Si los 1800's son los años de los caudillos, como los principales protagonistas políticos, los 1900's lo serán del Ejército y la institución armada en general. La aparición de los partidos políticos modernos, durante la década de los 1940's, su visible papel protagónico desde los 1960's, parecieran sugerir la existencia cierta del Control Civil. Si bien la institucionalidad supera por primera vez en la historia republicana de Venezuela a la participación política, no por ello, paradójicamente, como tanto en el devenir histórico venezolano, existe un consolidado Control Civil. Existe sí, una remozada versión de la entente militar-civil y política-militar.
Es esta peculiar, secular e histórica simbiosis de intereses la que entra en crisis en 1992. Las evidencias sobre el fortalecimiento de una especie de nuevo profesionalismo militar de seguridad interna y desarrollo nacional, dentro de la realidad castrense venezolana de finales del siglo XX, va de la mano ante una situación donde los compromisos de un nuevo entendimiento entre los militares y los civiles no se aprecia, para el primer trimestre del 2000, como plenamente consolidado.
El paradigma del Control Civil en la Venezuela de los 1960's-1990's: De la ficción teórica a la realidad concreta.
Un modelo analítico particularmente útil para entender la evolución política venezolana del siglo XX es el que presenta K. Remmer (1991). El modelo tetrapolar que presenta esta autora depende de dos variables. La primera de éstas, la podemos traducir como Competitividad. La segunda, como Inclusividad.
Para facilitar la compresión del modelo, sin sacrificar su contenido temático, podemos referirnos a competitividad política en el sentido del término según la poliarquía de Robert. A. Dahl (1971 y 1989). La Inclusividad se refiere, siendo didácticos, al grado o nivel de participación política de los ciudadanos. Esta participación política ciudadana, se pueden dar en un clima de competitividad política en dos extremos: alta o baja. Puede también presentar dos casos extremos: alta y baja participación política.
Cuando la Competitividad es alta tenemos Democracia. Cuando es baja, tenemos Autoritarismo. Si los niveles de participación política son bajos aun cuando la competitividad sea alta tenemos Democracia Excluyente. Si ambas variables son altas tenemos Democracia Incluyente. Sobre el Autoritarismo, en el caso de una participación baja, se estaría ante un Autoritarismo Excluyente, si ésta fuese alta se estaría ante un Autoritarismo Incluyente.
Lo interesante de este modelo es que se pueden visualizar regímenes que pueden encontrarse más cerca de uno de los casos tetrapolares. Así, un gobierno puede tener niveles más altos que bajos de competitividad política con un nivel de Inclusividad o participación política más bajo que alto. Estaría pues, más cerca de una Democracia Excluyente que de las otras tres formas de gobierno que propone el modelo en cuestión. También, hipotéticamente, se podría dar el caso de uno que estaría en el justo medio de los cuatro modelos polares propuestos.
Los ejemplos que presenta Remmer son bastante ilustrativos. El gobierno de Torrijos en Panamá o de Velazco Alvarado en el Perú o de Juan Domingo Perón en Argentina, serían casos de Autoritarismo Incluyente. Los Somoza en Nicaragua, Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana y buena parte de los gobiernos militares en Ibero-América, serían casos de Autoritarismo Excluyente.
Tomando ahora el desarrollo histórico venezolano del siglo XX, que no estudia, por cierto la autora en cuestión, se puede señalar que los gobiernos de Castro-Gómez (1899-1935) estarían más próximos de un Autoritarismo Excluyente que de los otros extremos polares del modelo. Mientras que los de López y Medina (1935-1945) estarían más cerca de una Democracia Excluyente que de cualquiera de los otros modelos polares propuestos.
El muy venezolano Trienio (1945-1948) intentó avanzar hacia una Democracia Incluyente, pero colapsa y le siguen unos gobiernos de carácter Autoritario que se podrían ubicar entre el Autoritarismo Excluyente e Incluyente, aunque más cercano al primero que al segundo. Los gobiernos post-1958 avanzan en la dirección de una Democracia Incluyente. Son lo más cerca que se ha estado en la evolución histórica venezolana, por ahora, de una Democracia Incluyente. Es decir, desde 1958-1962 hasta el presente existen elevados y ciertos niveles de competitividad y participación política, los más altos experimentados en Venezuela desde sus inicios como nación independiente.
Sin desconocer lo señalado en el párrafo anterior, la evolución política venezolana no califica, durante los últimos 40 años del siglo XX, como una Democracia Incluyente. Es decir, si bien es cierto que es lo más cercano que históricamente Venezuela ha estado de esta forma de gobierno, no ha logrado calificar plenamente como tal. Las razones que explican esta realidad son varias. Se verá a renglón seguido algunas de éstas.
Si bien en la sociedad venezolana, desde los 1960's, los niveles de competitividad política son altos, los de participación fueron siendo mediatizados cada vez más por los partidos políticos AD y COPEI. Toda posibilidad de participación política, desde los 1970's, estaba sometida al monopolio de estos partidos que habían penetrado prácticamente todas las instancias de participación ciudadana desde los sindicatos, hasta las asociaciones gremiales profesionales, universidades, juntas comunales, etc. Este descomunal dominio sobre las posibilidades ciertas de participación política, afectó en cierta medida los altos niveles de competitividad y disminuyó la capacidad de información alternativa. Ésta existía, pero no totalmente consolidada ni desarrollada.
La expresión social de este peculiar modelo de capitalismo de estado fue la conformación de una intelligentzia que servía de apoyo a los partidos AD y COPEI y que abarcaba todo el tejido social de la realidad civil venezolana. Una especie de apparatichi y nomenklatura que se reservaba monopólicamente la toma de decisiones y la conducción del Estado. Un sector privado de la economía dependiente del Estado y otro en posición de minusvalía ante éste. En esencia era una especie de inmensa burocracia que se convertía en una barrera que evitaba una efectiva participación política de la ciudadanía, o bien mediatizaba las formas de participación.
Entre las razones que explican las limitaciones para alcanzar el nivel de una plena Democracia Incluyente, tenemos la inexistencia cierta de un auténtico Control Civil. Este es un aspecto que debe tratarse con el debido rigor académico. Paradójicamente, este tema es casi siempre ignorado en la literatura venezolana sobre la política reciente, o bien se ofrece diluido en comentarios de conjunto o en la crónica sobre los sucesos políticos. Poco se comenta sobre los muy interesantes aspectos teóricos de este tema en particular. Se tratará, tan brevemente como sea posible, superar estas limitaciones.
Un texto útil para entender los aspectos medulares del Control Civil es el de Richard H. Kohn (1997). Éste resume inteligentemente el tema cuando afirma: ... "el control civil---esto es el control de los militares por funcionarios civiles electos por el pueblo es fundamental para la democracia."... (pp. 1-2. La traducción y el subrayado son nuestros: Dig). Es decir, sin Control Civil, así en mayúsculas no existe Democracia, así en mayúsculas. Intentar rebatir este argumento es proponer formas limitadas de democracia o intentar desconocer la democracia misma como forma superior de gobierno, o abrir las puertas para el protagonismo político, o la "tutoría política" militar.
Un ejemplo de tratar de justificar el papel de "tutoría política" del sector castrense, puede leerse en el texto de Adolfo Paúl Latorre (1999, pp. 22-30 y 145-171). No se procederá a discutir los planteamientos de este autor, como tal, ello implicaría una monografía por separado, distinta en sus objetivos a la que se está desarrollando. Para confrontar esas ideas, se centrará el análisis sobre este tema del Control Civil siguiendo los planteamientos expuestos por R. Kohn. Como afirma éste la razón de ser de la institución militar es ... "defender la sociedad no el definirla"... (p.2. La traducción es de Dig.).
El principio teórico del Control Civil, en una democracia, es bastante simple y directo. La gerencia política de la sociedad descansa en las autoridades civiles, funcionarios públicos, electos por el pueblo. Estos representantes de la soberanía popular libre y democráticamente expresada, ejercen control y dominio sobre el sector militar, el cual les está por definición subordinado. Si bien este es el principio teórico, la realidad concreta es mucho más compleja.
Recurriendo de nuevo al texto de Kohn (1997, pp.3-6), en la realidad cierta de los hechos el Control Civil depende de circunstancias variadas y complejas como las personalidades de los actores vinculados en el proceso de gerenciar políticamente la sociedad, las acciones y popularidad de un actor político en particular, o de un Oficial militar, o de una o unas organizaciones políticas, o de las Fuerzas Armadas en general, etc.
En un destacado artículo Peter D. Feaver (1999) presenta el estado del arte sobre el tema de las relaciones civiles-militares y el Control Civil. Cubre temáticamente el texto en cuestión desde los trabajos pioneros de Vagts (1937) y Lasswell (1941), pasando por la polémica académica de Huntington (1957)-Janowitz (1960)-Finer (1962), los aportes de Perlmutter (1977), Nordlinger (1977), Stepan (1988), etc., hasta escritos recientes como la tesis doctoral que examina las relaciones civiles-militares y las relaciones internacionales, de Belkin (1998); o las ideas sobre el fortalecimiento de la legitimidad democrática de Holsti (1996), así como sus muy propias ideas sobre los instrumentos del Control Civil.
Reproducir todos los eruditos planteamientos del artículo de Feaver (1999) sería un ejercicio que alargaría sustancialmente este escrito, razón por la cual no se repetirán planteamientos que son obvios al leer la obra de los autores arriba mencionados. Pero por necesaria concordancia temática sí se mencionarán los del propio Feaver. Éste presenta ideas de un manuscrito propio, aún inédito, que ubica en el tiempo como de finales de los 1990s y que procede a sintetizar en sus planteamiento medulares, en el texto de este autor señalado supra Según este académico el sector civil debe construir mecanismos de control institucionales que aún cuando no impidan totalmente, ya que resulta imposible, el protagonismo político militar, sí logren que los costos de un intento de acción militar contra las instituciones políticas y legítimas civiles sean muy grandes. Tan amplias serían que lograrían disuadir un intento serio en este sentido. Los mecanismos que propone Feaver (1999, pp. 229 y 235-236) serían de variada naturaleza. Entre ellos tenemos:
A) Auditorias por parte de instancias institucionales controladoras, conformadas por funcionarios civiles idóneos, sobre los aspectos administrativos claves del sector militar.
B) Favorecer la formación de expertos civiles en temas de seguridad y defensa, con responsabilidades institucionales serias sobre estas áreas.
C) Mecanismos de monitoreo y seguimiento de los programas y actividades militares por instancias institucionales y constitucionales no militares.
D) La conformación de think tanks (equipos de pensamiento y planificación) con participación civil idónea sobre temas de seguridad y defensa nacional.
E) El papel de los medios de comunicación y ONGs sobre estos temas de seguridad y defensa nacional.
F) Claro está, la implementación de estos mecanismos favorecedores del Control Civil, debe ser de una naturaleza y forma tal que no lesionen los sentimientos militares auténticamente profesionales y el natural sentimiento corporativo castrense.
Volviendo sobre la realidad venezolana. Insistimos, producto del acuerdo tácito entre el sector militar y los partidos AD y COPEI, durante los 1960's (la recurrente e histórica nueva edición para ese entonces, de la secular simbiosis militar-civil y político-militar) la timidez, para decirlo con elegancia, del Control Civil se expresaba en aspectos como los que comentamos infra; presentando éstos como meras hipótesis que bien podrían desarrollarse en futuros trabajos de investigación:
A) Un Oficial activo de la más alta jerarquía como Ministro de la Defensa. Este cargo burocrático llegó a convertirse en la máxima expresión y aspiración de la carrera militar. La Constitución de 1961 permitía que el Presidente de la República nombrase un civil para este despacho ministerial, pero evidenciando el poder político de hecho mas no de derecho del sector militar, tal nunca fue el caso. Con ello se permitía en cierta medida una forma de "polítización" del generalato y su equivalente en la Armada. Para ser más exactos, se sobreentendía que la influencia política del sector militar se expresaba únicamente en los niveles superiores de la carrera militar, Generales y Almirantes, jerárquicos exponentes y voceros de la posición política de la realidad militar, con su admitido públicamente interlocutor: el Ministro de la Defensa. Con el transcurrir de las décadas de los 1970's-1990's, esta situación fue haciéndose particularmente frustrante para los Tenientes-Coroneles y Coroneles. Para estos últimos, los partidos políticos, se convierten el "chivo expiatorio" que explicaba su exclusión del tan ansiado sol de General o su equivalente en la Armada. Para los primeros, el coronelato sería una especie de "premio de consolación". Pareciera como si los Coroneles y Capitanes de Navío fueran la admitida "superior" expresión militar, sólo militar, mientras los Generales y Almirantes fuesen ya los calificados por el sector militar mismo para entender la dimensión política de la actividad castrense. En todo caso este peculiar modelo de relaciones civiles-militares buscaba y logró fortalecer la jerarquía militar, así como limitó el tratamiento de temas evidentemente de carácter político a los niveles superiores de la jerarquía militar.
B) El monopolio cierto sobre los temas de Seguridad y Defensa por parte del sector castrense. Nunca se dio un esfuerzo con resultados positivamente visibles para la sociedad en general (incluyendo al sector académico), sistemático y continuado por formar especialistas civiles de alto nivel en temas de seguridad y defensa nacional, en los últimos cuarenta años del siglo XX venezolano. Estos temas son de conocimiento público casi exclusivamente vía el sector militar, con ello se reafirma en el pensar colectivo de la sociedad que los temas de seguridad y defensa son de exclusiva competencia de la institución castrense. La participación civil se limitó al campo estrictamente policial, o bien, al de la inteligencia política vinculada con la actividad anti-subversiva de los 1960's. El tema militar se convierte en una especie de "tabu" para los medios académicos y en buena parte para la opinión pública en general. El llamado "secreto militar" se convierte en el argumento recurrente, por infantil e ingenuo que parezca, para proteger a la realidad militar del sano escrutinio por parte de la sociedad civil. El celo castrense en este sentido llega a límites francamente impresionantes para cualquier observador imparcial. Como ejemplo de lo anterior, se pueden señalar los casos de las características de los sistemas de armas que posee la institución militar y el número cierto de los efectivos del sector castrense, data muy fácilmente de obtener en bases de datos de prestigio internacional como las de Jane's, con sólo cancelar unas 900 libras esterlinas. La participación de civiles en los cursos del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden), desde los 1970's, no pasaba de ser un ejercicio de buenas relaciones públicas que para nada influía en el monopolio de hecho mantenido por el sector castrense sobre los temas de seguridad y defensa nacional. Más bien eran útiles los mencionados cursos, para tratar de familiarizar a los Coroneles y los Capitanes de Navío con los rudimentos académicos de las realidades socio-políticas venezolanas. Paradójicamente, pues, reafirmaban en realidad el monopolio castrense sobre los temas de seguridad y defensa nacional, constante histórica de las relaciones civiles-militares venezolanas del siglo XX. Como argumento final sobre este aspecto en particular, vale la pena señalar que si se llagaron a formar especialistas civiles en estas áreas del saber, su producción intelectual quedó subordinada ante la jerarquía militar; el producto de su esfuerzo creador no trascendió socialmente y el monopolio militar sobre los temas de seguridad y defensa permaneció y permanece incólume.
C) Una especie de poder de veto (sutil pero efectivo) sobre aspectos vinculados con las delimitaciones del territorio fronterizo venezolano. Muy en concordancia con los estudios realizados por Loveman (1999) sobre los militares latinoamericanos, los venezolanos, se entienden a si mismos como los verdaderos y auténticos defensores y creadores de La Patria. Por lo tanto su opinión resulta, según ellos mismos, es decir los militares, como fundamental en cualquier situación que involucre los limites territoriales de la nación y los aspectos medulares de las relaciones internacionales criollas. Este papel de la realidad militar se ve incrementado por el hecho de lo despoblado de las fronteras venezolanas, en la mayoría de los casos, y la presencia cierta de los efectivos militares en las áreas fronterizas. El estudio de la problemática de los límites y la geopolítica fue formando la idea en el sector militar de su competencia en este campo. No resulta un azar la presencia de Oficiales de alto rango castrense en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como tampoco lo es el que funcionarias y funcionarios de ese Ministerio estudian en los cursos de Seguridad y Defensa del Iaeden y en el Colegio Interamericano de Defensa. Pero, lamentablemente, hasta donde es posible conocer del tema por las publicaciones en Venezuela sobre éste, los aportes de estos funcionarios diplomáticos civiles permanecen inéditas o clasificadas o ambas a la vez. Resulta como evidente que cualquier decisión en política exterior que tenga que ver con los límites territoriales de la nación, debe contar con la aprobación del Alto Mando Militar. Este aspecto de la influencia militar en los asuntos vinculados con las relaciones exteriores venezolanas, fue ya reportado en trabajos como el de Elsa Cardozo de Da Silva (1990, p. 90). Pero más aun, la política exterior del gobierno es monitoriada con interés por el sector militar al cual se le admite, por parte del gobierno civil, una especie de poder de veto sobre esta materia.
D) Exigencias básicas siempre atendidas, en lo fundamental, por el Ejecutivo y el Legislativo sobre los sistemas de seguridad socio-económica del sector castrense. Este resulta ser, quizás, el aspecto más difícil de aceptar por el sector militar. Interesadamente o no, parecen no entender el carácter ciertamente privilegiado del estamento castrense en las materias de seguridad socio-económica. Los niveles de sueldos y salarios, las atenciones en materia de salud, vivienda, recreación y pensiones, desde los 1940's, pueden compararse muy favorablemente con el promedio de las mejores profesiones civiles. Gene E. Bigler (1982, p. 181) refiere como el salario real de los jóvenes Oficiales militares venezolanos se incrementó en términos reales en un 140 % entre 1960-1974. Programas como "Vivienda en Guarnición", servicios recreacionales como el "Círculo Militar" o el "Club de Suboficiales" y otros que presenta la institución militar para sus miembros, no los posee ningún otro gremio profesional universitario venezolano. Otro tanto se puede decir de los servicios y atenciones médicas. Si bien es cierto que esta condición se vio desfavorecida durante finales de los 1980's e inicios de los 1990's, producto de la recesión general que experimentó la economía venezolana, no es menos cierto que en los años finales del siglo XX recuperó su jubilar condición de privilegio. En la reciente Carta Magna de 1999 esta situación de privilegio sobre las condiciones de las prestaciones sociales del sector militar adquiere ya rango constitucional, como bien lo refiere esta Constitución. El sector gobernante civil demostró estar siempre atento y complaciente, en términos generales, ante los requerimientos socio-económicos del sector militar, de no ser así: ¿cómo podrían contar los militares con las prerrogativas socio-económicas arriba descritas?
E) Limitados mecanismos de control y supervisión del presupuesto militar por las autoridades públicas civiles. Este es otro aspecto de las relaciones civiles-militares reales, ante el cual el sector militar presenta una miopía de comprensión que el observador imparcial no sabe si calificarla de ingenua o interesada. Lo históricamente cierto es que dicho control y supervisión descansaba y descansa, fundamentalmente, en mecanismos institucionales propios del sector castrense. Si bien en el papel las Comisiones de Defensa de las Cámaras de Diputados y el Senado, así como las encargadas del presupuesto nacional y la Contraloría General de la República, ejercían funciones de vigilancia sobre los aspectos administrativos del sector militar, según la Constitución de 1961, otro era el resultado concreto de esta función de supervisión. En la práctica el sector militar gozaba de una amplia libertad de acción y las funciones contraloras parecían corresponder al predominante dominio del sector castrense. José Antonio Gil Y. (1988, pp. 135-137) bien señala: "las políticas y programas militares no se vinculan con las políticas de desarrollo formuladas por Cordiplan"... Sobre ... "el manejo de los presupuestos militares se observa"... añade... "una gran discrecionalidad del sector sobre la adquisición de bienes y servicios considerados secretos militares"... Más aún ... "las cuatro fuerzas lograron"... después de 1958 ... "formular su propio presupuesto, cosa que antes controlaba el ministro a través de partidas presupuestarias únicas"... En síntesis el sector militar gozaba y goza de una gran autonomía e inescrutabilidad presupuestaria y administrativa.
F) La autonomía del sector militar en los aspectos relacionados con la seguridad y defensa nacional, en la realidad de los hechos, se extiende de forma tal que logra adquirir una especie de inmunidad institucional ante la crítica, el escrutinio y supervisión por parte de las autoridades públicas electas por el pueblo. Lo que implica una gran independencia de acción, por paradójico que parezca, del sector militar frente al resto de la sociedad. En los dos partidos políticos que se alternan en el poder desde 1959 hasta 1993, se establecen "relaciones" del más alto nivel en la estructura piramidal partidista con la estructura de mando, igualmente piramidal, del sector militar. Curiosamente los políticos civiles que se encargaban del tema militar, tanto en AD como en COPEI, permanecen para la opinión pública en la penumbra, evidencia testimonial escrita en relación sobre sus serias responsabilidades se la tiene hasta ahora como inédita o inexistente. El acuerdo no escrito parecía, según lo evidencian los hechos, destacar una diferenciación de funciones que tenía como base legal la Constitución de 1961. Los partidos gobiernan al país, sí triunfan en los procesos electorales respectivos, el sector militar vela por la situación de seguridad interna y externa. La eficiencia profesional evidenciada por los militares venezolanos para derrotar a las guerrillas rurales y urbanas durante los 1960's, amen del fracaso de los golpes de estado de 1962, parecían confirmar el acuerdo entre ambos sectores sociales: el militar y el político adeco-copeyano. Contrario a lo que señalan autores como Machillanda (1988) no existía real subordinación del estamento militar frente a los partidos políticos hegemónicos, lo que se da es un entendimiento donde el sector militar goza de gran autonomía e inmunidad interna, con una especie de poder de veto en ciertos aspectos vinculados con la política exterior, como por ejemplo los relacionados con delimitación territorial. También, el monopolio cierto de los temas de seguridad y defensa nacional. Los gerentes políticos de la sociedad venezolana le confieren a la realidad militar una segura inmunidad ante las críticas potenciales del mundo civil, en consecuencia, obtienen los militares como institución un muy alto grado de autonomía.
Resulta evidente, comparando los comentarios teóricos de Kohn y Feaver con la realidad concreta venezolana, que difícilmente se podría defender con éxito la tesis de la existencia de un auténtico Control Civil durante los 1960's-1990's. Así como la realidad democrática criolla presentaba imperfecciones, otro tanto se puede decir del Control Civil en Venezuela durante estos años. El aparente Control Civil nace de las circunstancias vinculadas con la llamada Insurrección Armada de los 1960's.
Producto del entendimiento tácito entre los partidos AD y COPEI y la realidad militar para enfrentar un común enemigo, la oficialidad militar de orientación profesional logra imponerse dentro del medio castrense a los Oficiales pretorianos. Pero el predominio de los primeros no significó la desaparición de la tendencia de los segundos. La situación era precisamente lo inverso de la primera mitad del siglo XX, cuando predominaban los pretorianos y los Oficiales militares de orientación profesional eran un minoría carente de control sobre el sector militar.
Durante los 1960's la actividad de las guerrillas rurales y urbanas, insistimos en señalarlo, contribuyeron a diluir las diferencias y tensiones entre las tendencias de Oficiales de orientación profesional y los pretorianos. Lo importante era lograr que sobreviviera la institución militar, se impone el sprit de corps castrense, el sentimiento corporativo tan propio de los hombres de armas. La primera prioridad era vencer a los visibles y activos enemigos de la institución militar. Esta derrota de los partidarios de soluciones políticas totalitarias o autoritarias para Venezuela, fue primero política y luego militar.
El sector pretoriano de la oficialidad militar ve sus posibilidades de jefatura política frustradas después de los sucesos insurreccionales de 1962; luego, no quedaba otro camino posible de transitar sino apoyar la nueva edición de la secular simbiosis militar-civil y político-militar venezolana. El predominio del sector de Oficiales de orientación profesional se materializa desde los 1960's, pero insistimos, esto no significa la desaparición de la tendencia pretoriana dentro de la oficialidad militar. Ésta subsiste pero con un carácter subordinado, inducido, ante la realidad institucional imperante.
Si la década de los 1960's fue la de la derrota del pretorianismo gobernante, la de los 1970's será la de la gestación de una nueva generación militar con inclinaciones hacia un pretorianismo latente o potencial. En ambos casos se emplean las categorías analíticas propuestas sobre pretorianismo por A. Perlmutter (1977). Si bien el caudillismo como tendencia dentro de la realidad militar venezolana desaparece durante los gobiernos de Castro-Gómez, dejando como herencia o sombra el personalismo, el pretorianismo colapsa en su manifestación actuante o manifiesta pero sobrevive en su expresión latente, potencial, larval. Esta situación fue reportada por Irwin G (1985), comentario que se presentó en una revista universitaria de historia y ciencia sociales, publicación que por definición tienen un muy limitado público en Venezuela, pero escrito quedó.
Tres textos, compilaciones de evidencia testimonial los dos primeros, siendo el último algo así como una autobiografía parcial, publicados por Agustín Blanco Muñoz (1998), Garrido (1999) y Medina (1999), son fuentes de necesaria consulta al tratar el tema militar venezolano de finales del siglo XX. Estos escritos arrojan luz sobre los movimientos subterráneos de orientación política dentro de la oficialidad militar activa venezolana, desde los 1970's.
Para una cabal comprensión del contenido de las fuentes esencialmente testimoniales referidas supra, resulta imprescindible señalar, así sea muy brevemente, a la doctrina de Seguridad Nacional-Desarrollo surgida desde finales de los 1960's. Estas ideas fueron expandidas dentro del concepto de seguridad hemisférica durante la llamada Guerra Fría. Se entendía que la amenaza interna era la pobreza, que el enemigo interno, de orientación marxista-leninista, se apoyaba en ésta para destruir el status quo. En consecuencia, la responsabilidad del sector militar era superar la ineficiencia demostrada por los gobiernos civiles para gerenciar la sociedad exitosamente frente esa amenaza. El resultado fue el rosario de gobiernos militares en Sur América durante los 1960's'-1970's. Entre las muy pocas excepciones de esta "cadena" de gobiernos militares tenemos al caso venezolano.
El bipartidismo adeco-copeyano parecía como sólidamente establecido. El impresionante aumento en los precios del petróleo en los mercados internacionales durante la década de los 1970's creó una sensación generalizada de bonanza económica. El sentimiento nacionalista se favoreció con las estatizaciones de las industrias foráneas del hierro y el petróleo. El proyecto criollo de un capitalismo de estado se vio fortalecido, al igual que el llamado modelo político bipartidista. Las Fuerzas Armadas se favorecieron con una mayor capacidad presupuestaria para atender a las necesidades socio-económicas de la oficialidad y para la adquisición de nuevos y modernos equipos.
Resumiendo, a diferencia del resto de los países suramericanos los gobiernos civiles venezolanos de los 1970's, se evidenciaban como capaces de librar una batalla exitosa contra la amenaza interna de la pobreza. La doctrina de Seguridad Nacional-Desarrollo parecía no convertirse en un justificativo para el intervensionismo militar en Venezuela. Mas no por esto debemos pensar que esa doctrina no influyó, entre la oficialidad venezolana de ese entonces.
Sin desconocer lo antes dicho, se publicaron dos libros en Venezuela entre 1970-1971, que deben comentarse tan brevemente como sea posible. Ambos reflejan el interés por el tema militar en Sur América dentro de sectores pensantes venezolanos. Ambos fueron ecos de las ideas de Seguridad Nacional-Desarrollo y sus efectos políticos suramericanos. En ninguno de éstos se trata el caso venezolano. Quien aborda el caso criollo es un estadounidense, W. Burggraaff, a quien la Universidad de Missouri le publica su tesis doctoral sobre los militares y la política venezolana durante la primera mitad del siglo XX, en 1972. Se comentaran, insistimos, los editados en 1970-1971.
El primero es una serie de ensayos sobre los casos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, compilado por Virgilio Rafael Beltrán (1970): El Papel Político y Social de las Fuerzas Armadas en América Latina (Monte Ávila Editores). Llama la atención en esta obra el ensayo de Norberto Ceresole: "El nacionalismo militar latinoamericano" (pp. 227-264). En este escrito en particular, se expone la idea de los militares como actores políticos favorables para el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Es en esencia el argumento de la doctrina de Seguridad Nacional-Desarrollo expuesta ya desde finales de los 1960's, pero "volteando la tortilla" discursiva de ésta, dándole un tono populista, de tendencia izquierdista y contrario a los intereses hemisféricos estadounidenses. El otro libro, es igualmente una compilación de ensayos, en este caso son ocho. Fue editado un año después del anterior, es decir en 1971: Fuerzas Armadas Poder y Cambio (Editorial Tiempo Nuevo). Entre los escritos publicados en éste se encuentra uno del académico galo Alain Rouquie, donde examina el caso del peronismo y las Fuerzas Armadas argentinas.
Para el momento en que circulan estos dos libros en Venezuela se iniciaba la primera presidencia constitucional de Rafael Caldera. La guerrilla urbana y rural había sido ya vencida política y militarmente. Esta situación se reafirma con la llamada "pacificación" implementada por el novel gobierno de tendencia socialcristiana. Las organizaciones extremistas se parcializan por un esfuerzo de reestructuración, buscando nichos en el sector obrero sindical y estudiantil. Sobre esto último resulta útil la data que presenta el libro de Medina (1999) donde se describen los orígenes del movimiento político "Causa R".
El partido COPEI estaba, por primera vez en base a un triunfo electoral propio, en el poder. Las relaciones entre el gobierno y el sector militar adquieren notoriedad en los medios de comunicación ante los casos de los Generales Flores y García Villasmil. Insistimos, el primero evidencia públicas desavenencias con el gobierno y no tiene otro camino institucional que el retiro. El segundo renuncia al Ministerio de la Defensa debido a diferencias surgidas por nombramientos militares. Parecía ante cualquier observador imparcial, que el Control Civil se había consolidado en Venezuela. La realidad era otra.
Las características básicas que hemos señalado supra sobre las relaciones civiles-militares en Venezuela post-1958, se mantienen intactas, durante la primera presidencia de Rafael Caldera. El Presidente hace uso efectivo del acuerdo militar-civil y político-militar vertebrado de hecho durante los 1960's. Según éste era él quien nombra al Ministro de la Defensa y punto final. Pero más nada. Los privilegios, por darle un nombre, castrenses permanecen inalterados.
La evidencia testimonial que presenta el Teniente-Coronel, en condición de retiro de la Fuerza Aérea Venezolana, William Izarra (Garrido, 1999, pp. 42-69) es particularmente interesante. Reporta éste el inicio de los movimientos subterráneos, donde él mismo era protagonista, dentro de una oficialidad de Tenientes y Capitanes, para 1972-1973. Es decir finalizando el primer gobierno constitucional del Dr. Caldera. Según el testimonio de Izarra eran meras conversaciones entre Oficiales aún en proceso de efectiva formación militar, donde se evidenciaba un interés político relacionado con el bien de la sociedad venezolana.
Examinando la evidencia presentada por Izarra resultan evidentes varios aspectos que deben resaltarse. El primero, es su genuino esfuerzo por ser apreciado como el iniciador de la insurgencia política del sector militar de finales del siglo XX. El segundo, relacionado con lo anterior, es tratar de demostrar que antes de Chávez, él era ya un militar que conspiraba contra el gobierno constitucional y en funciones de dirigente de un movimiento de origen castrense. Sobre este aspecto no ha sido desmentido, por nadie.
Otro elemento que llama la atención, es como insiste en relacionar su preocupación política con una actitud de la izquierda radical venezolana. Como en su caso, al igual que se reporta sobre Chávez (Garrido, 1999 y Blanco Muñoz, 1988) surgen relaciones entre esta izquierda radical y la joven oficialidad militar vía la realidad familiar. En los casos de Izarra y Chávez, hermanos de los Oficiales en cuestión eran activistas de movimientos radicales de izquierda.
Un aspecto particularmente importante del testimonio del Teniente-Coronel Izarra es como evidencia que la intranquilidad política de la joven oficialidad militar venezolana de los 1970's, tenía, doctrinalmente dos orígenes bien distintos. Uno se relacionaba con las ideas marxistas, el otro con los planteamientos de la doctrina de Seguridad Nacional-Desarrollo. Izarra busca presentarse ante el lector como una especie de proponente de una síntesis doctrinal ante ambas posiciones, pero dando mayor énfasis al componente doctrinal socialista.
En todo caso, sea esto cierto o no, su evidencia testimonial, es decir, la de Izarra, señala que para finales de los 1970's existía ya una organización militar subterránea coordinada por él, la cual se denomina "R-83". Pensaban lograr el poder en 1983. El modelo político era, supuestamente, de corte socialista y contaba con el apoyo del minipartido político dirigido por el antiguo comandante guerrillero Douglas Bravo: P.R.V o Partido Democrático Venezolano. Los aspectos simbólicos, tan propios de los militares venezolanos no estaban descuidados. Se producía un juramento de los implicados frente al Panteón Nacional en Caracas y como contraseña visible cada comprometido recibía una moneda.
Comparando la información referida supra con la presentada por Chávez, según lo recoge el texto de Blanco Muñoz (1998), surgen varias necesarias explicaciones. Por lo menos dos iniciales. La primera es de coincidencia. Jóvenes Oficiales con inclinaciones políticas, deciden organizarse para derrocar al gobierno constitucional, por el supuesto bien de la Patria. Se estructuran en especie de logias militares donde se incluye un juramento como requisito para ingresar a ellas. La segunda es cronológica, ambas logias militares, "R-83" que luego en 1983 adquiere el nombre de ARMA (Alianza Revolucionaria de Militares Activos) y el "Movimiento Bolivariano Revolucionario 200" (MBR-200) organizado por Chávez y otros jóvenes Oficiales, en 1983, según el testimonio del mismo Chávez, son, la primera de finales de los 1970's y las segundas de inicios de los 1980's.
Las diferencias entre ambos movimientos subterráneos militares parecen provenir de las Fuerzas involucradas. La primera tiene su epicentro en la Fuerza Aérea, la segunda en el Ejército. Llama la atención la ausencia de referencias de Oficiales comprometidos, importantes, en la Armada y la Guardia Nacional. También en ambos casos tenemos vinculaciones con los sectores de izquierda radicales, concretamente son repetitivas las figura de Douglas Bravo y su PRV, con Ruptura, así como el movimiento político "Causa R".
Pero, se insiste en la idea, Izarra aparentemente busca resaltar como el movimiento insurreccional del cual se entendía como coordinador es anterior al MBR-200. También se señala como la mayor antigüedad correspondía al Mayor Izarra con relación al Teniente Chávez, cuando ambos se conocen en actividades conspirativas. Como era el primero el que tenía un proyecto político el segundo vendría a ser sólo subordinado, en términos "revolucionarios", al segundo. Resulta como evidente, pues, la intención de resaltar el carácter segundón del MBR-200 y la tensión por el liderazgo protagónico del movimiento conspirativo militar. ¿Expresiones del secular personalismo político venezolano ? Pareciera que la respuesta es afirmativa.
La data histórica testimonial se presenta como irrebatible en varios aspectos. Desde los 1970's existían por lo menos dos sectores conspirativos activos dentro de la oficialidad joven venezolana. El núcleo de éstos se encontraban inicialmente en la Fuerza Aérea y el Ejército. No deja de ser interesante la ausencia de referencias a sectores conspiradores en la Guardia Nacional y la Armada, según el testimonio de Izarra. Aunque la información que presenta el mismo texto de Garrido (1999), tomada de la entrevista con Douglas Bravo (pp. 5-40), ofrece data sobre una organización de jóvenes Oficiales en la Armada, independiente en su estructura a las de la Fuerza Aérea y el Ejército, y que parecía sólo responder a una arquitectura de liderazgo propia dentro de la Armada.
Lamentablemente la información sobre el sector conspirador en la Armada que presenta la fuente arriba mencionada es muy general y vaga. Se limita a señalar la existencia de ese "sector" marino y como era su anónimo jefe, quien lo controlaba. Este jefe, si bien mantenía contactos con los otros movimientos subterráneos militares, también mantenía "su gente" distanciados de los otros sectores conspirativos militares. Hasta que no emerja nueva evidencia testimonial, no es posible ir más allá de lo recién enunciado sobre este tema en particular.
Otros aspectos que resultan como definitivos, según la data testimonial que ofrecen los textos de Blanco Muñoz (1998), Medina y Garrido (1999 y 2000), es que los Oficiales comprometidos eran una minoría, en términos porcentuales. Doctrinalmente parecen tener dos orígenes distintos, uno de inspiración marxista, el otro seguidores de las ideas de la doctrina de Seguridad Nacional-Desarrollo. Aunque se procura dar la impresión al lector que eran más numerosos los primeros. Éstos parecen contar con contactos serios con organizaciones políticas minoritarias sobrevivientes de la llamada Insurrección Armada de los 1960's: El PRV de Douglas Bravo, Ruptura y Causa R. Los sectores conspirativos militares se organizan en especie de logias: R-83, o ARMA, o MBR-200. Las dos primeras son desarticuladas, la segunda logra sobrevivir clandestinamente hasta febrero de 1992.
Resulta muy interesante apreciar como existen Oficiales militares que llegan a conocer de los movimientos insurreccionales clandestinos, no participan en ellos pero tampoco los denuncian. Sobre esto último el testimonio de Izarra es particularmente revelador. Como también algunos Oficiales comprometidos abandonan las acciones conspirativas al alcanzar el grado de General, y en consecuencia, pasan a desempeñar importantes cargos dentro de la estructura de mando militar. De nuevo las declaraciones de Izarra, en el sentido recién mencionado son un valioso aporte para entender las características de la oficialidad militar venezolana de finales del siglo XX.
Explicar lo arriba mencionado no resulta fácil si no se conoce la historia venezolana y particularmente la de la realidad militar. Se presentarán algunas de las razones que se entienden como hipotéticamente explicativas de esta situación, colocando entre comillas la idea en cuestión expresada en términos coloquiales:
A) Una primera explicación está relacionada con una más que centenaria relación de convivencia de Oficiales pretorianos y de orientación profesional dentro de la realidad militar venezolana. Es el muy criollo: "vivir y dejar vivir".
B) A lo ya dicho se agrega el profundo sentimiento corporativo, el sprit de corps, tan característico de la profesión militar, son compañeros de armas, de promoción, subalternos en algún momento de la carrera militar, parte de un mismo todo: "si estos compañeros de armas no se meten directamente contigo tú no te metes directamente con estos miembros como tú de la realidad militar".
C) El convencimiento de que la realidad venezolana no podrá ser transformada radical y positivamente por los organizados subversivamente, es como entender que la posición asumida por los contestatarios no deja de ser ingenua y hasta positiva para la institución militar: "si no avanzan en la dirección sugerida por quienes dirigen la realidad militar y con una institución castrense bajo nuestra dirección será el colapso institucional, el caos."
La recesión económica generalizada de los 1980's, no podía dejar de reflejarse en los niveles de vida de los Oficiales más jóvenes. Ésta, favoreció la actitud protestataria de los sectores conspirativos subterráneos militares. Era expresión de un sentimiento de resentimiento socio-económico de los niveles más bajos de la oficialidad ante su superiores jerárquicos. Estos eran vistos no sólo como superiores sino como corruptos, o vinculados indirectamente con la corrupción.
Emerge en los cuarteles y las instituciones militares, favorecido por los sectores insurreccionales organizados, tal como se desprende de la data presentada por Blanco Muñoz (1998), una actitud de protesta que se expresaba en rústicos escritos donde se denunciaban prácticas entendidas como expresiones de corrupción e indirectamente se solicitaban mejoras socio-económicas para la joven oficialidad. Esta actitud en general llegó a ser conocida como el proceder de los COMACATES. Conformaban ésta Comandantes, es decir, Tenientes-Coroneles, Mayores, Capitanes y Tenientes. Nótese como muy jerárquicamente se va del grado militar más alto al más bajo.
El peligro para la institución militar de esta actitud que afectaba los sanos e imprescindibles principios de jerarquía militar eran obvios. Resulta, también, una manera de presionar a las autoridades civiles para lograr mejores beneficios socio-económicos para el sector militar. Los COMACATES eran el segmento de la oficialidad que había recibido los beneficios de las reformas educativas castrense vinculadas con el llamado Plan Andrés Bello. Se apreciaban a sí mismos como mejor capacitados intelectualmente que sus superiores cuando tenían igual nivel jerárquico que ellos. En su actitud eran más "gremialistas" que conspiradores, en la práctica fortalecían sustancialmente los movimientos insurreccionales castrenses.
Los mecanismos de inteligencia interna de la institución militar se evidenciaron como eficaces en lograr desarticular logias castrenses como R-83 y ARMA. Pero estas mismas instancias de seguridad, fueron incapaces de actuar eficientemente contra el MBR-200. No resulta aventurado suponer que el movimiento insurreccional logró penetrar los mecanismos de seguridad e inteligencia militar.
Otra explicación es, y no excluyente con relación a la primera mencionada en el párrafo anterior, que segmentos o grupos o algunas individualidades de la oficialidad superior, entiéndase Generales y Almirantes, procuraran utilizar en beneficio propio las acciones conspirativas del MBR-200. Es decir, no sólo eran los jóvenes Oficiales los conspiradores, también existían, pero independientes como realidad conspirativa con relación a éstos, Oficiales de la más alta jerarquía militar. Pero, hasta que no se publiquen nuevas evidencias testimoniales referentes a estos sucesos, sólo es posible presentarlas como meras posibilidades.
Lo que no ofrece ninguna duda son los sucesos insurreccionales militares (llámeseles golpes de estados, rebeliones, insurrecciones, etc., se emplea para los fines de este texto todas estas expresiones como sinónimos) del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Las descripciones, comentarios y análisis sobre estos eventos son ampliamente conocidos. Se remite, por ejemplo, a los libros de Müller Rojas (1992), Daniels (1992), Machillanda (1993), Romero (1994 y 1999), Gruber Odreman (1994) y Jiménez (1996), para información general sobre estos hechos históricos.
En el campo de las relaciones civiles-militares los dos frustrados golpes de estado de 1992, evidencian las peculiaridades del Control Civil en la Venezuela de finales del siglo XX. Mejor dicho, ponen de relieve las debilidades de dicho Control Civil, su carácter más nominal que real. También, ponen un alto a las sanas, pero costosas en términos sociales, políticas de orientación liberal de carácter económico que se venían implementando desde 1989.
Producto de un intento propagandístico que busca justificar las rebeliones militares del 1992, o bien, como resultado de un análisis equivocado e interesado, se podría argumentar que éstas están "vinculadas" con los disturbios civiles de febrero de 1989. El conocido "Caracazo" es posterior, y en varios años, a las organizadas logias militares insurreccionales. Sobre este aspecto la documentación histórica es ya concluyente. No se conoce de evidencia que logre vincular al MBR-200 con los sucesos del "Caracazo". Por el contrario, parece, según los testimonios hasta ahora publicados, véase Garrido (1999), que dicha situación resultó novedosa y sorpresiva para este sector militar conspirador.
Los efectos políticos inmediatos y mediatos de los fracasados movimientos insurreccionales militares fueron impresionantes. La situación política evolucionó rápidamente hasta lograr la destitución y enjuiciamiento del Presidente Pérez, poco más de un año después de los frustrados golpes militares. El debilitamiento político de AD y COPEI, se ha mostrado como irreversible hasta el año 2000. El fortalecimiento del liderazgo nacional de Rafael Caldera, hasta 1998. El lograr llegar al poder, fruto de una coalición política organizada en torno a la figura de Caldera, a partidos siempre hasta ese entonces en la oposición como el Movimiento Al Socialismo o MAS.
En síntesis, el bipartidismo adeco-copeyano se debilitó en extremo desde 1992, pero no pudo ser sustituido por otra cosa que el prestigio personal de un líder político con proyección nacional, Caldera primero, hasta 1998 y Chávez después. Las políticas económicas liberales son sustituidas por el más elemental populismo, para tratar de ser implementadas finalizando el segundo periodo presidencial de Caldera. Pero las condiciones de un año de elecciones presidenciales y una impresionante baja en los precios de exportación del petróleo, ponen un alto a los reformistas diseños económicos liberales.
El triunfo electoral de Chávez expresa no tanto el apoyo popular al movimiento insurreccional de 1992, como los deseos de cambios positivos por parte de las mayorías venezolanas, por lo menos el 45% del electorado que efectivamente votó en las elecciones de 1998 y 1999. Los porcentajes sobre la abstención electoral fue publicada por todos los medios de comunicación social en Venezuela, sobre este tema de la abstención electoral vale la pena referir al trabajo de Romero (1999). Señalar que la victoria electoral de 1998 legitimó los golpes de estado de 1992, es confundir popularidad con legitimidad. La autoritas, en buen latín, no depende de la popularidad, es una condición inherente al sistema democrático mismo, es su Poder Moral de hecho, así en mayúsculas. La legitimidad se rompe al no proceder democráticamente, al atentar contra los altos niveles de competitividad e institucionalidad política que caracterizan, precisamente, a la democracia.
Los proyectos de renovación política institucional llevan a una situación de incertidumbre que se manifiesta en un proceso de consultas electorales, en 1999, vinculadas con la elaboración de una nueva Constitución. Como proceso de cambio en las estructuras políticas del Estado, esta situación se evidencia como aún no concluida para julio del 2000. Otro tanto se puede afirmar de las políticas económicas del gobierno.
Un aspecto que llama la atención al analizar la data testimonial de Izarra, Chávez, Bravo, Medina y Prada es como evidencia la continuidad de los acuerdos militares-civiles y político-militares en el devenir histórico venezolano. La constante del siglo XX en la evolución política de Venezuela, los cambios deben ser con el sector militar y nunca contra el estamento castrense.
Lo recién enunciado llevó a que las organizaciones civiles políticas buscaran llevar cuadros jóvenes de sus filas a tomar la carrera de las armas vía su ingreso a la Escuelas-Academias castrenses. Primero fue AD, en los 1940's, luego el PCV, para finales de los 1950's, otro tanto podría decirse de otras organizaciones políticas criollas, pero son estas dos las que reportan la literatura consultada y referida varias veces supra. Pero también la evidencia parece como definitiva en el sentido de demostrar que la realidad militar no fue dominada o subordinada ante los intereses de estas organizaciones políticas. Nada que pueda compararse en términos de igualdad con el modelo de Control Civil llamado de penetración por Nordlinger (1977). En realidad el Control Civil está como tal deformado ante la peculiar simbiosis militar-civil y político-militar expresión secular de la realidad política venezolana del siglo XX.
¿Un "nuevo profesionalismo militar" en la Venezuela de finales del siglo XX e inicios del XXI?
El término "Nuevo profesionalismo de Seguridad Interna y un Papel Militar Expansivo" (New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expantion) fue acuñada por Alfred Stepan (1973), luego de estudiar en detalle el caso brasileño que lleva a los gobiernos militares de 1964 y décadas posteriores. Según este autor el "nuevo profesionalismo militar" se manifiesta también en el caso del Perú, durante el gobierno del General Velazco Alvarado.
Resulta evidente que el desarrollo de destrezas gerenciales-políticas por parte del sector militar, favorecen su actitud crítica ante los dirigentes políticos civiles. Contribuye a desarrollar una confianza dentro de la oficialidad superior relacionada con la gerencia política de la sociedad. En síntesis, favorece o potencia las posibilidades del intervensionismo militar, en detrimento del Control Civil.
Las ideas de Stepan tienen un claro antecedente en los postulados esgrimidos por S.E Finer (1962) en tanto que es una expresión de un sector militar que bajo ciertas condiciones tiende a politizarse. Es decir, los militares comienzan a elaborar interesadas teorías sobre la seguridad nacional y éstas llevan implícitas, potencialmente, el desconocimiento de la sujeción militar ante la autoridad civil.
En esencia el argumento se reduce a lo siguiente: los militares formados gerencialmente se creen más capaces que los dirigentes civiles en conducir políticamente la nación. En consecuencia derrocan a las autoridades políticas civiles e implementan un programa de acción tendiente a solucionar, según ellos, los graves problemas estructurales que aquejan a su nación. Los casos históricos estudiados por Stepan son, básicamente, Brasil y Perú.
En buena medida las ideas de este nuevo profesionalismo militar se vinculan con las ideas de Seguridad Nacional-Desarrollo, expuestas doctrinalmente por los estadounidenses desde finales de la década de los 1960's. Guardan también alguna relación práctica con las llamadas operaciones de acción cívica, donde dentro de la estrategia anti-subversiva las fuerzas militares buscan ganarse la simpatía de la población, atendiendo inmediatamente, en espacios bien delimitados, las necesidades sociales más obvias e inmediatas como las de higiene, salud y educación.
Luego de superada la situación planteada por las guerrillas rurales y urbanas en la década de los 1960's, la doctrina de Seguridad Nacional-Desarrollo tenía que comenzar a influir en la oficialidad venezolana desde los 1970´s. Evidencia cierta de lo recién enunciado lo tenemos en el texto del General Jacobo Yépez Daza (1984). Éste califica, curiosamente, muy a la Huntington, de "Realismo Militar Venezolano", a una corriente de opinión que va tomando cuerpo en las Escuelas Superiores de la estructura militar venezolana desde 1972-1973. Si bien se crean los mecanismos institucionales castrenses para estudiar y efectuar un seguimiento de la situación socio-económica y política nacional, también plantea este "Realismo Militar" un estricto apego al ordenamiento constitucional vigente. Aunque el aludido autor no lo menciona, esta situación no era otra cosa que una expresión más de la elasticidad del acuerdo militar-civil y político militar, estructurado después de 1958 entre el sector castrense y los partidos políticos AD y COPEI.
La década del apogeo de los gobiernos militares en Sur América, es decir los 1970's, son para Venezuela una de bonanza económica producto de los muy elevados precios del petróleo en los mercados internacionales. Ello permitió avanzar sustancialmente en el proceso del moderno equipamiento del sector militar criollo. Fueron los años en se fortalecieron las bases para el capitalismo de estado venezolano. El bipartidismo adeco-copeyano parecía como sólidamente consolidado. Surgen los primeros escritos venezolanos, de la segunda mitad del siglo XX, donde se procura entender el papel que jugaban los militares en el modelo político vigente.
W. Burggraaff publica su tesis doctoral en 1972. Si bien el discurso escrito del académico estadounidense procuraba ser una continuación temática del texto de Gilmore (1964), pero adentrándose en el siglo XX venezolano hasta su primera mitad, presenta datos de interés sobre los militares y la política en Venezuela de los 1960's e inicios de los 1970's. Una idea parece como presente en el texto del mencionado autor, para el lector cuidadoso (pp. 200-205): el Control Civil no está plenamente consolidado en la Venezuela de los 1970's.
El venezolano H. Njaim (1975) coordina un texto donde el "tema militar" es tratado con rigor académico por intelectuales universitarios venezolanos. En esta obra se describía y analizaba, con rigor científico, la realidad política criolla durante el boom petrolero de los 1970's.
El texto de Njaim (1975) es importante por varias razones. No sólo es el primer intento serio, desde el punto de vistas académico, por disectar el sistema político venezolano más allá de las generalizaciones, sino que evidencia el acertado nivel de análisis de la intelectualidad venezolana sobre aspectos medulares referentes al sector militar criollo y la realidad política.
En pocas palabras, las tensiones entre la alta oficialidad y los Oficiales con grados militares de Teniente-Coronel e inferiores, eran ya evidentes para observadores imparciales, desde mediados de los 1970's. Ésta se expresará violentamente, sazonadas con otros ingredientes en 1992. Pero lo que no podía preverse académicamente estudiando el tema militar en aquellos años, eran los contactos entre jóvenes militares y organizaciones políticas de la extrema izquierda. Esas relaciones que bien describen los testimonios recogidos en textos como los de Garrido (1999) y Medina (1999).
Ante los sucesos acaecidos en Chile en 1973, al ser derrocado el gobierno socialista de Allende por un cruento golpe militar, surge como evidente para organizaciones políticas como el MAS, de orientación socialista y con ambición de poder vía un proceso electoral, en Venezuela, que había que "sacar a la calle" el tema militar. Las revistas de importante tiraje, Semana y Bohemia y el diario vespertino El Mundo, en menor medida otros órganos de prensa como los diarios El Nacional y Ultimas Noticias o bien la revista Zeta, son los escenarios de un prolongado debate publico entre 1973 y 1975, sobre el papel que deberían desempeñar Las Fuerzas Armadas en la realidad venezolana contemporánea.
Dos son los polemistas principales en el público debate mencionado en el párrafo anterior, José Vicente Rangel, candidato presidencial del MAS y el periodista de AD Luis Esteban Rey. También participan en la periodística discusión, aunque en menor cuantía, Pompeyo Márquez y Germán Lairet, ambos políticos masistas. La polémica en cuestión fue, afortunadamente para la historia, recogida en un texto editado por las Ediciones Centauro en 1976 bajo el título de: Militares y Política (una polémica inconclusa).
En 1973 tanto José Vicente Rangel como Luis Esteban Rey admiten la idea de unas Fuerzas Armadas como colaboradoras en el proceso de desarrollo nacional. La diferencia parece radicar en el cómo efectuarán tal o tales acciones. El primero sugiere que deben ser activos agentes de cambios sociales, en beneficio de las mayorías desposeídas. El segundo argumenta que se debe ser preciso en los alcances de esta colaboración y que ésta no interfiera con las funciones específicamente militares.
En 1975 el intercambio público de opiniones, entre los articulistas arriba mencionados, sobre el tema de los militares y el desarrollo nacional se vuelve a manifestar. En menor medida se refieren también a escritos de Pompeyo Márquez y Germán Lairet. La idea recurrente de los articulistas masistas era la necesidad de una mayor vinculación del sector militar con las políticas de desarrollo nacional.
Buscaban resaltar estos políticos de la oposición, el alto nivel profesional, e indirectamente gerencial, de los militares venezolanos. Enfatizaban la necesidad de lograr una mayor y activa participación militar en los procesos de cambio social. En síntesis y paradójicamente, favorecían el desarrollo de un "nuevo profesionalismo militar" dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas de la época. En palabras de José Vicente Rangel (Bohemia, No. 643, 20/27 julio 1975, énfasis agregado):
"A medida que el tiempo transcurre se forja un oficial cada vez más consciente de sus deberes no sólo castrenses sino para con el país, motivado por los requerimientos de un auténtico desarrollo económico y social" ... "Hoy en día nadie puede estar ausente, en un país como Venezuela, de determinados problemas y compromisos. Quien lo esté es porque quiere ser... un ciudadano de segunda o de tercera categoría, o admite la condición de ciudadano castrado."
Para Luis Esteban Rey la argumentación del los polemistas masistas sobre el tema militar no tenía tintes conspiradores o golpistas. Como acertadamente señala en la revista Semana (7/13, Agosto de 1975): ... "Se trata de venderles la idea"... a los militares, de una realidad de carácter ... "socialista como la más correcta en sociedades como la nuestra" ... Labor misionera de catequesis preparatoria de un aspirado triunfo electoral del MAS ... "o bien para ofrecerse como alternativa válida, como recurso en la hipótesis de una gran crisis nacional." (énfasis agregado)... En este último aspecto resultaron proféticas las palabras del brillante analista y periodista adeco. La evolución política venezolana post 1992 así lo evidencia.
La defensa que presenta Rey sobre las relaciones de AD con los militares, en la misma fuente mencionada supra, no deja de ser inteligente. Según él AD trató y trata que los militares asimilen ... "el respeto a las instituciones y libertades democráticas nacidas del voto universal y el poder civil". Sobre lo primero no surgen dudas, pero en relación a lo segundo debe tenerse presente la recurrente realidad venezolana (insistentemente comentada a lo largo de este discurso escrito) sobre el acuerdo militar-civil y político-militar. Admitir la existencia de un auténtico Control Civil en la Venezuela post 1958, resulta superficial e ingenuo.
La gran diferencia entre AD y el MAS se entiende en el sentido que Márquez, Lairet y Rangel llegan a proponer que las Fuerzas Armadas, según lo menciona Luis Esteban Rey, en un artículo de Semana (25Spt/1 Oct. 1995), ..." 'compartirían con los civiles las responsabilidades claves del destino nacional' "...(énfasis agregado). Para ello era necesario, por supuesto, modificar la Constitución de 1961. De nuevo las ideas del polemista adeco resultaron proféticas, se materializarían en 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que calla Rey, es que en esencia lo que estaba proponiendo el MAS en 1975 era la estructuración de un nuevo acuerdo militar-civil y político-militar.
La polémica sobre el tema militar de 1973 y 1975 no dejó de tener aspectos muy positivos. El principal es que se contribuyó a desmitificar ante la opinión pública el tema militar. Lo curioso es que los contactos subterráneos entre la joven oficialidad y los sectores de la extrema izquierda venezolana se inician por estos años. También en esta década van madurando las ideas de Seguridad Nacional-Desarrollo, con tintes potencialmente desestabilizadores dentro de algunos militares, como lo reporta sutilmente la data que presenta Izarra en el texto de Garrido (1999). Pero oficialmente la respuesta institucional militar fue destacar sus aportes ciertos en pro del desarrollo nacional.
El tema del desarrollo nacional se presenta como uno recurrente en los discursos oficiosos del alto mando militar durante el lapso 1973-1978. Así, para sólo referir a un par de ejemplos, en la Revista de las Fuerzas Armadas (Nos. 267 y 268, 1977 y 1978, respectivamente) este tema es tratado en varios discursos por el Ministro de la Defensa, General Fernando Paredes Bello y por Comandante General de la Aviación L. A. León Aranguren. Se citarán extractos, un tanto amplios, de ambos. Dice Paredes Bello:
"Las Fuerzas Armadas deben progresar al ritmo del dinámico desarrollo de la nación"... "nuestra gestión estará orientada a combinar la misión fundamental de la Institución de garantizar la soberanía nacional y el orden interno con la de proporcionar apoyo a todas aquellas iniciativas y programas donde la participación de las Fuerzas Armadas sea compatible con la consecución de los objetivos de transformación social y económica de Venezuela"... "ratificamos que será preocupación del despacho de Defensa ampliar la protección que la Fuerzas Armadas, dentro de sus programas de acción cívica, viene dando a la colectividad venezolana por medio de diversos organismos públicos y privados que benefician áreas en lo físico y moral"... "la Institución Armada (...) dando su aporte dirigido al fomento y expansión de Colonias Agrícolas fronterizas, (...) al suministro de agua para pequeños caseríos, construcciones de escuelas, iglesias y caminos vecinales, campañas sanitarias y de alfabetización, en cooperación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en los planes de reforestación (...) y de preservación"... "Igualmente se tomarán previsiones, (...) para acrecentar los medios destinados a (...) los ambiciosos programas de desarrollo naval y aeronáutico, de las industrias militares básicas, utilizando en número creciente recursos humanos autóctonos".
Resulta como cierto que la realidad militar venezolana respondió favorablemente, en los 1970's, en muy buena medida, a las inquietudes públicas relacionadas con las Fuerzas Armadas y las ideas de Seguridad Nacional-Desarrollo. Esto se logró, sin por ello afectar la institucionalidad constitucional vigente. Lo que parecía ser parte importante de la polémica formal iniciada en 1973 y luego continuada en 1975, entre Rangel y Rey, comentada supra, tiene en el discurso del General Paredes Bello una respuesta concreta y efectiva. En el discurso del General León Aranguren se ponen en evidencia las capacidades gerenciales de la oficialidad militar:
Dice creer firmemente en la necesidad de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV)... "de utilizar los sistemas modernos de asesoría, consulta y trabajo en equipo para gerenciar una empresa, que si bien no persigue fines de lucro tiene (...) que garantizar la seguridad y defensa de la Patria y contribuir eficientemente a su progreso y desarrollo" ...
Continua resaltando que la FAV a difundido con patriótico tesón el Modelo de Desarrollo Administrativo de la FAV en los organismos públicos y privados. Las capacidades superiores gerenciales de la Fuerza Aérea fueron desinteresadamente compartidas, pues, en aras del desarrollo nacional. En otro discurso del mismo General (No. 268, 1978) menciona otras áreas donde la FAV ha contribuido al desarrollo nacional como los servicios meteorológicos e hidrológicos, así como a ... "la integración y al desarrollo de las regiones marginales del país."
Parecía, pues, que el nuevo profesionalismo militar de seguridad interna y desarrollo nacional si bien se apreciaba como cada vez más evidente en la realidad militar venezolana de los 1970's, no presentaba los efectos políticos perturbadores del orden político civil como sí se evidenciaron en el Cono Sur de América, Brasil y Perú. Parecía que la institucionalidad constitucional en Venezuela había echado raíces. Schaposnik (1985) en su obra sobre la supuesta democratización de las Fuerzas Armadas venezolanas, pretende presentar el modelo criollo-venezolano como un ejemplo para ser seguido por los demás países iberoamericanos.
Textos editados durante los 1980's y 1990's insisten en la idea de una especie de control ejercido por los partidos políticos AD y COPEI sobre el sector militar venezolano. Como ejemplos de lo recién enunciado se pueden referir las obras de los Yépez Daza (1984), Machillanda (1988), J. A. Gil Y (1988), Elsa Cardozo de Da Silva (1990). Si bien en todos se da a entender el nivel de autonomía de los militares como institución en sus aspectos administrativos, en áreas claves de las relaciones exteriores, en los temas de seguridad y defensa. También, todos dejan ver, en mayor o menor grado, el predominio supuestamente político-partidista sobre la realidad militar venezolana.
Yépez Daza (1984), insistimos, resalta el carácter constitucionalista del sector militar venezolano, aún cuando dentro de su seno identifica una corriente que califica como de "realismo conservador". Ésta, que surge de los estudios efectuados en las Escuelas Superiores, desde inicios de los 1970's, pretende ofrecer soluciones a problemas varios de la realidad nacional. Pero siempre dentro del marco constitucional vigente.
Machillanda (1988), argumenta en relación a la existencia de un Control Civil Subjetivo, a lo Samuel P. Huntington, donde los protagonistas dominantes son los partidos políticos AD y COPEI. José A. Gil Y (1988) y Cardozo de Da Silva (1990), presentan al sector militar como imbricado, con ciertas particularidades y nivel de autonomía, en el sistema político de consenso y clientelar venezolano, forjado en los 1960's. Resumiendo en un esfuerzo de síntesis: Para unos se evidencia el avasallante predominio de los partidos políticos gobernantes. Para otros, se aprecia una especie de status quo como consolidado.
Pareciera que los analistas criollos no entendieran, o no quisieran entender, como el nuevo profesionalismo militar que bien puede rotularse de Seguridad Interna y Desarrollo Nacional, a lo Stepan, había ya echado una "pica en la Flandes venezolana" de los 1980's. Las razones que explican tal proceder pueden ser varias, pero el hecho documentalmente demostrable, analizando sus obras, es que todos descuidan la evidencia que estaba ya disponible públicamente sobre el tema.
Cuando se publican los trabajos mencionados en los párrafos anteriores, las logias conspirativas militares tenían ya varios años de estar subterráneamente operando. Analistas foráneos como Gene E. Bigler (1981), identificaban varias manifestaciones concretas donde se evidenciaba como ... "el concepto de seguridad nacional"... había sido ampliado ... "y relacionado con el desarrollo, no en un sentido subordinado pero sí en uno de acondicionamiento" (p.108). Una manera sutil de refutar los corolarios del nuevo profesionalismo militar de seguridad interna, a lo Stepan, en sus efectos desestabilizadores en lo político institucional y democrático. Es decir, el caso venezolano evidenciaba que se podía manifestar este "nuevo profesionalismo militar" sin los efectos experimentados en sociedades como la de Brasil en 1964 o Perú en 1968.
En otro texto de Bigler (1982, con el sugestivo título de "Profesional Soldiers and Restrained Politics in Venezuela"), se comentan las áreas de fricción entre el sector militar y los gobernantes civiles venezolanos. Destaca cuatro aspectos neurálgicos. Tres de ellos se relacionan con las "tradiciones", por darle un nombre, actitudes y propensiones de la realidad militar venezolana. Otro se vincula, evidentemente, con el "nuevo profesionalismo militar de seguridad interna y desarrollo nacional".
El primero es el relacionado con los temas fronterizos, particularmente los casos de Colombia y Guyana. En este aspecto el sector militar se considera como un actor con una especie de poder de veto, ante cualquier decisión del sector político que supuestamente afecte la integridad territorial de la República. Los partidos políticos dominantes durante los 1960's-1980's, no mantuvieron una posición monolítica sobre este tema de la política exterior. Surgieron fuertes diferencias en las orientaciones implementadas por AD y COPEI con relación a la política de fronteras y límites, beneficiando éstas el poder del sector militar en lo referente a la política exterior y los temas fronterizos.
Otro tema de fricción, según Bigler (1982), entre los militares y la dirigencia civil de la sociedad venezolana es el referente al intento de una mayor supervisión, por parte de la opinión pública, vía las organizaciones políticas, sobre los temas de seguridad, defensa y los militares en general. Esto afecta la tradicional actitud militar venezolana de su monopolio sobre los temas de seguridad y defensa. Irrita su sensibilidad corporativa. Pareciera una intromisión civil en la esfera de intereses exclusivamente castrenses.
Esta actitud coincide en el tiempo, inicios de los 1980's, con la acertada percepción de algunos analistas civiles, sobre la crisis que se manifestaba ya en el modelo político venezolano de ese entonces. El libro editado por IESA: Venezuela una Ilusión de Armonía (1984) es prueba de ello. Era necesario, según estos observadores, comenzar a desmontar el capitalismo de estado en su versión tropical venezolana. La resistencia a estos cambios provenía, principalmente, de los dos principales partidos políticos de la época: AD y COPEI.
En sectores pensantes de la sociedad venezolana se hace cada vez más evidente que los frenos al cambio positivo para el bien de la nación, estaba en los partidos políticos dominantes. En la opinión pública cada año va ganando más fuerza la idea de que más que una democracia, Venezuela vivía en una "partidocracia adeco-copeyana". Esa ingerencia político partidista en todos los ámbitos de la vida nacional, para algunos analistas, afectaría también a las Fuerzas Armadas Nacionales.
En el imaginario colectivo se va fortaleciendo la idea, con el transcurrir de los años durante esta década de los 1980's-1990's, que esa especie de metástasis social, político y partidista, abarcaba también a la realidad militar. Los libros de Machillanda (1988 y 1993), los escritos de prensa y los comentarios repetitivos del programa televisivo de José Vicente Rangel, el libro de Müller Rojas (1992), insisten en la idea de una especie de dominio adeco-copeyano sobre la realidad militar.
La nefasta frase de la mentira repetida mil veces que por repetitiva termina siendo admitida como una verdad, pareciera cumplirse en el caso de los estudios referidos a la democracia venezolana y el Control Civil. Análisis objetivos como el de Bigler (1982), referido supra, parecían como ignorados. Las otras dos áreas ciertas de fricción entre el sector militar y los dirigentes políticos venezolanos, mencionadas por éste, son de particular importancia y merecen un breve comentario.
Señala el analista estadounidense arriba mencionado que: ... "una brecha bien puede estar desarrollándose" ... (la obra de Bigler es de 1982) ... "en las preocupaciones y percepciones entre los civiles y los militares referida a las políticas de seguridad y defensa nacional"... (p. 190, la traducción es nuestra: Dig). La otra área de fricción se refería al crucial tema de la institucional o cuasi-institucional participación del sector militar en la política. En otras palabras, según este analista existía evidencia de tensiones vinculadas con el aspecto medular de lo que hemos llamado a lo largo de esta monografía el acuerdo, entendimiento, simbiosis militar-civil y político-militar.
Refiere Bigler a la idea expresada por algunos militares que no identifica, de organizar un partido político conformado por Oficiales militares en condiciones de retiro. Como antecedente obvio se tienen las candidaturas presidenciales desde 1973, más simbólicas que importantes desde el punto de vista del caudal electoral, de altos Oficiales de las FAN, en condición de retiro. Esta situación resultaba ser una evidentemente potencial Caja de Pandora.
Una situación como la arriba descrita, podría ser el inicio de una especie de politización partidista del sector militar activo venezolano. Significaría, de abrirse esta Caja de Pandora, el fin del entendimiento entre la dirigencia política civil de la sociedad, representada principal y mayoritariamente en los partidos AD y COPEI, y el estamento militar. En ese sentido, no sólo expresaría el colapso del acuerdo militar-político y militar-civil, fraguado en los años 1960's. También se evidenciaría como un gran peligro para la condición profesional militar misma.
Para el momento en que se edita el texto de Bigler referido supra, no existían condiciones económicas desfavorables en la sociedad venezolana. La crisis y recesión económica se iniciarían un año después en Venezuela. Tampoco existía una figura militar carismática, de prestigio nacional, que pudiese ser un factor catalítico que impulsara al sector castrense en dirección del activismo político protagónico. Por ello este analista, como todos antes de 1992, concluye que pese a las tensiones existentes, no se evidenciaban indicios sólidos de una posible intervención militar en la política activa venezolana, más allá de lo que se entendía como constitucionalmente aceptado y aceptable.
Los insistentes rumores de un golpe de estado en 1991, eran entendidos por la mayoría de los observadores de la realidad venezolana como parte del folklore político criollo. Las evidencias sobre el "nuevo profesionalismo militar" a lo Stepan, parecían como sin consecuencias políticas a lo Perú 1968, o bien a lo Brasil 1964, en la Venezuela que miraba hacia al siglo XXI. Con los golpes de estado de 1992, aun cuando éstos fracasan, las evidencias sobre un nuevo "profesionalismo militar de seguridad interna y defensa nacional" en Venezuela, adquieren académica relevancia.
Ambos golpes de estado frustrados, evidencian como las tensiones entre el sector militar y la dirigencia política del país habían llegado a un punto de ruptura. Reflejan, insistimos, la supervivencia de la recurrente y más que centenaria, tendencia pretoriana dentro de un segmento de la oficialidad castrense venezolana. Por sus resultados, otro tanto se puede decir de la fortaleza de la tendencia de orientación profesional, dentro del cuerpo de Oficiales militares criollos.
La acción del 4-Febrero-92, fue de un matiz populista-nacionalista y con documentadas relaciones con sectores marxistas radicales. Mutatis mutandis, una versión a la venezolana del Perú-1968. Los sucesos del 27-Noviembre-92, presentaron un matiz con propensión al autoritarismo-burocrático. Cambiando lo que se deba cambiar, una versión criolla de Brasil-1964.
Evidencia de lo recién afirmado, (aun cuando no emplean las categorías analíticas del "nuevo profesionalismo militar" a lo Stepan, o los criterios del llamado autoritarismo burocrático, se encuentra sí en la data que ofrecen) se puede apreciar en los textos testimoniales de Blanco Muñoz (1998), Garrido (1999 y 2000) y Medina (1999) para el caso del primero, así como el libro autobiográfico de Gruber Odreman (1994) y el de Jiménez (1996) para lo referente a los sucesos de noviembre del 92.
Los sucesos de febrero y noviembre de 1992, reflejaban las tendencias conspiradoras, dentro de la realidad militar venezolana, desde finales de los 1970's e inicios de los 1980's. Una con inclinaciones a lo Ceresole, la otra de inspiración desarrollista, burocrática y hasta con visos liberales en lo económico. En los dos fracasados golpes de estado encontramos evidencias referidas a una especie de "nuevo profesionalismo militar de seguridad interna y desarrollo nacional".
Las dos tendencias conspirativas se evidencian como expresión de una mayor preocupación por la seguridad interna que la exterior, donde las destrezas militares y políticas del cuerpo de Oficiales se encuentran estrechamente entrelazadas; con un campo de acción militar que no se considera como restringido; con un sector de Oficiales militares altamente motivados desde el punto de vista político. En síntesis, insistimos, el "nuevo profesionalismo militar" que enuncia A. Stepan, con su expresión visible en las relaciones civiles-militares: un papel expansivo de gerencia política por parte de los militares.
Lo sorprendente de ambas insurrecciones militares no es que se dieran. Tenían años siendo preparadas. Tampoco que fracasaran, el escenario hemisférico era uno que impedía el éxito de intentonas militares desestabilizadoras de gobiernos electos por el pueblo en procesos comiciales democráticos. También, la sociedad venezolana no parecía ganada mayoritariamente para la idea de un gobierno dictatorial militar, ni de izquierda ni de derecha.
Lo que realmente desconcierta al analista imparcial sobre la efervescencia militar de 1992, es como aun fracasando en sus propósitos inmediatos de derrocar al gobierno, logran los golpistas, indirectamente, cambios políticos importantes, en un corto y mediano plazo. Pero lo más paradójico es como el corolario de los frustrados golpes militares de 1992, no es un avanzar en las reformas liberales, particularmente las de carácter económico, sino todo lo contrario.
La estabilidad política perdida en 1992, se logra durante el quinquenio 1994-1998, mediante una hábil política de compromisos. Con todas sus limitaciones, una economía petrolera como la venezolana permite cierta capacidad de maniobra para las políticas populistas y clientelares. Los dos grandes actores son el Presidente Caldera y el Secretario General del partido AD, el señor Alfaro. Uno controla al gobierno, el otro al principal partido político de oposición. El protagonismo político militar no va más allá del tradicional Ministerio de la Defensa y para un ex-Ministro de tal laya, retirado ya como Oficial activo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Tradicionales políticas populistas clientelares son activadas en lo económico, con la intención de lograr una disminución o al menos una estabilización de las tensiones sociales. Para 1997-1998, cerca ya del año electoral, se inician esfuerzos por implementar el desarrollo de políticas económicas de tinte liberal. Éstas, insistimos, enfrentan condiciones desfavorables como una baja importante en los ingresos petroleros, amén de las condiciones mismas del proceso comicial presidencial. Si bien la tan ansiada recuperación económica no se materializa, la situación de tensión social sí disminuye notablemente, al menos en sus aspectos más visibles.
El partido político MAS, comparte por primera vez en su historia funciones de gobierno, durante el segundo quinquenio presidencial de Caldera. Antiguos guerrilleros como el economista Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez son nombrados Ministros. Los Oficiales golpistas del 92, mediante un recurso jurídico, dejan la prisión y algunos de ellos se incorporan a funciones burocráticas gubernamentales.
El Ministro de la Defensa Visealmirante Muñoz León, es sustituido por un General de División del Ejército (Montero R.), como Ministro de la Defensa, por el Presidente Caldera en uno de sus primeros actos de gobierno. Procurando así evidenciar el supuesto Control Civil en el sistema político venezolano. Cambiando lo que se tenga que cambiar, una situación ya experimentada durante el primer gobierno de Caldera con los casos de los Generales Flores y García Villasmil. Especie de sutil advertencia, ante posibles y potenciales manifestaciones pretorianas. Demostración pública de que el acuerdo militar-civil y político-militar, en su versión de los 1960's, aún se mantenía vigente.
Ante el descalabro político de los partidos tradicionales, la sociedad venezolana se vuelca hacia personalidades protagónicas con prestigio nacional. La presidencia provisional del destacado historiador Ramón J. Velásquez (1993), es el primer caso. Luego vendrá la victoria electoral y presidencia del más alto exponente de la política venezolana, aun vivo, de los 1960's, el doctor Rafael Caldera. En diciembre de 1998 será el antiguo insurgente del 4 de Febrero, Teniente-Coronel Chávez Frías, quien triunfe en las elecciones presidenciales.
Venezuela parece cerrar el siglo XX siendo dramáticamente fiel a sus peores herencias históricas. Los esfuerzos de los partidos políticos contrarios al personalismo, procurando una base doctrinal y una organización de masas, en síntesis, con las mejores intenciones institucionalizadoras, se evidencian como incapaces de mutar favorablemente para fortalecer la institucionalidad democrática. Ese proyecto político que expresaban los partidos AD y COPEI, durante los 1960's-1970's, degenera en una realidad clientelar incapaz de mutar hacia formas más modernas y dinámicas de participación ciudadana. Ante las presiones sociales por avanzar hacia formas democráticas más liberales, la armazón política venezolana entra en crisis. Ésta se soluciona recurriendo, por ahora y por paradójico que parezca, al personalismo.
Los triunfos electorales de Caldera y Chávez evidencian esta nueva situación personalista. Es un personalismo político peculiar, donde estas figuras protagónicas reciben la confianza del electorado y el apoyo de las pequeñas organizaciones que siempre había sido las perdedoras del juego electoral venezolano, desde 1958. Pero el triunfo de estos personajes, no significa el éxito político real de los pequeños y numerosos partidos políticos que los apoyan electoralmente. Lo que significa es la subordinación de esas organizaciones ante el triunfante candidato presidencial. La alternativa para estos partidos es bastante sencilla: claudican ante el nuevo presidente electo o, sencillamente, no son tomados en cuenta por el gobierno.
Resulta interesante apreciar como ante esta visible nueva versión del personalismo político venezolano, se han respetado las libertades ciudadanas y la competitividad política. También como, por ahora, ante el fracaso de los partidos políticos clientelares tradicionales, AD y COPEI, la Sociedad Civil no ha encontrado fórmulas políticas que permitan expresar electoralmente su enorme potencial de participación ciudadana. Esta situación se hace particularmente obvia después de diciembre de 1998. Se refleja, estadísticamente, en la muy alta abstención electoral de los últimos cuatro procesos de consulta pública popular.
Frente al descalabro de los partidos políticos tradicionales, ante la ausencia de nuevas, pujantes y emergentes organizaciones políticas, dada la nueva realidad constitucional expresada en la Constitución de 1999, el "nuevo profesionalismo militar" se percibe como fortalecido. Pero al igual que el personalismo político venezolano, presenta condiciones muy particulares. La expresión más visible del fenómeno es la participación en cargos burocráticos de importancia en los Ministerios del gobierno, en un número sin precedentes, de Oficiales militares. Otro tanto se puede decir del plan "Bolívar-2000", en todas sus variantes.
La participación de Oficiales militares, unos retirados y otros activos, en cargos gerenciales importantes de la administración pública, con las características numéricas mencionadas en el párrafo anterior, parece buscar demostrar, o poner a prueba, las condiciones gerenciales de éstos. También la idea parece ser recurrir a la experiencia de los nombrados Oficiales militares, para "adecentar" la administración pública. Es decir, se buscar eliminar los tradicionales clientelismos partidistas políticos en ésta. La apuesta es grande, en el sentido de que ante la opinión pública se pondrá a prueba las condiciones profesionales administrativas del sector militar.
El plan "Bolívar-2000" representa una versión ampliada de las tradicionales operaciones de acción cívica. En sus distintas variantes, implicó un esfuerzo importante y efectivo de los distintos componentes de la FAN. Los logros fueron obvios y ciertos, tal y como lo reporta la folletería editada por las distintas Fuerzas, durante 1999-2000. A manera de ejemplo sobre lo recién indicado y para no cansar al lector como una serie larga de referencias hemerográficas, se mencionará solamente Toque y Despegue (2000); Correo de la Armada (Año 28, No. 263, 1999) y Noti-Fav. (No. 19, 1999). Pero, como es fácil entender, estos programas implican que en un par de años, si es que ya no lo están, la capacidad operativa de la institución militar y sus equipos serán llevados prácticamente a los extremos límites.
No puede dejar de pensar un analista imparcial que el éxito del plan "Bolívar-2000", pone en evidencia el carácter sobredimensionado de la realidad militar venezolana. Es decir, esa capacidad operativa instalada tenía y tiene por misión fundamental la seguridad y defensa de la nación ante enemigos internos y externos, si se aplica al desarrollo de acciones de carácter civil y aún se garantiza efectivamente la seguridad y defensa de la sociedad, resulta obvio que se que tenían de más, o bien, más de lo necesario. Esto sin desconocer, el alto grado de efectividad, histórica y recurrentemente demostrado, por los militares venezolanos para cumplir exitosamente las misiones que le son encomendadas.
En su análisis sobre las relaciones civiles-militares venezolanas recientes, Gómez Sucre y Cornett (1998, p. 70, la traducción es nuestra: Dig) señalan: "Las Fuerzas Armadas venezolanas están entrando en una nueva fase de sus relaciones con la sociedad civil"... Ofrecen estas analistas una versión optimista sobre el futuro del Control Civil en Venezuela. Situación contraria a la expresada por Aníbal Romero en la última edición (1999) de su Decadencia y Crisis de la Democracia: ¿A dónde va la Democracia Venezolana? Para Francine Jácome (1999), muy prudentemente, la situación es una de incertidumbre.
Por verdad de Perogrullo que parezca, la afirmación de Gómez Sucre-Cornett tiene peso específico. La prudencia de Jácome, evidencia algo así como dialéctica inseguridad y compromiso al tratar el tema de las relaciones civiles-militares. El análisis de Romero, parece ser un llamado de alerta, un apelar al sentido común, un centrarse en el peor escenario posible y de corto plazo.
Lo cierto es que el "nuevo profesionalismo militar" en Venezuela, se ha expresado de manera distinta, hasta ahora, que en el resto de Sur América. Pero esto no invalida el hecho cierto y objetivo de que las manifestaciones de éste son plenamente visibles en la sociedad venezolana actual. Sus manifestaciones iniciales de los 1970's, se han potenciado hasta los 1990's. Pero la institucionalidad democrática, los altos niveles de competitividad política y niveles aceptables de participación ciudadana se mantienen inalterados.
Aun desapareciendo el protagonismo político de los partidos AD y COPEI, los otros miembros institucionales de la simbiosis militar-civil y político-militar en su edición de los 1960's, no evidencian nítidas pretensiones dominantes de carácter pretoriano. Como tampoco, con la nueva Constitución de 1999 por delante, se aprecia como consolidada una nueva edición del recurrente y más que centenario acuerdo criollo entre el sector militar y los gobernantes, por definición, constitucionalmente, civiles.
El "nuevo profesionalismo militar" en Venezuela, sigue sin manifestarse bajo fórmulas nítidamente pretorianas. La oficialidad militar de sana orientación profesional evidencia, hasta el presente, su predominio dentro de la realidad militar venezolana de finales del siglo XX. Las reformas económicas liberales deberían estar próximas. La sociedad civil se encuentra en proceso de reorganización, tanto y más que el sector militar.
¿Permanencia del secular fenómeno histórico venezolano del siglo XX, la simbiosis "militar-civil" y "político-militar" en los inicios del siglo XXI?: A manera de conclusión general.
El discurso escrito hasta ahora desarrollado se podría resumir en una simple frase: El siglo XIX venezolano fue el de los caudillos y el siglo XX el de los militares. Surge como interrogante si el siglo XXI será, por fin, el de la Sociedad Civil venezolana democrática y racionalmente organizada. Se presentarán de seguidas, pues, las conclusiones de la presente monografía.
Durante los 1800's el sector civil de la sociedad evita el predominio político de los militares y la institución castrense, recurriendo a la violencia de los guerreros improvisados, de los jefes personalistas y políticos de una hueste armada. Los patrones, civiles en origen, con sus clientelas guerreras impedían la existencia de un efectivo ejército nacional.
La seguridad y defensa de la nación, como tal, la garantizaban las condiciones objetivas naturales. Los "Generales" paludismo, malaria, fiebre amarilla, cólera, fiebre tifoidea, bilharzia, etc., eran los grandes "estrategas" frente a las amenazas externas. Los inmensos, vírgenes y desolados territorios naturales fronterizos, eran trincheras naturales frente a cualquier intento de agresión. La conocida belicosidad de los venezolanos del siglo XIX, con sus recurrentes guerras civiles, amén de la inexistencia de tesoros más allá de los recursos auríferos de Guayana, hacían poco atractivo el territorio venezolano. También, el interés expansionista de las grandes potencias se centraba en Asia y África, no en la América Meridional ni el Caribe.
La posición racional venezolana ante un posible intento de agresión física europea contra Venezuela, durante la segunda mitad del siglo XIX, era involucrar en una situación de emergencia nacional, como la descrita, a los Estados Unidos de Norteamérica y su Doctrina Monroe. Con ello se buscaba asegurar la seguridad y defensa de la patria de Bolívar.
Los problemas fronterizos de envergadura con la Guayana Británica, finalizando el siglo XIX, se dieron durante la hegemonía política del caudillo y General Joaquín Crespo (1892-1898). El problema de fondo, los avances británicos sobre la Guayana venezolana, la ausencia de una comúnmente aceptada línea limítrofe entre los territorios venezolanos y británicos. El problema se hace público en 1893-1894. La respuesta venezolana ante tal situación fue la compra de equipos militares y buscar la protección de los Estados Unidos de Norteamérica.
En marzo de 1894 el prestigioso diario caraqueño El Tiempo (No. 301, marzo 08) informa, apoyándose en los documentos del "Libro Amarillo" de la cancillería venezolana, sobre los problemas de límites entre Venezuela y el Imperio Británico, por la delimitación de las Guayanas venezolana y británica. En el número siguiente (No. 302, marzo 09), se lee en el referido diario caraqueño, en uno de sus partes donde comenta la Cuestión Guayana: "Se solicita la interposición de los Estados Unidos." Exactamente dos años después se emite públicamente un: Acuerdo del Congreso de Los Estados Unidos de Venezuela. Dictado el 9 de marzo de 1896, Como Expresión de Reconocimiento á (Sic) los Altos Poderes de los Estados Unidos de América, por su Benéfica Interposición en el Asunto de los Límites de Guayana. En su artículo uno se puede leer:
"Tributar al Honorable Congreso de los Estados Unidos de América y al Excelentísimo Señor Presidente de aquella nación, como voto especial de Venezuela, un homenaje de gratitud por el eminente servicio que acaban de rendir á (Sic) los demás pueblos independientes del Nuevo Mundo, y singularmente a éste, mediante el esfuerzo puesto en encaminar la contienda de límites con la Guayana Británica hacia su pacífico y decoroso término, de manera cónsona con la justicia internacional." (Caracas, Tipografía El Cojo, 1896.)
Pero no todo era jolgorio por el resuelto problema limítrofe, solución, dicho sea de paso, sólo en principio ya que su problemática se extiende hasta nuestros días y se proyecta ya como seguro hasta entrado el siglo XXI. En el mismo diario El Tiempo se alzan voces de alerta, como la que aparece en la sección "Crónica Europea" y firma, bajo el pseudónimo de Junius, César Zumeta.
En una información que envía desde Bruselas, el 8 de agosto de 1896, para el diario caraqueño, señala Junius, que el ... "convenio arbitral que discuten hoy Mr. Olney y Lord Salisbury", es decir, el Secretario de Estado estadounidense y el Primer Ministro y Secretario de Relaciones Exteriores británico, sobre el caso de los limites venezolanos con la Guayana Británica, podría ser peligroso para los auténticos intereses venezolanos. En otra de sus crónicas, esta vez con fecha de 23 de noviembre de 1896, y escrita en París dice: ... "La Doctrina Monroe (...) será por la fuerza de las cosas (...) una política paternal, protectora y peligrosa para nuestra soberanía."
La posición de Zumeta era compartida por otros venezolanos, como se desprende del libro: Le Conflit Anglo-Américain et Le Venézuela (1896), escrito por Aurelio Ruiz Miyarez e impreso en Canes, Francia. En realidad esta actitud de recelo y aprehensión de algunos intelectuales iberoamericanos, ante los estadounidenses y su política exterior, no era nada nuevo. En 1882 existía en París, una Unión Latino-Americana, que propagaba ideas anti-estadounidenses. Prueba de ello es el libro Ecos de la Unión Latino-American (1882, p. 110):
"En nombre de la doctrina Monroe, los Estados Unidos pretenden que todo en América Latina se deba reglar según ellos lo dicten: guerra del Pacifico (Sic), negocios Centro-Americanos, neutralidad del Istmo de Panamá, etc."
Esta actitud de suspicacia ante los estadounidenses sobrevivirá en parte de la intelectualidad venezolana de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Más aun se extenderá, prácticamente hasta finales del siglo XX e inicios del XXI. También refleja una curiosa y recurrente, a veces ingenua otras interesada, pero siempre simplista y desvinculada del contexto internacional, posición publicitadamente nacionalista.
Desde la perspectiva de la seguridad y defensa de Venezuela, la actitud asumida ante los avances territoriales británicos sobre Guayana, se evidenció como efectiva. La situación internacional de aquellos imperialistas días, las condiciones hemisféricas objetivas, la extrema debilidad y pobreza de la sociedad venezolana de ese entonces, no permitían ninguna otra serie de acciones para salvaguardar la integridad territorial criolla que las que se adoptaron. Pensar en delegados venezolanos en las conversaciones de París sobre el problema limítrofe, era tan utópico como pensar en acorazados modernos para la Armada venezolana de ese entonces.
Los problemas políticos internos venezolanos de 1898-1903, el rosario de guerritas civiles que se inician desde la llamada Revolución de Queipa hasta la Revolución Libertadora, evidenciaban los estertores de muerte del caudillismo criollo. También, relegan a un segundo plano los problemas de las amenazas foráneas. Esto al menos hasta mediados de 1901.
El constante apoyo que brindaba el gobierno de Cipriano Castro a los liberales colombianos exiliados en Venezuela, luego del fracaso de éstos en la Guerra de los Mil Días en Colombia, tendrá muy desfavorables consecuencias. El Presidente conservador de esa nación el Dr. Marroquín, decide poner a disposición de un político venezolano, enemigo personal de Castro, el muy venezolano Dr. Rangel Garbiras, tropas de línea colombianas para desarrollar una invasión contra Venezuela. Rangel invade por la frontera del Táchira y pone sitio a San Cristóbal.
Se materializa otra gran amenaza foránea sobre Venezuela. Amenaza que estuvo presente en 1830, sin llegar a concretarse en los hechos, cuando Venezuela se separa de la Colombia Grande de Bolívar. En 1901, San Cristóbal será defendida por Celestino Castro, hermano del Presidente venezolano. Participa también en la defensa de la ciudad tachirense, al lado de los venezolanos, el General colombiano y liberal exiliado en Venezuela Uribe Uribe. Los colombianos, como no era difícil predecir, ya que el ataque no era una invasión como parte de una estrategia que llevara ambas naciones a una guerra total, son derrotados y se repliegan.
Castro decide responder a la agresión colombiana, organizando una expedición punitiva venezolana contra la Guajira. La acción militar termina en un rotundo fracaso. Las condiciones disuasivas de uno y otro bando eran obvias. Ninguno de los dos países estaba en condición real de vencer sobre el otro. Ambas acciones respondían a condiciones básicamente internas, de cada una de las naciones involucradas. Para Marroquín, era una advertencia a los venezolanos para que dejaran de apoyar los proyectos bélicos de los liberales exilados colombianos, contra su gobierno. En el caso de Cipriano Castro, una advertencia a los conservadores colombianos que no debían inmiscuirse en los asuntos políticos internos venezolanos.
Para 1902-1903, una nueva amenaza externa se cierne sobre Venezuela: el bloqueo de las costas venezolanas, diciembre-1902 hasta febrero-1903, por naves de guerra alemanas, británicas e italianas. En su defensa Venezuela recurre de nuevo, como en 1893-1896, a los buenos oficios del estadounidense Departamento de Estado. Ante estos sucesos, la humillación venezolana fue intensa y el impacto que produjo en los venezolanos pensantes fue importante.
Para no alargar excesivamente los comentarios sobre este tema, se remite a las investigaciones más reciente y de calidad sobre estos acontecimientos históricos. Una de Nancy Mitchell (1996), en lo que atañe a las relaciones exteriores estadounidenses con las grandes potencias europeas y el bloqueo de las costas venezolanas, 1902-1903. La otra, el texto consagratorio de Judith Eweel (1996), para lo referente a las relaciones venezolano-estadounidenses y el libro de Lars Schoultz (1998) sobre las relaciones entre el gobierno estadounidense y su política exterior para con América Latina.
El lector interesado en documentación primaria sobre este traumático episodio de la historia venezolana, bien puede consultar los dos volúmenes de la compilación de Landaeta Rosales (1905). También son útiles los documentos alemanes y británicos, traducidos y editados por Funres-Instituto Autónomo Biblioteca Nacional (1980 y 1983). Las versiones documentales alemanas y británicas sobre el bloqueo a las costas venezolanas, 1902-1903, pueden consultarse en compilaciones como Die Grosse Politik ... (1924-1925) y el Confidential Print F.O. 420/206 (1902-1903), respectivamente. Con los sucesos del referido bloqueo se confirma una nueva realidad estratégica sobre todo el área del Caribe: los estadounidenses ejercerán una especie de protectorado sobre esta realidad insular y la Tierra Firme bañada por esas saladas aguas.
Tres amenazas foráneas se evidencia como manifiestamente reales para la seguridad y defensa de Venezuela, finalizando el siglo XIX e iniciándose el XX. La primera, es el problema limítrofe con la Guayana Británica. La segunda, la agresión de Colombia contra Venezuela. Last but not least, la posición estratégica de Venezuela en el Gran Caribe y el papel proconsular de los estadounidenses en esta porción del planeta. La amenaza interna era la recurrente violencia física política que se expresaba en las guerritas civiles, mayores o menores, reflejo fiel de una realidad dominada por los cuadillos y sus bandas guerreras.
Por razones vinculadas con su seguridad estratégica las autoridades estadounidenses ejercen poderes proconsulares en el Caribe, Centro América, Colombia y Tierra Firme. La idea básica, en la estrategia norteamericana, era que las tensiones entre las Grandes Potencias europeas no se proyectaran directamente sobre esta porción vital, para los intereses estratégicos defensivos estadounidenses. Lo acertado de esta actitud para los fines de Seguridad y Defensa del Departamento de Estado, se evidenció durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales.
Venezuela no sufre las humillaciones de perdidas territoriales como Colombia, con el Istmo de Panamá. Tampoco invasiones, como algunos pequeños países Centro Americanos e insulares caribeños. El control de las finanzas públicas venezolanas no se perderá soberanamente en manos de entes gubernamentales extranjeros, como en la República Dominicana ni se vera obligada a firmar humillantes tratados internacionales, lesivos a la auténtica soberanía nacional.
La amenaza interna del caudillismo y su recurrente violencia física guerrera, fue dominada estructurando un efectivo Ejército Nacional. En realidad, la guardia pretoriana de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Ejército que, en términos estrictamente históricos, nada tenía de heredero directo de las glorias pasadas de la independencia. Pero sí fue el instrumento quirúrgico efectivo que extirpa el tumor de las guerras civiles. La solución fue de carácter autocrática y pretoriana, pero fue una solución definitiva ante la amenaza interna de los desordenes políticos-guerreros.
La posición venezolana se agravó, desde 1906 hasta 1908, ante los desatinos diplomáticos de Cipriano Castro. Se interrumpen las relaciones diplomáticas con Francia, con los estadounidenses y se está a punto de un conflicto con Holanda. El viaje de Castro hacia Europa por motivos de salud, finalizando 1908, permite el "golpe de estado seco" de Juan Vicente Gómez. La amenaza externa de un conflicto con Holanda queda superado, las relaciones diplomáticas interrumpidas con ésta, Francia y los estadounidenses se reanudan. Controladas ya las amenazas internas, las externas se resuelven vía las negociaciones diplomáticas y bajo el tutelaje del estadounidense Departamento de Estado.
Durante el siglo XX el caudillismo desaparece ante las presiones de la modernidad, dejando como herencia histórica el personalismo político. Las amenazas externas: Colombia, Guayana Británica, el frente Caribe con las posesiones insulares coloniales europeas, pasan a un muy segundo plano. El instrumento clave en el ejercicio del poder político es el efectivo y operante Ejército Nacional. Las amenazas internas son la primera prioridad. Quien controle el Ejército controlará políticamente a Venezuela. Quien lo hace personalistamente, siguiendo la senda trazada por Castro, es Juan Vicente. Gómez.
Desaparecen los partidos políticos históricos, autoproclamados "liberales" de diversa laya. El sector civil se limitará a poner orden en los asuntos administrativos. Serán eficientes secretarios, contables, oficinistas. El Ejército y la Armada bajo el dominio personal de Gómez, inicia su lento transito hacia la efectiva modernidad. Presidente podía ser cualquier doctor afecto al régimen personalista, dictatorial y pretoriano de Gómez. Pero el poder real estaría siempre concentrado en, lo fundamental y esencial, la persona de Juan Vicente Gómez, Supremo Comandante del efectivo Ejército Nacional.
Los modestos brotes insurreccionales en el Ejército, durante los años de 1911-1928, serán siempre derrotados, seguidos de una feroz represión y de algunas reformas en el campo militar para calmar las tensiones del profesionalismo castrense. El desarrollo de la industria petrolera, y sus efectos dinamizadores en lo económico, favorecen al autoritarismo gomecista en los últimos 10 años de su dominio. Las amenazas exteriores o foráneas son consideradas prácticamente como inexistentes, más allá de las invasiones de enemigos del régimen.
El maná petrolero y la paz interna de la nación van favoreciendo cambios sociales y económicos de no poca importancia. La deuda externa es cancelada en 1930. Los sectores urbanos y las clases medias de provincia se fortalecen. A la muerte de Gómez, en diciembre de 1935, se inicia un proyecto de reformas donde los sectores luminosos de la realidad militar y la élite civil, se dan a la tarea de forjar una República de Notables. Ésta estará bajo el mando del último General en Jefe en la Venezuela del siglo XX: Eleazar López Contreras. Es una realidad política que se expresa institucionalmente en la nueva Constitución de 1936, un modelo político, en realidad bajo la tutoría del Ejército.
Durante los años 1936-1945, el proceso de modernización militar avanza sustancialmente en comparación con el régimen autocrático y pretoriano del gomecismo. El Ministro de Guerra y Marina de López, Coronel Isaías Medina Angarita, luego ascendido a General, será el próximo Presidente de Venezuela. Se reafirma, así, por encima de cualquier duda razonable, el potencial político real de la institución militar venezolana.
Durante estos años de los 1940's-1950's, emergen las recurrentes amenazas externas de comienzos del siglo XX. El caso colombiano se vincula ahora con la definitiva delimitación fronteriza. Las amenazas potenciales vinculadas a la Segunda Guerra Mundial, reafirman, tal como había sido el caso desde finales del siglo XIX, la influencia estadounidense en funciones defensoras de la soberanía venezolana, amén de sus propios intereses estratégicos. Esta realidad simbiótica quedó establecida desde los sucesos del bloqueo de 1902-1903.
La Segunda Guerra Mundial ponen un alto a las misiones militares italianas, que contribuyeron a la modernización castrense venezolana durante el segundo lustro de los 1930's, particularmente en la Armada. El más que centenario tema de los límites resurgirá, desde mediados del siglo XX, en lo relacionado con las condiciones generales de delimitación fronteriza con Colombia. Sobre el caso de la Guyana Británica, al conocerse en póstuma declaración del abogado estadounidense defensor de los intereses venezolanos, Mellet Prevost, los entretelones del Laudo Arbitral de París de 1899, éste será declarado como irrito por las autoridades venezolanas, con las obvias consecuencias en lo referente a las reclamaciones territoriales.
En octubre de 1945 se da el primer golpe de estado exitoso del efectivo Ejército Nacional en el siglo XX venezolano. En 1945, una vez más, la situación política interna es la primera prioridad de las Fuerzas Armadas venezolanas. Estas se fortalecen pretorianamente durante el llamado Trienio, 1945-1948, durante el gobierno de la llamada Junta Cívico-Militar. El gobierno civil dura sólo unos cuantos meses, es derrocado, y sustituido por uno que gobierna en nombre de las Fuerzas Armadas, sin supuestos intermediarios ni compromisos con sectores políticos civiles organizados.
Desde 1948 hasta 1958 se desarrollará el primer gobierno pretoriano gobernante venezolano, si se orienta el análisis por los postulados teóricos de Perlmutter (1977). El proceso de modernización y profesionalización militar se acelera sustancialmente. Las añejas potenciales amenazas foráneas, casos de Colombia y Guayana Británica, se establecen como prioridades para ser atendidas por la estrategia de seguridad y defensa nacional. Para ello se moderniza la Armada y la Fuerza Aérea con nuevas unidades de superficie y aviones de combate.
Se reafirma la soberanía venezolana sobre los islotes de Los Monjes. La Armada se equipa con modernos destructores de manufactura británicas y otras unidades de superficie, de menor tonelaje, de manufactura italiana. Se consolida la infantería de marina. La supremacía aérea frente a Colombia la garantizan los "F-86" comprados a los estadounidenses y los "Camberra" a los británicos. El arma de blindados y la artillería es equipada con modernas unidades. En números sin precedentes, militares venezolanos son enviados a efectuar cursos en el exterior, principalmente en el sistema militar estadounidenses.
Mientras las Fuerzas Armadas Nacionales se entrenan y equipan para hacer frente a las potenciales amenazas fronterizas. Dentro del contexto de la Guerra Fría, el gobierno de las Fuerzas Armadas venezolanas hace votos anticomunistas frente al Departamento de Estado. En lo interno la amenaza visible, según los militares criollos, era el comunismo internacional. Realmente es una segunda edición del temor anti-bolchevique de la època de Gómez y López Contreras. Pero en esta década de gobierno, efectivamente de los militares venezolanos como entes políticos directa y gerencialmente dominantes, paradójicamente, será una institución civil la encargada de velar por la lucha interna contra los enemigos del gobierno.
La llamada Seguridad Nacional, una policía civil bajo la dirección de Pedro Estrada, se convierte en la policía de investigaciones y represión política del gobierno. Se pretende durante estos años de pretorianismo gobernante, sustituir el papel político y social de los partidos políticos por el llamado Nuevo Ideal Nacional, con el cual se buscaba crear formas organizativas adictas al régimen dentro de la sociedad civil.
Resumiendo, por primera vez en el siglo XX venezolano la institución militar ejerce funciones de gerencia política directa de la sociedad, durante 1948-1958. Antes eran los militares el factor político clave, fundamental, esencial de poder, pero bajo la sujeción personalista al Jefe Único, Castro, hasta 1908 y Gómez, hasta 1935. Luego, será el reconocido y aceptado, por los militares mismos como máximo representante de la institución castrense, quien ejerza las funciones de Presidente de la República, los casos de los Generales López y Medina, 1936-1945. El Trienio experimenta un gobierno de Junta Cívico-Militar, hasta las elecciones que llevan al muy civil Gallegos a la presidencia. Éste es derrocado, a los pocos meses de asumir el cargo finalizando 1948. Los militares gobernantes de 1948-1958, dicen ejercer el poder en nombre de las Fuerzas Armadas. Éstos se burlan de los preceptos electoras y legales en nombre del progreso material del país.
La amenaza foránea con implicaciones políticas internas, es el comunismo internacional y sus pretendidos esfuerzos por llegar al poder vía los partidos políticos, por ejemplo, supuestamente según el gobierno militar, AD. Ante el carácter interno de este peligro para la seguridad y defensa de la nación, será la policía política civil y de investigaciones del gobierno quien actué. Las supuestas amenazas fronterizas son atendidas organizando una moderna, eficientemente entrenada y bien equipada fuerza militar disuasiva.
Lo interesante de todo esto es la diferencia entre el papel y la realidad concreta. El sector militar se sobredimensiona para enfrentar las "hipótesis Colombia y Guyana Británica". Las impresionantes compras de nuevos equipos militares, los acelerados esfuerzos modernizadores en las Fuerzas Armadas, traerán aparejadas una de las características del sector militar venezolano para la segunda mitad del siglo XX, insistimos: un sobredimencionamiento de la realidad militar. Ésta será una constante, en lo que se refiere al sector militar venezolano hasta los inicios del siglo XXI.
Sobre el caso de Guayana Británica y el territorio Esequibo, era prácticamente nada lo que podían hacer los venezolanos. En realidad era un problema de política exterior, donde casi nada, o nada, insistimos, podría obtenerse en el proceso descolonizador iniciado por los británicos después de la Segunda Guerra Mundial. Para los venezolanos no quedaba otra alternativa sino avanzar en el desarrollo de la Guayana criolla, explotando sus ingentes y vírgenes recursos, así como cultivar las mejores relaciones con los propietarios británicos del Esequibo, todo lo demás era, para decirlo en buen inglés: simple wishful thinking.
La situación interna colombiana luego del célebre "Bogotázo" de 1948, con su desatada violencia política, hacía que la amenaza de ésta sobre Venezuela, fuera menos que un ejercicio académico de retórica. Nunca había estado Colombia más débil y Venezuela más fuerte. Eso en términos estrictamente políticos, sin tener que tomar en cuenta los arsenales militares de cada una de estas naciones.
En la frontera sur venezolana, los "Generales" selva amazónica, enfermedades tropicales endémicas, lo despoblado, vasto e escasamente comunicado del territorio, eran las mejores garantías de "seguridad y defensa" para los venezolanos, los brasileños y colombianos. La real amenaza para el régimen del General Pérez Jiménez, era el problema interno generado por la conducción política del país asumida por las Fuerzas Armadas Nacionales. El peligro cierto era el personalismo político protagónico, que se apodera del presidente militar y de los Oficiales castrenses que aspiraban sustituirlo en el cargo.
El impresionante crecimiento económico experimentado por Venezuela durante los años 1950's, había fortalecido los sectores medios urbanos. La modernización de la realidad militar trajo aparejada un avance impresionante en los niveles reales de profesionalización militar. Existían ambiciones presidenciales, insistimos, entre altos Oficiales militares. El continuismo no era la ruta más indicada para transitar. La torpeza política demostrada en el fraudulento proceso electoral de 1957, marca el inicio del colapso del pretorianismo gobernante venezolano del siglo XX.
El 23 de enero de 1958 el general Pérez Jiménez abandona el país, luego de un frustrado golpe de estado el 01-enero de ese mismo año, así como de un breve período de desobediencia civil y presiones dentro del sector militar mismo, particularmente de la Armada. Desde la Junta Cívico-Militar presidida por el Contralmirante Wolfang Larrazabal, pasando por las elecciones presidenciales de diciembre de 1958 y durante la presidencia de Rómulo Betancourt, hasta la fracasada insurrección militar en la base naval de Puerto Cabello en 1962, hay recurrentes expresiones de fuerza por parte del sector pretoriano de la oficialidad militar venezolana contra el naciente sistema democrático.
La constante en los esfuerzos militares desestabilizadores, desde 1958 hasta 1962, fue el fracaso. Otro tanto será el destino de las acciones terroristas, de guerrillas urbanas y rurales, de la izquierda radical. Las acciones de éstas permitieron consolidar el entendimiento entre los dirigentes civiles de los gobernantes partidos políticos AD y COPEI, con el sector militar. Ante un enemigo común, con demostrado apoyo extranjero, nos referimos a la Cuba de Fidel Castro, se consolida la nueva edición de la recurrente simbiosis venezolana militar-civil y político-militar.
Para la seguridad y defensa de la nación la principal amenaza será la interna. Desde los años 1960's, las Fuerzas Armadas venezolanas rápidamente se reorganizan y entrenan para enfrentar una guerra de baja intensidad, irregular, de guerrillas. En contrapartida por los esfuerzos en vencer militarmente a los insurrectos, el sector militar adquiere una serie de inmunidades, privilegios y autonomías. Tal como la democracia venezolana de la época presenta imperfecciones, otro tanto podemos decir del Control Civil en Venezuela.
El sector militar logra mantener un muy alto grado de autonomía administrativa, casi sin supervisión detallada por parte de los organismos contralores civiles. Los procesos de contraloría son ejercidos, en una proporción mayoritaria por mecanismos internos del sector militar. Esto es particularmente cierto en lo referente a equipos relacionados con la seguridad y defensa de la nación.
Retiene, el sector castrense el monopolio de los temas de seguridad y defensa. ¿Dónde están los civiles especialistas en estos temas durante la segunda mitad del siglo XX venezolano? Sencillamente parecen no existir. Los miembros del Parlamento, de las Comisiones de Defensa en Diputados y el Senado, con la excepción del Dr. Rodríguez Iturbe, son políticos que no han producido evidencia escrita de su dominio sobre los temas estratégicos de interés para Venezuela. El sector civil parece, en una tradición heredada de los años de los 1950's, limitado a las funciones policiales y de seguridad política interna. Los especialistas civiles en temas como las relaciones internacionales, fronteras, administración, etc., son tenidos como meros "consultores" en un proceso donde "ni tienen valida voz ni voto", son, cuando más, meros "asesores", sobre los temas de interés estratégico para la nación y con su obra creadora, si es que la hay, sometida al monopolio castrense sobre los temas de seguridad y defensa nacional.
El nivel socio-económico de la oficialidad es debidamente atendido por los gobiernos de las décadas 1960-1970. Pero la democracia venezolana degenera en realidad en una "partidocracia adeco-copeyana", durante las décadas de los 1970's-1980's. Se avanza cada vez más en la dirección de un capitalismo de estado, se desechan las oportunidades por desarrollar las necesarias reformas económicas de carácter liberal. Las guerrillas son vencidas política y militarmente, pero las inmunidades y privilegios institucionales militares permanecen inalterados.
Los problemas con los aventureros brasileños en el sur de Venezuela, son resueltos con relativa facilidad y con un buen equilibrio de acciones militares y diplomáticas. Evidencia de lo antes señalado lo tenemos en las medidas de cooperación entre ambos países como el tendido eléctrico de Guiri en Venezuela hacia Boa Vista, en Brasil; la carretera No. 174, que permite el acceso de los brasileños al Caribe; las ventas de crudo venezolano a Petrobras y las periódicas reuniones de diplomáticos y militares venezolanos para tratar temas de interés común.
En lo referente al frente caribeño venezolano, el aspecto fundamental es el proceso de fijación de los límites marítimos con las demás naciones del llamado Gran Caribe. Las fronteras marítimas de la fachada caribeña, se fijan o establecen favorablemente para los intereses de la nación, en un proceso diplomático continuo, faltando aun hoy día por delimitar con algunas pequeñas naciones-estado insulares del arco caribeño oriental y con Colombia.
En el caso de Colombia las tensiones y amenazas se expresan en los sucesos vinculados con la corbeta Caldas, durante los 1980's; las actividades de los subversivos colombianos en la frontera venezolana, con los problemas de asaltos a puestos fronterizos venezolanos, secuestros de propietarios de la zona y el cobro de la llamada "vacuna" al sector productivo privado criollo. Estas actividades de los subversivos se incrementan, sustancialmente durante los años de los 1990's. El otro problema que afecta a Venezuela, originándose en Colombia, son las actividades del tráfico de substancias estupefacientes y psicotrópicas y los negocios vinculados con éste. Otro tanto se puede afirmar en lo que atañe a la delimitación fronteriza, definitiva, entre Venezuela y Colombia. Quizás en los procesos de integración económica regionales se encuentre una vía de solución a este problema.
En general las amenazas foráneas para Venezuela, desde los 1970's son las referidas supra. Considerar la dependencia petrolera venezolana de los mercados estadounidenses, como una amenaza a la seguridad y defensa de la nación, es petrificarse en una mentalidad propia de la llamada Guerra Fría. Actitudes y argumentos de este tenor, parecen dejar de lado que más que una amenaza, esta situación supone una fortaleza. Esto, en tanto que evidencia la importancia estratégica venezolana para los estadounidenses. Un caso en esencia parecido, cambiando lo que se tenga que cambiar, al de Canadá con sus vecinos inmediatos del sur.
Lo afirmado supra, no significan desconocer la importancia de otros mercados petroleros distintos al norteamericano. Estos, también pueden ser atendidos por la empresa venezolana mejor capacitada para incorporarse, de hecho ya lo está, al siglo XXI de la globalización y la economía mundial de mercados: PDVSA. Pero lo recién enunciado, no invalida el hecho cierto e inequívoco que el mercado de los hidrocarburos estadounidense es el más importante del planeta. En síntesis, sobre este tema específico, insistimos, más que una amenaza, esa relación comercial favorable con los norteamericanos es una fortaleza.
Dejando de lado las supuestas amenazas foráneas y volviendo sobre las de carácter interno, para finales de los años de los 1970's e inicios de los 1980's, la subversión extremista era prácticamente inexistente. Visiblemente se expresaba en los desordenes callejeros estudiantiles, un problema evidentemente policial y no militar. Pero, subterráneamente, durante estos años, los movimientos de la izquierda radical ya había establecido clandestinos vasos comunicantes con la joven oficialidad militar.
El entender la pobreza y las necesidades de desarrollo como amenaza interna, la primera, y necesaria estrategia nacional la segunda, había encontrado una institucional respuesta en el sector militar venezolano, desde mediados de los años de los 1970's. Las ideas del "nuevo profesionalismo militar" a lo Alfred Stepan (1973 y 1988), a diferencia del Perú o Brasil o el Cono Sur Americano, habían recibido en la Venezuela de esos años una respuesta institucional que no afecta el modelo político democrático vigente.
La explicación inicial a la situación planteada en el párrafo anterior, radica en la bonanza económica experimentada por Venezuela en esos años. También, la naturaleza del acuerdo no escrito entre el sector militar y el civil gobernante venezolano (lo llamado insistentemente a lo largo de este discurso escrito como simbiosis militar-civil y político-militar), donde ambos en la práctica compartían poder. Se levantaba, así, como una muralla muy alta para que pudiera ser superada con facilidad por intentonas militares desestabilizadoras. Eran más los riesgos que se podían correr con aventuras conspirativas que actuaran contra el status quo imperante en los 1970's-1980's, que los beneficios que se podían obtener respetando y acatando ese status quo.
Una relación causa efecto entre el deterioro económico venezolano, post-1983, y el desarrollo de los movimientos conspirativos-militares clandestinos, no presenta evidencia cronológica que concuerde. La evidencia testimonial ofrecida por Chávez, Izarra, Bravo, Prada, y Medina, en Blanco Muñoz (1998), Garrido (1998-2000) y Medina (1999) ubica los inicios de los movimientos conspirativos entre la joven oficialidad venezolana, en pleno período de crecimiento económico, finales de la década de 1970. Dos tendencias conspirativas parecen como identificadas en la evidencia testimonial recién referida.
Una propensión conspirativa minoritaria y menos impulsiva que la segunda mencionada en el párrafo anterior, es la que se desarrolla en Venezuela desde mediados-finales de los 1970's, influenciada por las ideas de la doctrina de Seguridad-Defensa-Desarrollo. Ésta cobra fuerza cuando las evidentemente necesarias reformas económicas liberales, no son impulsadas por los gobiernos, mientras se persiste en avanzar en la dirección de un peculiar capitalismo de estado, populista y clientelar en esencia. Parece ser neutralizada momentáneamente, cuando sus principales protagonistas militares son ascendidos, por méritos castrenses, a cargos burocráticos de la mayor importancia dentro del sector militar, donde parecen concentrarse en elevar técnicamente el nivel castrense de la realidad militar venezolana.
Los textos de José Antonio Gil Y (1978, 1983 y 1988) y Yépez Daza (1984), analizados con apego a la crítica histórica, son de suma utilidad para entender lo anteriormente afirmado. Candidaturas presidenciales como la de Salas Römer, en 1998, evidencian los esfuerzos de un sector importante de la élite propietaria venezolana por encontrar una solución política, distinta y "transicional" frente al bipartidismo de AD y COPEI, a favor de las reformas liberales y el desarrollo de una dinámica economía de mercado en Venezuela. Ante esta situación política reciente la realidad militar se apegó a la constitucionalidad, siendo garantes efectivos del orden institucional.
La otra tendencia conspirativa es parte de los esfuerzos de la derrotada izquierda radical, de 1958-1968, por lograr una solución "militar" para alcanzar sus aspiraciones de obtener el poder político en Venezuela. Los Tenientes-Coroneles Izarra y Chávez son las puntas de lanza, hasta ahora visibles de tal proceder, en el sector militar. Dentro de la esfera civil conspiradora destacan Douglas Bravo y Pablo Medina. Las logias militares conspirativas recibieron los nombres de M-83, ARMA y MBR-200. Las dos primeras fueron desarticuladas por los organismos de seguridad del estado venezolano, la segunda emerge el 4-F de 1992.
Si algo evidencian los sucesos de fuerza del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, es que la tendencia de Oficiales militares venezolanos pretorianos, como tendencia, no había desaparecido en los 1960's. Ya sea en la versión radical "nacionalista-marxista", como febrero, o en la versión acorde con los principios de la doctrina de Seguridad-Defensa-Desarrollo, como en noviembre, el carácter pretoriano de ambos movimientos es obvio. Su fracaso, también, demuestra el predomino, hasta ahora, de la tendencia de orientación profesional entre la oficialidad militar venezolana.
Otro aspecto que llama a la reflexión, es que las identificadas como amenazas foráneas a la seguridad y defensa nacional son ciertamente secundarias, dentro del contexto venezolano de los 1990's, con la excepción de las actividades de la llamada narcoguerrilla colombiana y su proyecto político. Lo auténticamente importante para países como Venezuela parece ser, en términos históricos, las condiciones internas y políticas de la nación.
La crisis del capitalismo de estado venezolano, se manifiesta violentamente en 1989-1992 y todavía no ha tenido una respuesta definitiva, para julio del 2000. En términos teóricos las amenazas de origen foráneo se mantienen, prácticamente, inalterables a todo lo largo del siglo XX venezolano. Cambian de matiz, como en el caso de Colombia con el proceso aún no concluido sobre la definitiva demarcación de las fronteras, las actividades de la guerrilla y los problemas generados por el llamado narcotráfico, pero en general evidencian su permanencia más que centenaria.
En el frente insular caribeño se continua lenta, pero constantemente, en la dinámica vinculada con la definitiva delimitación de las fronteras marítimas venezolanas. El caso de la República Corporativa de Guyana, antigua Guayana Británica, se sigue el proceso diplomático iniciado hace ya décadas con el propósito de encontrar una solución al problema limítrofe planteado. Con Brasil, no surgen visibles problemas fronterizos, por el contrario se desarrollan acertadas políticas de cooperación en infraestructura, comercio y energía. Pareciera como si en los planes del llamado "Eje Orinoco-Apure", estaría parte de la estrategia venezolana conducente a encontrar soluciones a las centenarias y potenciales tensiones en la Guayana y Amazonia criollas.
Las condiciones cambiantes, en lo que amenazas ciertas se refiere, son, principalmente, de origen endógeno pero vinculadas con la reiterativa tensión socio-política interna en Venezuela. Éstas tienen su origen en las fuerzas a favor y en contra, dentro de la sociedad criolla, para implantar una auténtica democracia. Una realidad política en el sentido de una democracia incluyente en palabras de K, Remmer (1992). Las tensiones que de ello se generan, históricamente, durante el siglo XX, han dado a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en lo político.
Inicialmente, fueron el Ejército y las Fuerzas Armadas en general, las garantes de la paz interior y celosas defensoras de la integridad territorial. Función, esta última, que las lleva desde 1950's, a un sobredimencionamiento para los fines expresos de las necesidades ciertas de seguridad y defensa nacional. Luego del innegable fracaso experimentado, durante 1948-1958, como agentes directores de la política y desarrollo nacional, el combatir en la guerra irregular, de baja intensidad, contra las guerrillas radicales de los 1960's-1970's, les permite seguir manteniendo su condición sobredimensionada para los fines ciertos de la seguridad y defensa nacional. El incidente con las unidades de la marina de guerra colombiana, en el Golfo de Venezuela, durante los 1980's, contribuye a mantener esta situación que hemos calificado como de sobredimencionamiento de la Fuerza Armada Venezolana.
El término "sobredimencionamiento" es necesario aclararlo debidamente para evitar confusiones o malas interpretaciones. Un axioma del sector militar, es que constantemente se preparan para la guerra y nunca está lo suficientemente preparado para ésta. Cuando se emplea el término arriba citado, no es en el sentido recién expuesto. Se procura es resaltar un equipamiento, unas instalaciones, una infraestructura, que se evidencian como superiores a las necesarias para garantizar con una óptima productividad las condiciones necesarias de seguridad y defensa de la nación. Por herético que parezca, se pretende es resaltar la idea de que las capacidades disuasivas bélicas de la nación se muestran como superiores a sus amenazas reales, dentro del contexto hemisférico actual y en futuro predecible.
Los logros del Plan Bolívar-2000, en todas sus variantes, con todas las criticas que puedan hacérsele, evidencian no solo la capacidad del sector militar venezolano para cumplir con éxito las misiones que le son encomendadas. Pone también, este publicitado éxito del Plan Bolívar 2000, de manifiesto, como las Fuerzas Armadas Nacionales puede actuar en masivas operaciones de acción cívica, y al mismo tiempo garantizar la seguridad y defensa de la nación. Por lo tanto, se puede concluir, en sana lógica, que se está ante una demostración cierta del carácter sobredimensionado del sector militar venezolano.
El colapso político del dominante binomio adeco-copeyano, finalizando la década de los 1990's, no genera situaciones de violencia. La institucionalidad se muestra como lo suficientemente sólida, para resistir las presiones que se derivan de iniciar una serie de cambios constitucionales. Estas transformaciones se terminaran de manifestar, hasta donde es posible predecir, en las elecciones del 2000. Las Fuerzas Armadas Venezolanas han sido las garantes de que esta situación de cambios se desarrolle, sin afectar seriamente los niveles reales de competitividad y participación política. Esta situación se explica por varias razones. Quizás, la primera que se debe considerar es la existencia en la sociedad venezolana de una estructura institucional, en términos huntingtonianos, superior en fortaleza a los niveles de participación política. Otra razón está vinculada con el papel político institucional del sector militar, garantes de una condición general de Ley y Orden, e históricos responsables del fin de la violencia política en Venezuela, desde comienzos del siglo XX. También, el predominio dentro de la institución castrense venezolana de una oficialidad de sana orientación profesional, que ha demostrado supremacía institucional frente a los sectores de tendencia pretoriana, que aun subsisten dentro de la estructura militar.
Otro aspecto que no debe descuidarse para entender la situación comentada en el párrafo anterior, es la referente al contexto hemisférico y mundial. La tendencia planetaria es contraria a las soluciones políticas autoritarias. El poder de los factores económicos mundiales, en una realidad globalizada y de mercados, se ha demostrado recientemente como muy efectiva en la evolución política de Indonesia y hasta en la muy europea Austria. En un nivel hemisférico, situaciones como las del General Oviedo en Paraguay, o los sucesos recientes en el Ecuador, evidencian la fortaleza de los mecanismos institucionales del continente para poder frenar soluciones políticas de fuerza.
Sin desconocer lo antes afirmado, desde 1998, resulta como evidente una mayor participación de Oficiales militares, en condición de retiro y activos, en importantes funciones gerenciales de la administración pública venezolana. Los dos principales candidatos para las elecciones presidenciales, inicialmente programadas para Mayo del 2000, son ambos Tenientes-Coroneles vinculados con la derrotada rebelión militar del 4-F de 1992. Pareciera como si el sector con inclinaciones políticas dirigentes, en la realidad militar venezolana de finales del siglo XX e inicios del XXI, abandonó la profesión castrense para incursionar en la gerencia política directa de la sociedad.
La presencia de Oficiales activos y en condición de retiro, en importantes cargos públicos de los Ministerios y entes del Estado, supone el uso racional de la capacidad gerencial de éstos en funciones de carácter no militar. Situación que pondrá a prueba la eficiencia de éstos como administradores y gerentes. Condición que no sólo será apreciada por la sociedad como el proceder de individualidades, serán, quiéranlo o no, representantes del sector militar en funciones de gerencia pública usualmente reservadas para miembros civiles de la sociedad.
El éxito o fracaso de estos Oficiales militares en funciones de gerencia pública, fortalecerá o debilitará, ante la opinión pública en general las ideas sobre la capacidad gerencial de la institución militar. Carácter gerencial y administrativo donde el sector militar venezolano, dicho sea de paso, cuenta con pocos antecedentes exitosos en sus aplicaciones efectivas en áreas propias del sector civil en la Venezuela del siglo XX. Sea cual sea el resultado de estas gestiones, lo importante es que una situación como ésta evidencia condiciones de cambio en las relaciones civiles-militares venezolanas en los albores del siglo XXI.
Luego de un siglo de evolución histórica, durante 1898-2000, cómo vincular los cambios recientes en las relaciones civiles-militares venezolanas con su contexto centenario. Establecer un criterio de periodización es, por definición, caer en el terreno de la discusión académica. Cuándo termina un proceso y cuándo se inicia otro, es y será tema de controversia. En la literatura venezolana se cuenta con dos textos donde se aborda el tema de la periodización del sector militar en el siglo XX. Uno es el estudio del profesor universitario Elery Cabrera (1996), el otro es el libro del Coronel Emilio Fuentes Latorraque (1996).
Comparando los textos de Cabrera y Fuentes Latorraque, encontramos diferencias que es necesario resaltar. El primero evidencia ser un primer esfuerzo de periodización en una investigación de mayor aliento. Es decir, es una especie de avance de investigación. Mientras el segundo demuestra ser una obra de madurez, una síntesis de años de reflexión y estudio sobre el tema, un libro con fines didácticos y académicos. Esto explica lo detallado del esfuerzo de periodización de Cabrera y la visión de conjunto, amplia y general que ofrece Fuentes Latorraque.
En el campo de las relaciones civiles-militares en la Venezuela del siglo XX la constante es la ausencia de un efectivo, real y eficiente Control Civil sobre el sector militar. Tomando el criterio de periodización de Cabrera o Fuentes Latorraque, sobre la evolución histórica de las Fuerzas Armadas Venezolanas, esta constante se mantiene, con diferencias de matiz pero evidenciando su carácter recurrente y centenario. La expresión visible de esta realidad es la fusión militar-civil y político-militar, comentada insistentemente a lo largo del presente discurso escrito.
El proceso evolutivo militar venezolano del siglo XX se vincula con características heredadas del siglo XIX. Los Oficiales militares pretorianos y de orientación profesional no surgen por generación espontánea en 1900-1910, son una continuidad histórica que hunde sus raíces en las guerras de independencia en Venezuela. El siglo XX es testigo de la fortaleza y luego paulatina perdida de poder dentro de la institución militar venezolana, de los Oficiales pretorianos y de la consecuente supremacía de los de sana orientación profesional.
La tendencia pretoriana dentro de la estructura castrense venezolana tiene un definido carácter ascendente desde la creación de un auténtico Ejército Nacional, 1899-1910, hasta la crisis del pretorianismo gobernante venezolano: 1957-1963. Pero es fundamental entender que esto no significa de desaparición de Oficiales militares con vocación pretoriana dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas contemporáneas. Lo que en realidad significa, es su perdida de influencia preponderante dentro de la realidad militar misma.
En el proceso inicial de consolidación democrática en Venezuela, durante 1936-1945, la tendencia evolutiva civilista fue incapaz de enfrentar con éxito la propensión mayoritariamente pretoriana dentro del sector militar. Ello explica los golpes de estado exitosos de 1945 y 1948, así como el gobierno pretoriano gobernante subsiguiente hasta 1958. El fracaso gerencial y político del sector militar en funciones de gobierno; el recurrente personalismo evidenciado por el General Pérez Jiménez y la cúpula militar gobernante de ese entonces, así como sus aliados civiles; el proceso de profesionalización militar, el fortalecimiento de las clases medias urbanas y de provincia y las condiciones hemisféricas obvias finalizando la década de los 1950's, son todas razones que explican el colapso del pretorianismo gobernante venezolano.
El proceso de reacomodo militar y político, iniciado en 1957-1958, se extenderá hasta 1962-1963. Es un proceso accidentado de frustrados golpes de estados, insurrecciones militares y los pininos de la guerrilla de orientación marxista-castrista en Venezuela. La longeva simbiosis militar-civil y político-militar venezolana del siglo XX, se edita en una nueva edición mejorada, corregida y adaptada a los nuevos tiempos de consolidación democrática que se vivían en ese entonces. La derrota de los pretorianos significa el predominio de los Oficiales de orientación profesional, pero más allá de las apariencias, el poder tutelar del sector militar sobre la realidad política venezolana se mantiene incólume, en lo fundamental.
El protagonismo político de los partidos políticos, particularmente AD y COPEI, tiende una cortina de humo sobre el poder político tutelar retenido por el sector militar venezolano sobre la actividad política nacional. El triunfo sobre las guerrillas extremistas, el avance en la profesionalización, capacitación técnica e intelectual de la oficialidad militar y modernización de la realidad castrense, son los antecedentes inmediatos para las primeras manifestaciones de un "nuevo profesionalismo militar de seguridad interna", tal y como lo entiende Stepan (1973), pero en el muy específico caso venezolano. Este "nuevo profesionalismo militar" se manifiesta en el contexto criollo, tímidamente primero en los años finales de los 1970's, como se señaló en páginas anteriores, luego de manera violenta en febrero y septiembre de 1992.
La simbiosis militar-civil y político-militar en su edición de los 1960's, logra su cometido fundamental: el fortalecimiento de la institucionalidad política y la supervivencia del papel tutelar, en lo político, del sector militar venezolano. Ambas condiciones se evidencian en la capacidad demostrada por la élite dirigente militar para mantener condiciones fundamentales de Ley y Orden con base cierta de carácter constitucional, ante un proceso de cambios que ofrecen como elemento histórico central el desmantelamiento del peculiar y tropical capitalismo de estado venezolano. Esa realidad político-económica que representaban la "partidocracia adeco-copeyana".
Al desmoronarse el modelo político bipartidista, en una acelerado proceso, desde 1992, el peso histórico del personalismo venezolano demuestra su ancestral vigencia. Las presidencias de Caldera (1994-1999) y de Chávez (1999-2000) evidencian el resurgir de un personalismo político sui géneris. Son personalidades públicas con prestigio nacional, con el apoyo electoral circunstancial de una serie de pequeñas organizaciones políticas, carentes del respaldo de las maquinarias electorales de AD o COPEI, quienes triunfan en los comicios presidenciales. Pero el acuerdo militar-civil y político-militar, fraguado en los 1960's, mantiene las condiciones básicas de la legalidad republicana, constitucional y democrática. Esta situación se ha dado, aún cuando el protagonismo político visible de una parte de la ecuación, los "adecos-copeyanos" desaparece de la fórmula de poder.
Lo verdaderamente fascinante de todo el proceso reciente, en los últimos ocho años, en lo que se refiere a las relaciones civiles-militares en Venezuela, es que ante la ausencia de un consolidado y dominante Control Civil, no se presenten formas visiblemente pretorianas como alternativas políticas inmediatas. El papel tutelar, de hecho mas no de derecho, de la institución militar sobre el acontecer político nacional se efectúa, hasta el día de hoy, con estricto respeto a los altos niveles de competitividad y participación política. Lo contradictorio de lo recién enunciado amerita una explicación, aun cuando ésta se breve.
El proceso de cambios estructurales en la sociedad venezolana iniciado en 1989-1992, aun no ha concluido. Estos cambios son de una clara orientación, en el largo plazo, de carácter liberal y como tendencia sus efectos se anuncian como dominantes a nivel planetario en el naciente siglo XXI. El proceso de implantación de estos nuevos parámetros en la realidad venezolana, se ha evidenciado como accidentado y contradictorio. La "partidocracia adeco-copeyana" demostró ser incapaz de avanzar en esa dirección. Los logros, desde 1994, en esta ineludible dirección reformista, han sido lentos y sinuosos. La dirigencia política en funciones de gobierno parece temerosa de los efectos políticos, así como electorales, inmediatos, de la implantación de las necesarias reformas económicas liberales. Ante esta situación el sector militar mantiene una neutralidad que se expresa en ser garantes de la Ley y el Orden, estar atentos para evitar la anarquía de ser necesario y garantizar los niveles ya obtenidos de competitividad y participación política.
Pareciera como si el "mensaje" del sector militar a la Sociedad Civil luce diáfanamente claro, según los hechos políticos de los últimos ocho años: toca a ésta tomar las decisiones políticas acertadas. Debe, pues, la Sociedad Civil organizarse racional y democráticamente. En contrapartida, la realidad militar reaccionará según se organice el naciente nuevo orden político. El profesionalismo militar se evidencia como fortalecido luego de un proceso más que centenario de maduración, las presiones ejercidas por el pretorianismo latente, en términos de Perlmutter (1977), se mantiene bajo control y el "nuevo profesionalismo militar" a lo Stepan (1973), no se manifiesta con visibles efectos protagónicos, contrarios a la institucionalidad democrática.
Todo este interesantísimo proceso, en términos históricos, llevará necesariamente a una reestructuración de la Fuerza Armada Nacional, tal y como la califica la Constitución de 1999. También, pese a los potenciales augurios de algunos especialistas sobre posibles escenarios desestabilizadores, en el corto plazo (Romero, 1999 o Pérez-Ledezma, 2000, o Trinkunas 2000), la tendencia histórica, sin desmeritar los resultados coyunturales inmediatos, apuntala la idea de una profundización del profesionalismo militar venezolano y la consolidación de un auténtico Control Civil en el mediano y largo plazo.
Precisamente en la reestructuración de la FAN y en su capacidad para avanzar en estas transformaciones sin experimentar serios traumatismos que lesionen su capacidad disuasiva, radica la importancia en términos de Seguridad y Defensa, así con mayúsculas, de todo este proceso de cambio. Cómo mantener altos niveles de operatividad y eficiencia, reduciendo la dimensión del sector militar y al mismo tiempo elevando su productividad. Pero, sin descuidar lo señalado sobre el largo plazo del proceso, los analistas de lo inmediato tienen sobradas razones para destacar lo escabroso del proceso de cambios si la dirigencia militar no efectúa las necesarias acciones para controlar el histórico potencial pretoriano del sector castrense venezolano.
La recurrente simbiosis militar-civil y político-militar venezolana del siglo XX, se encuentra en un proceso de reestructuración, todavía no plenamente definida en los albores del siglo XXI, o surge una nueva edición de ésta o muta hacia formas ciertamente democráticas y profesionales militares consolidadas, en ese orden. El sector dirigente militar, tendrá que seguir actuando acertadamente en procura de una realidad castrense cada vez más profesionalizada, deslastrando el pretorianismo y favoreciendo el Control Civil. Es ésta la mejor política posible para lograr la seguridad y defensa nacional en el corto, mediano y largo plazo en los inicios del nuevo milenio.
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