La seguridad de los colombianos es un asunto que compete no sólo al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública, sino a todo el Estado y a toda la sociedad. Desde el momento en que el Presidente Uribe me encomendó la tarea de desarrollar las bases de la Seguridad Democrática en un documento que recoja tanto el marco conceptual como las políticas de seguridad del Gobierno, reuní un equipo del Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Nacional para estudiar y estructurar las soluciones más adecuadas a los problemas del país en esta materia. El resultado de este trabajo es el documento que aquí presentamos. La transparencia y la inclusividad han sido nuestros principios rectores. Establecer la responsabilidad que nos cabe a todos por la seguridad de nuestros conciudadanos implicaba en primera instancia abrir un diálogo al interior del Gobierno, para proponer respuestas conjuntas. Dentro del marco establecido por el Presidente de la República, hemos construido junto con otros ministerios una política que asigna a la pronta y cumplida administración de justicia, al mejor manejo de las finanzas, a la diplomacia y al buen funcionamiento de la administración pública y de todas las entidades del Estado un papel definitivo en la consecución de la seguridad.
De esta manera, desarrollamos una verdadera política de Estado a largo plazo que involucra no sólo al Gobierno, sino a las demás ramas del poder. Diseñamos estrategias para hacer frente al secuestro, para desvincular a los jóvenes de las armas, para proteger la infraestructura de la Nación, para eliminar el narcotráfico y para desmantelar las estructuras de las organizaciones terroristas. Estamos convencidos que de esta manera no sólo cumplimos con nuestra obligación de proteger a la población, sino que aseguramos espacios de discusión y participación democrática. Sobre la base de estas estrategias hemos reunido a todo el Gobierno para establecer un plan estratégico de seguridad con prioridades, responsabilidades y programas para cada una de las entidades.
No menos importante ha sido la participación de diferentes sectores de la sociedad en el diseño de esta política. En un largo proceso de consulta, en el que circulamos los borradores iniciales de este documento y organizamos foros de discusión, logramos recoger los comentarios y opiniones de intelectuales, académicos, representantes del sector privado y de muchos otros que con sus observaciones y críticas enriquecieron esta política. Ciudadanos de la más variada índole nos hicieron llegar sus propias recomendaciones. Por otra parte, los consejos de seguridad que encabeza el Presidente de la República semanalmente en las regiones nos han permitido complementar la visión del Gobierno con la de la población que sufre directamente las consecuencias del terrorismo y la inseguridad. Hemos tenido en cuenta todas estas propuestas y preocupaciones.
Este es un cambio radical frente al pasado. Los colombianos por mucho tiempo pensamos que la seguridad era problema y responsabilidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Durante años hubo un gran vacío en la acción del resto del Estado en algunas áreas críticas de nuestra democracia y en algunas regiones de Colombia. Es justamente ese vacío el que explica el crecimiento sin precedentes del narcotráfico y consecuentemente de las organizaciones terroristas en grandes regiones de nuestro territorio. De allí que el eje de esta política sea precisamente lograr el completo control del territorio por parte del Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La Fuerza Pública ha puesto todo su empeño en cumplir con su responsabilidad. En los últimos años, el proceso de profesionalización que lideran los comandantes de nuestras fuerzas ha incrementado su capacidad de respuesta, su movilidad y, sobre todo, el apoyo que recibe por parte de la sociedad. La seriedad con que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se han aplicado a la instrucción y difusión de los derechos humanos no tiene paralelo en el continente, y mucho menos en un país que enfrente retos a su seguridad como los que enfrenta Colombia.
El resultado de esta combinación de ética, profesionalismo y mayor eficiencia de la Fuerza Pública ha sido, en primer lugar, el reconocimiento por parte de las organizaciones armadas ilegales de que por el camino de la violencia no van a avanzar. Ante esta imposibilidad y la falta de apoyo popular, han preferido volcar su poder de destrucción sobre la población civil, practicando un terrorismo atroz que día tras día cobra la vida de inocentes y supera por mucho en civiles asesinados y secuestrados lo que han conocido otros países de América Latina. Sus propias organizaciones subsisten sólo mediante el terror con el que disciplinan a sus hombres y maltratan a sus mujeres; y mediante los recursos del narcotráfico con los que compran conciencias y apoyo político, en Colombia y en el exterior.
En segundo lugar, la profesionalización de la Fuerza Pública le ha valido un grado de confianza y de reconocimiento sin par en la sociedad colombiana, que se siente identificada con sus militares y policías. La Fuerza Pública continuará su proceso de fortalecimiento y será uno de los pilares en la recuperación de la seguridad. Hemos creado nuevas brigadas móviles, batallones de alta montaña, unidades de soldados campesinos -que son soldados que prestan el servicio militar en su lugar de residencia- unidades especiales antiterrorismo, escuadrones móviles de carabineros, y estamos expandiendo la presencia de unidades de la Policía Nacional a todos los municipios del país.
El proceso de profesionalización de la Fuerza Pública estará acompañado de un esfuerzo por incrementar la coordinación y el trabajo conjunto, tanto al interior de la Fuerza Pública como entre ésta y los demás organismos judiciales y de investigación del Estado. Ejemplo de ello es la coordinación de la inteligencia. Desde el comienzo del Gobierno, el Ministerio de Defensa ha liderado reuniones conjuntas de las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el DAS y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Esta coordinación ya está dándonos frutos.
La Fuerza Pública dará el primer paso en este esfuerzo de articular una respuesta integral a los retos de seguridad. El segundo lo debe dar el Estado en su conjunto y el tercero, toda la sociedad. La población civil no puede ser blanco de agresiones. Pero todos los colombianos tenemos no sólo el derecho, sino también el deber de participar activamente en el fortalecimiento de nuestra democracia, de respaldar nuestras instituciones, de apoyar la labor de nuestra Fuerza Pública, de ser solidarios con quienes sufren el desplazamiento, la violencia y el terror a manos de las organizaciones armadas ilegales. Una democracia fuerte y una Nación solidaria son la mejor garantía de que nuestros derechos se respetarán.
Con el liderazgo del Presidente Uribe y con una política de seguridad de Estado y apoyada por los ciudadanos, lograremos el objetivo de la seguridad individual, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la protección de la democracia, y con ello la prosperidad y el bienestar de todos los colombianos. Que no es nada menos, como lo ha señalado el señor Presidente, que la realización de los principios y fines que encabezan nuestro escudo nacional: libertad y orden.
Las diferentes personas del sector académico y empresarial que examinaron este documento insistieron en la necesidad de que ésta, como una Política de Estado, tenga continuidad a largo plazo en sus objetivos fundamentales. Por ello hemos propuesto su permanencia del 2002 al 2012.
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