La normativa sobre las fuerzas armadas ha logrado ubicar actores y niveles de decisión que sin lugar a dudas establecen una organización si no óptima, sí sustantiva para avanzar en una concepción más integradora de la defensa nacional. La legislación constitucional y militar norma con claridad la facultad del Presidente de la República para determinar y conducir la defensa nacional, y para ejercer la dirección político militar de ésta a través del Ejército de Nicaragua y su cadena de mando expresamente subordinada al poder ejecutivo.
Pero más allá de esto, es claro que la concepción de la defensa nacional como política de Estado no tiene que ver únicamente con la esfera del poder ejecutivo. Se entiende que por ser precisamente una política pública requiere del consenso necesario que le otorgue legitimidad y transparencia ante una opinión pública que siente que en esta política se manifiestan sus más profundos y fundamentales intereses nacionales. Pero antes requiere de la idoneidad institucional en la esfera pública civil para gerenciar y administrar la defensa.
A este nivel es claro que la defensa nacional ya asentada sobre principios jurídicos que la ubican en la esfera de la conducción política y civil, requiere primero de una organización con capacidades efectivas para administrarla y de una comunidad que expresa las convicciones mas democráticas del país y que hacen de la defensa una síntesis de los valores y creencias fundamentales que la población considera deben ser protegidos para garantizar la supervivencia del país.
A continuación hacemos un breve diagnóstico de las capacidades de las instituciones a las que, mediante la ley, le son conferidas atribuciones para participar en la toma de decisiones en los aspectos que se refieren a la defensa nacional, tratando de puntualizar en el análisis de sus funciones y las limitaciones objetivas que resultan de estas funciones.
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