Recuperar el orden y la seguridad -requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno. La Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos.
La Seguridad Democrática tiene unos principios guías y unas políticas que están en desarrollo. En este documento presentamos la carta de navegación de lo hecho y de lo que está por hacer, para que servidores del Estado, miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos conozcan el conjunto de nuestra política de seguridad y participen en ella.
La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno.
No hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que disentir no signifique exponer la seguridad personal. Pero hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal. Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica.
La antípoda de la política democrática es el terrorismo, que pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros, al costo de la vida de miles de civiles. Es lo que hemos visto en los atentados del club El Nogal en Bogotá y de Neiva. Es lo que hemos visto en Fortul, Arauca, donde terroristas engañaron a un niño con una bicicleta bomba que luego activaron, acabando con su vida. Frente al terrorismo sólo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal, soportarán todo el peso de la ley.
Los colombianos no cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía. El concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la Fuerza Pública. Este principio, esencial en el texto de nuestra Constitución, es fundamental para la convivencia, para la creciente consolidación en la integración profunda del pueblo colombiano. La masiva respuesta de la población a la cooperación dentro del marco institucional ha demostrado la determinación del pueblo colombiano de acabar con el terrorismo.
También necesitamos la solidaridad de otros países, en especial de la región, para frenar el terrorismo y su aliado el narcotráfico. Tenemos que congelar sus cuentas, perseguir a sus hombres, entregarlos a la justicia. Lo he dicho en repetidas ocasiones: quien toma la decisión de albergar el terrorismo termina siendo víctima del terrorismo. Para derrotar el terrorismo no hay soberanía de naciones, sino soberanía democrática. La lucha es de la soberanía de los Estados y de las naciones democráticas contra la soberanía del terrorismo. La lucha es de todos contra el terrorismo.
Requerimos eficacia con transparencia. Eficacia, que se mide en resultados, y transparencia, que se mide en la observancia de los derechos humanos. Tenemos la suerte en Colombia de contar con una Fuerza Pública respetuosa como ninguna en el continente de la democracia y del orden constitucional. La eficacia dentro de la transparencia y del acatamiento al ordenamiento jurídico es la base sobre la que debemos actuar.
Recuperaremos la seguridad de nuestros ciudadanos sin limitar sus libertades. Colombia siempre ha sido ejemplo en América Latina de la libertad de prensa. No ha pasado por la mente de este Gobierno restringir esa libertad, con normas jurídicas excepcionales o permanentes. Sólo pedimos a los periodistas, como a todos los ciudadanos, actuar con responsabilidad a la hora de divulgar información que pueda poner en peligro la seguridad de todos.
Nuestra actuación será de frente y con las cartas sobre la mesa. La Fuerza Pública constituye el elemento coercitivo de la Constitución para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. No es un actor de guerra ni de conflicto y no debemos permitir que se le iguale a grupos violentos, contra los cuales actuará con absoluta determinación, llámense como se llamen. La legitimidad de nuestras instituciones depende de nuestra determinación de luchar por igual contra toda organización, grupo o persona que amenace la seguridad de los ciudadanos, de las instituciones y de la democracia.
Tenemos tanta generosidad para albergar a los que desistan de la vía violenta, como firmeza para derrotar el terrorismo. Así como no desmayaremos para derrotar al último de los terroristas, los que quieran hacer la paz con el Estado colombiano tienen la oportunidad de hacerla rápidamente, acogiéndose a la política de desmovilización. Hemos hecho un llamado a los jóvenes campesinos, a los jóvenes de los sectores urbanos que han sido engañados o forzados a hacer parte de los grupos violentos a que abandonen las armas. Cómo se frustra la familia del campesino, cómo sufre la familia urbana cuando los hijos son obligados por estas organizaciones a ingresar a sus filas. Tenemos toda la disposición de acoger a todos aquellos que renuncien a la violencia, a darles todas las garantías de seguridad y las oportunidades de educación para que se reintegren a la sociedad. Quienes manteniendo pudor político crean que aún tienen ideas para defender, que rechacen la vía de la violencia y vengan a desmovilizarse o a hacer un acuerdo de paz con el Gobierno. Les daremos todas las garantías para ejercer la política que merece el disidente en la democracia.
La seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza Pública. Este va a ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos. Una estructura estatal fuerte, apoyada en la solidaridad ciudadana, garantiza el imperio de la ley y el respeto de los derechos y libertades.
El imperio de la ley es también garantía de desarrollo y prosperidad económica. Cada vez que hay un secuestro se afecta profundamente la confianza de los inversionistas, se dispersan los capitales y se pierden fuentes de empleo. Cuando la Seguridad Democrática desarrolla una política para eliminar el secuestro, está defendiendo al pueblo y las garantías sociales básicas.
Hemos avanzado, pero el camino es largo. Este es un esfuerzo de años, que requiere perseverancia en la política y resultados concretos para que sea sostenible nuestra demanda permanente de apoyo a los ciudadanos, para que paguen sus impuestos con convicción, para que los soldados y los policías estén acompañados permanentemente por el ánimo popular. No descansaremos hasta hacer de la Seguridad Democrática una realidad para todos los colombianos.
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