las elecciones presidenciales de mayo de 1989 significaron, para el sector liderado por Seineldín, la esperanza de ver cumplidos sus anhelos no solamente respecto de la interna de la Fuerza, sino también respecto de la política general a adoptar por el país. La especulación política carapintada, con Seineldín, había traspuesto los objetivos específicamente internos, hacia la arena misma de la política nacional, confundiendo -como otros antecesores en la historia- el papel de los militares y exagerando sus capacidades para pensar acerca de todo lo que tuviera que ver con la Nación.89
Indudablemente este tipo de pensamiento fue alentado desde el entorno del nuevo Presidente (o directamente por él mismo). Seineldín relata detalladamente 51 reuniones, entre diciembre de 1988 y diciembre de 1990, mantenidas entre el sector carapintada y los nuevos ocupantes del poder, incluyendo a Carlos Menem.90 Estas reuniones fueron realizadas para tratar no solamente la situación del Ejército, sino también otros asuntos tan variados e inconducentes para la salud de un régimen democrático,91 como la plataforma de defensa del Partido Justicialista, ternas para la designación del Ministro de Defensa y del Jefe de Estado Mayor del Ejército, proyectos de ley de amnistía, o la política de defensa a aplicar por el Gobierno.
Sin embargo, las expectativas carapintadas respecto de Menem y del Jefe de Estado Mayor por él designado (general Isidro Cáceres, quien cumplía las condiciones desde siempre enarboladas por el carapintadismo), no se vieron satisfechas en el sentido de otorgar al grupo un espacio de poder. El 16 de junio de 1989, ante la decisión de Seineldín de dejar sin efecto el Pacto de Villa Martelli, aduciendo su incumplimiento por parte de la conducción del Ejército, Cáceres reacciona desconociendo públicamente dicho pacto.
A pesar de los indultos presidenciales que beneficiaron no sólo a quienes habían participado de los anteriores levantamientos (decreto 1004/89, del 6 de octubre), sino también a ex -comandantes del Proceso (eliminando así una de las principales banderas carapintadas: la reivindicación de la lucha antisubversiva), el enfrentamiento interno del Ejército había adquirido su propio dinamismo, más allá del estado de las relaciones cívico-militares.
La nueva ruptura de lanzas entre ambos sectores internos del Ejército llegará en noviembre de 1989, al ser citados los principales jefes carapintadas a fin de comunicarles su pase a retiro.92 En diciembre, una inoportuna declaración de Seineldín condenando la invasión a Panamá le vale diez días de arresto domiciliario. Llegado 1990, los sucesos se desencadenan: la interna del Ejército, sumado al desencanto del grupo con la política nacional adoptada por Carlos Menem,93 provocan la decisión de iniciar otra conspiración. A partir de mayo, una nueva acción se pone en marcha.
Diversas pujas de poder en los meses subsiguientes terminan con el arresto de Seineldín en La Pampa, por sesenta días, a finales de octubre. El enfrentamiento, en la mente de los conspiradores, ya era inevitable.
El 3 de Diciembre de 1990, oficiales y suboficiales del sector carapintada tomaron los cuarteles de Palermo, el Edificio Libertador (sede del comando de la Fuerza), la Fábrica TAMSE, el Batallón de Intendencia 601, efectivos y blindados de la Brigada Blindada II, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 (con el fin de contar con reserva para operar sobre Buenos Aires), y de los Regimientos de Villaguay y Concordia. El operativo militar, hasta allí, se había desarrollado cumpliendo las expectativas de los planes elaborados.
La complicada ingeniería del plan comenzó a fracasar a partir de diversos hechos y actitudes que, combinados, provocaron un desenlace trágico y -esta vez- sin retorno:
- En primer lugar, el fracaso del operativo de liberación de Seineldín de su lugar de detención, para ponerlo al mando de la operación.
- En segundo lugar, el Ejército tenía información acerca de la realización del levantamiento.
- Como actitud fundamental para la resolución que finalmente adoptó el conflicto, el presidente Carlos Menem decidió inmediatamente ordenar su represión, sin ninguna clase de negociaciones.
- Otra actitud clave fue la asumida por el Ejército, quien esta vez adhirió y cumplió la orden de represión, empleando sus armas para ello.94
- Las muertes producidas.95
- La falta de apoyo de otros coroneles para asumir puestos de mando.96
Al caer el mismo día, el movimiento había finalizado. La conjunción de la acción del Gobierno, con la asumida por el resto del Ejército, provocaron la más rápida rendición de todos los levantamientos carapintada. El último, el más sangriento, y el definitivo para la lucha del poder en una fuerza armada cuyo estado deliberativo ya amenazaba con su propia destrucción.97
68. FINER, SAMUEL. Los Militares en la Política Mundial {1962}. Editorial Sudamericana, Buenos Aies, 1969, pág. 89 (citando a EL-BARAWY, RASHED, The Military Coup in Egypt. Rennaisance Bookshop, Cairo, 1952, pág. 190). Se refiere a la situación del ejército egipcio en 1948.
69. Aún conociendo las dudas que provocan las fuentes anónimas, preferimos mantener en reserva el nombre del oficial argentino que pronunció estas palabras en una entrevista.
70. SEINELDIN, MOHAMED ALI. Malvinas: un Sentimiento..., op. cit., pág. 212.
71. Este hecho no sólo fue hecho público y reconocido por los carapintadas, sino hasta por el ex Jefe de Estado Mayor hasta diciembre de 1999, General Martín Balza, quien sirvió como artillero en Malvinas.
"Aquí la desmalvinización comienza a partir del momento en que los combatientes de Malvinas regresamos al continente y somos ocultados. El trato que las tropas argentinas -incluso oficiales, suboficiales y soldados- recibimos en el continente de parte de la conducción que en aquel momento tenía el Ejército fue peor que el que nos dieron los ingleses cuando estuvimos prisioneros en San Carlos". HERNANDEZ, PABLO. Conversaciones con el Teniente Coronel Aldo Rico. De Malvinas a la Operación Dignidad. Editorial Fortaleza, Buenos Aires, 1989, pág. 68.
72. Para mayores detalles, ver McSHERRY, J. PATRICE. Incomplete Transition..., op. cit., cap. 4. La tesis de esta autora -con la cual discrepamos- es que el Proceso militar no colapsó, sino que mantuvo prerrogativas que se ejercieron aún retornada la democracia. Otros autores, con los cuales coincidimos mayormente, hacen hincapié en la falta de asunción de las propias prerrogativas por parte del electo gobierno civil.
73. Una descripción completa de todo este proceso puede encontrarse en SAIN, MARCELO F. Los Levantamientos Carapintada. 1987-1991. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1994 (2 tomos); y en LOPEZ, ERNESTO. Ni la Ceniza..., op. cit.
74. En una entrevista con la autora, un oficial que servía bajo el mando del general Auel afirma que a comienzos de marzo de 1987, dicho general advirtió a la conducción acerca del estado de insubordinación que estaba gestándose en la Fuerza.
75. SCHEETZ, THOMAS y CACERES, GUSTAVO (Cnl R). Defensa No Provocativa. Una Propuesta de Reforma Militar para la Argentina. Editora Buenos Aires, Buenos Aires, 1995.
76. Ver por ejemplo STEPAN, ALFRED. Repensando a los Militares en Política. Cono Sur: un Análisis Comparado. Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 1988, particularmente el capítulo 6.
77. Sobre el tema del doble discurso del Gobierno alfonsinista, ver LOPEZ, ERNESTO. Ni la Ceniza..., op. cit., y McSHERRY, J. PATRICE. Incomplete Transition..., op. cit., cáp. 5.
78. Esta ley (n° 23.492) buscaba terminar con las causas contra militares, estableciendo un plazo perentorio para la ordenación de citaciones indagatorias. Sancionada a fines de diciembre de 1986, el plazo de 60 días establecido impediría claramente que antes de mediados de febrero se sustanciaran demasiadas citaciones. Pero la justicia civil -trabajando nuevamente contra reloj durante la feria judicial- logró enviar más de 400 citaciones, con lo cual hizo fracasar el objetivo gubernamental y militar.
79. Según testimonios, estaba prevista la participación de por lo menos un general en la asonada. Su ausencia catapultó a Rico a la cabeza del levantamiento.
80. Entrevista a un oficial que servía junto a Auel en Río Gallegos.
81. "Para evitar derramamiento de sangre he dado instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión, y hoy podemos dar todos gracias a Dios: la casa está en orden (...)". Discurso del Presidente Alfonsín en Plaza de Mayo el domingo 19. Diario Clarín, 20 de Abril de 1987.
82. La demanda civil por rebelión, iniciada de oficio por el juez Piotti durante los mismos sucesos, fue anulada en junio por el juez interviniente argumentando defectos procesales.
83. El segundo jefe de esa unidad, Jorge Jándula, había servido como comando en Malvinas, aunque no en la compañía de Rico.
84. "A nuestros objetivos de recuperación del Honor y la Dignidad se le sumaba ahora el de lograr la libertad de nuestros camaradas presos por los sucesos de Monte Caseros, pues nos resultaba incomprensible que hombres tan valiosos para la institución estuviesen en prisión por querer defender a su Ejército...(...).
"Algunos jefes que participaron de Semana Santa y Monte Caseros y que no estaban en prisión, comenzaron a reorganizar nuevamente nuestros cuadros, pero había que superar un serio inconveniente cual era el de encontrar un nuevo comandante, dado que el anterior (teniente coronel Rico) permanecía preso. Era voz populi en el Ejército que la situación que se vivía en la institución podía ser solucionada con un buen comandante, un hombre con mucho prestigio y con grandeza de espíritu, capaz de cohesionar la Fuerza, y cuando a estas condiciones había que ponerle un nombre, todos coincidían: el coronel Seineldín." ABETE, HUGO. Por qué Rebelde. La Verdad sobre el 3 de Diciembre de 1990. Librería Huemul, Buenos Aires, 1996, pág. 75.
85. Ver ABETE, HUGO. Por qué...,op. cit., pág. 76.
86. Así lo demuestra la existencia de un radiograma interno enviado por los generales, que estipulaba que ambos bandos luchaban por el mismo objetivo, y que en adelante habría una reivindicación planteada por el conjunto del Ejército. Puede encontrarse el mismo en CHUMBITA, HUGO. Los Carapintadas. Historia de un malentendido argentino. Editorial Planeta, Buenos Aires, 1990.
87. La posición de poder de Seineldín puede apreciarse en el hecho de que Abete se negó a entregar el mando de su unidad a menos que fuera relevado por el mismo Seineldín, quien inclusive fue personalmente a producir el recambio, una vez entregado Villa Martelli. Situación insólita que revela cómo, en realidad, parecían existir dos ejércitos paralelos.
88. La cifra es citada por SAIN, MARCELO F., en Los Levantamientos..., op. cit., pág. 167.
89. Si bien Aldo Rico negocia espacios de poder con Seineldín en abril de 1989, este entendimiento no duraría mucho, y Rico se alejaría definitivamente del movimiento carapintada durante 1990, para dedicarse a la actividad política.
90. Ver ABETE, HUGO. Por qué Rebelde..., op. cit., págs. 40-57.
91. Más aún si se piensa que las negociaciones se hacían con un detenido, en su lugar de detención, u otorgando permisos para salidas.
92. El 3 de julio se había negociado el llamado Pacto de Palermo entre Seineldín y Cáceres, por el cual se acordó el pase a retiro de jefes de ambos bandos: once por el sector carapintada (Seineldín a la cabeza de ellos), y nueve generales "irritativos" para los carapintadas. Así, supuestamente, finalizaría la depuración. Los retiros de noviembre no estaban contemplados en este acuerdo. En realidad, los indultos de octubre tampoco habían conformado a los carapintadas, pues aducían que a partir de ellos se dejaba la puerta abierta para provocar los pases a retiro.
93. "Menem no es un político diferente a los demás y en tal sentido le importa más el Poder que el Bien Común. Y para el Poder, el Ejército Administrativo es más conveniente que un Ejército Guerrero y Nacional.
(...) A partir del momento en que él se vuelca por el proyecto liberal, nosotros dejamos de tener cabida en las FF.AA. y, como hombres de pensamiento nacional, pasamos a ser sus principales opositores." Entrevista a Mohamed Alí Seineldín, reproducida en ABETE, HUGO R. Por qué Rebelde..., op. cit., págs. 60-61.
94. Fundamental para esta actitud fue el conocimiento de la muerte del Teniente Coronel Pita y del Mayor Pedernera, en Palermo. Para los cuadros de la Fuerza, estas muertes significaron un punto sin retorno, a partir del cual los carapintadas habían matado a camaradas a fin de lograr sus objetivos. Por parte de los carapintadas, han negado sistemáticamente haber sido los autores de esas muertes, producidas según ellos por francotiradores ubicados en el terraplén del ferrocarril, frente a la entrada del Regimiento, y por la actitud de Pita y Pedernera, quienes -dicen- ingresaron "a los tiros", vestidos de civil y en la oscuridad sin intimar rendición. Esto fue planteado en el juicio civil que se les sustanció posteriormente. También, puede consultarse esta versión en ABETE, HUGO R. Por qué Rebelde..., op. cit., págs. 165-200. Entre otras cosas, dice que "(...) era suficiente para comprobar la intención de los 'leales' de aniquilarnos sin contemplaciones. Esto me llevó a proponerle al coronel Baraldini convocar urgentemente a una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido, pues de lo contrario nos iban a presentar como unos desaforados.(...) sacamos las siguientes conclusiones: a) que no habría en el futuro ningún intento de negociación ni de intimación a la rendición, como de hecho no los había habido hasta entonces. B) Que el EMGE explotaría psicológicamente las muertes producidas y las presentaría ante la opinión pública como asesinatos. C) Que las adhesiones que esperábamos, ya no se iban a concretar. D) Que los indiferentes iban a tomar partido en contra nuestra de allí en más.(...)", op. cit., pág. 172.
95. Las muertes de Pita y Pedernera también resultaron fundamentales para la moral de los carapintadas. A partir de allí, se decidió sacar a los soldados y oficiales leales del Regimiento y, a pocas horas, rendirse sin resistencia armada. En los sucesos de TAMSE, el conocimiento de lo acaecido en Palermo, sumado a la comprobación de que el Ejército estaba dispuesto a reprimir, provocó también la decisión de no emplear los imponentes medios que tenían en su poder, y dirigirse hacia Mercedes. En el trayecto, un tanque embistió a un colectivo, matando a seis civiles. Este hecho también permanece bajo discusión, acerca de cuál era el sector que manejaba ese tanque. En la retirada de la columna de tanques, también perdió la vida el coronel Jorge Romero Mundani, quien se suicidó en el interior de su tanque.
En los sucesos de Entre Ríos, en circunstancias no aclaradas perdió la vida un soldado.
Por otra parte, que el Ejército actuó sin intimar resistencia fue reconocido por el propio Jefe de la Fuerza, General Martín Bonnet (quien había reemplazado a Cáceres luego de su muerte), en el juicio ante la Cámara Federal.
96. En el caso del Regimiento Patricios, se sumó la circunstancia de que accidentalmente resultaran heridos pocos minutos antes del comienzo de la intentona el oficial que iba a hacerse cargo de las operaciones allí.
En el caso de la toma del símbolo del poder, el edificio del estado Mayor, finalmente terminó haciéndose cargo del operativo un capitán (Gustavo Breide Obeid), pues el coronel que debía hacerse cargo nunca llegó. También allí resultó muerto un suboficial carapintada, el sargento Guillermo Verdes.
97. Los resultados internos para el Ejército, y la política gubernamental, serán abordados en el capítulo 7.