1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESTADO
La Constitución Política de la República, en su Capítulo I sobre las “Bases de la Institucionalidad”, establece los principios que orientan el ordenamiento jurídico y político de Chile y que expresan la continuidad de la tradición republicana del Estado nacional.
Se trata de principios también reconocidos por otros países que comparten las premisas del régimen democrático y del respeto a la persona humana y sus derechos, pero a los que cada país imprime su sello particular en la tarea de darles vigencia cotidiana.
En Chile existe un amplio reconocimiento de la persona humana, su dignidad y derechos, así como de las comunidades en que aquélla se desarrolla, partiendo por la familia. El pleno respeto de los derechos de las personas impone al Estado las finalidades que se recogen en el recuadro (Ver Recuadro 1). De la dignidad e igualdad inherente a todas las personas se deducen también objetivos socio-económicos prioritarios para el país, tales como la cohesión e integración social y la superación de la pobreza.
1.1. Orden Institucional: Democracia y Estado de Derecho
Chile es una República democrática, tal como se establece en el artículo 4º de su Constitución Política, donde impera el Estado de Derecho y la vigencia de los principios de supremacía constitucional, de legalidad, de tutela judicial y de control de los actos de la administración del Estado. En este contexto democrático y pluralista, el Estado asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y el ejercicio pleno de las libertades individuales.
El Estado de Chile es unitario y la soberanía se extiende a todo su territorio continental, insular y antártico, así como a los espacios aéreos y marítimos, con sujeción a las leyes y a los tratados internacionales respectivos. El ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo y por las autoridades que lo representan, conforme a la Constitución Política, reconociendo como límite de sus actos los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En sus relaciones exteriores, Chile adhiere íntegramente a los principios de solución pacífica de controversias, de no intervención en los asuntos internos de otros estados y del respeto al derecho internacional.
RECUADRO 1
- LOS FINES DEL ESTADO
- Estar al servicio de la persona humana y promover el bien común.
- Respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
- Proteger a la familia, núcleo fundamental de la sociedad, y propender a su fortalecimiento.
- Proteger a la población.
- Promover la integración armónica de todos los sectores de la nación.
- Contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.
1.2. Objetivos Nacionales
El Estado de Chile persigue fines generales que se encuentran expresados en la normativa constitucional, la que, a su vez, es el resultado de la experiencia histórica y del acervo político-cultural del pueblo chileno. De tales fines se desprenden metas que, por lo mismo, se pueden considerar fundadamente como aspiraciones de las grandes mayorías nacionales. Estas metas orientan y dan coherencia a la actividad global del Estado, incluida la defensa. En este ámbito específico, donde se las conoce como objetivos nacionales permanentes, estas metas conforman la base a partir de la cual es posible el ejercicio de la función de planificación (Ver Recuadro 2). Tal como aparecen enunciados en el recuadro, los objetivos nacionales permanentes se inscriben dentro de la tradición constitucional chilena y corresponde a cada gobierno, a partir de sus propios postulados, impulsar una agenda pública que los materialice. En otras palabras, los objetivos nacionales permanentes se actualizan y adquieren concreción en decisiones, instrumentos y acciones que expresan la voluntad política de las instituciones democráticas chilenas. Los gobiernos elaboran estos objetivos actuales (o políticos) del país para una extensión variable de tiempo, pero en general lo hacen apuntando a un horizonte temporal que no necesariamente se agota en sus propios períodos. Como es natural, será más fácil lograr el compromiso ciudadano con la defensa y la seguridad del país mientras mayor conciencia y consenso exista respecto de las metas finales por alcanzar.
2. CARACTERÍSTICAS: ESTADO Y DEFENSA
El Estado de Chile tiene por funciones primarias las de gobierno interior, relaciones exteriores, administración de justicia, obtención y asignación de recursos financieros, y defensa. En general, el propósito de la función de defensa es proteger a la población, preservar el territorio nacional y resguardar la capacidad del Estado para el ejercicio de su soberanía frente a amenazas externas contra estos elementos fundamentales del país, así como apoyar el logro de los objetivos nacionales en el ámbito internacional. La Defensa debe ser considerada como un bien público en un sentido integral. Cumple una función social básica para la existencia de la sociedad y no puede ser provista sino por el Estado. Como parte de la seguridad que requiere el país, la Defensa concurre a hacer posible el desarrollo de la sociedad.
2.1. La Función de Defensa
La Defensa es un bien que alcanza a todos los miembros de la comunidad nacional; una vez producido, nadie lo obtiene en desmedro de otros. Para garantizar este efecto, es necesario que se satisfagan las siguientes condiciones:
a) Que el monopolio de la fuerza legítima pertenezca al Estado.
b) Que el Estado la organice, la dote de medios y le asigne objetivos con un sentido nacional.
c) Que el Estado realice esta tarea de manera continua en el tiempo, ya sea en la paz o en la guerra.
d) Que el ejercicio de la función abarque la suma de actividades de los organismos del Estado necesarios para la defensa, ya que su ámbito excede los límites de lo estrictamente militar.
RECUADRO 2
- OBJETIVOS NACIONALES PERMANENTES
- La preservación de la nación chilena.
- La conservación y enriquecimiento de su identidad y patrimonio culturales.
- La mantención de su independencia política.
- La mantención de su soberanía.
- La mantención de la integridad del territorio nacional.
- El logro de un desarrollo económico alto, sostenido y sustentable.
- El logro de un desarrollo social acorde con el desarrollo económico, sobre la base de la capacidad individual e iguales oportunidades para todos.
- La mantención de una convivencia ciudadana pacífica y solidaria.
- La proyección internacional.
- La mantención de buenas relaciones internacionales.
2.2. Defensa, Seguridad y Desarrollo
La relación de la defensa con la seguridad y el desarrollo es una de las más complejas entre las que existen en la esfera pública. Esta complejidad se explica tanto a partir de doctrinas teórico-políticas acuñadas después de la II Guerra Mundial, como de la tendencia a emplear ciertos conceptos como intercambiables.
La seguridad de la nación no puede considerarse como toda acción del Estado encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país y asegurar el libre ejercicio de la soberanía de la nación, tanto en el interior como en el exterior, sino como un producto del conjunto de actividades que el Estado realiza para avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, amenazas o interferencias importantes.
En este sentido, la seguridad consiste en una condición que se desea establecer para que se realicen los fines del Estado y de la nación, particularmente los del desarrollo social y económico.
La seguridad nacional se obtiene mediante funciones estatales bien definidas: la seguridad exterior se logra, primordialmente, a través de la función diplomática y de la función de Defensa; la seguridad interior se obtiene mediante la función “Orden Interior”, y la seguridad ante catástrofes se consigue por la función “Protección Civil y Ambiental”. Cada una de estas funciones requiere para su materialización de una estructura orgánica capaz de planificarla y ejecutarla, de una legislación de respaldo, de financiamiento y de una política orientadora.
Aunque la seguridad y la defensa están íntimamente relacionadas, la defensa es un concepto más específico que la seguridad. Ella no produce por sí sola la condición de seguridad deseada, pero sin duda es uno de los factores esenciales para obtenerla.
La defensa contribuye a la seguridad del país tanto por medio de la disuasión como de la cooperación internacional. Esta última materializada, entre otras actividades, por la participación en operaciones de paz, en intercambios militares y en ejercicios combinados multinacionales, que se insertan en el variado abanico de las medidas de confianza mutua.
Entre la función global de seguridad -y la seguridad exterior, como parte de ella— y el desarrollo, en tanto fin genérico del Estado, se establece una relación que constituye un proceso dinámico, en el que, sin embargo, la seguridad no puede entenderse como un fin en sí mismo. En su función de proveer seguridad, el Estado se encuentra limitado y condicionado por la exigencia de procurar el bien común de la nación y de servir a la persona humana. De aquí que no sea éticamente lícito obtener la seguridad de una nación pasando por sobre los valores permanentes de la justicia y la dignidad humana.
2.3. Seguridad Humana
Se trata de un concepto emergente en el ámbito de la política internacional que supone el compromiso de los estados nacionales a desenvolverse, en situaciones de conflicto internacional, dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario; este compromiso es análogo al que los estados deben a sus propios cuidadanos en materias que afecten sus derechos y libertades. El valor principal de este concepto reside en modificar la preocupación de la seguridad al complementar el concepto tradicional focalizado en el Estado con un enfoque centrado en las personas, de manera de minimizar los efectos negativos que surgen en un contexto de crecientes inseguridades y tensiones. Con ello se introduce una sensibilidad distinta en el tratamiento del tema de la seguridad, ya que se promueve una aproximación comprensiva y se considera su carácter multidimensional. Este enfoque sirve de referente para el manejo de problemas característicos de la era de la globalización. Muchos de estos problemas trascienden el ámbito de los conflictos internacionales y no corresponde que se aborden mediante políticas de defensa. Por ejemplo, los esfuerzos orientados a disminuir la brecha tecnológica entre países desarrollados y países pobres, reducir el impacto de la violencia criminal en grandes ciudades o enfrentar las consecuencias de la propagación de pandemias (como el SIDA). Pero el concepto sí se aplica en relación con operaciones de paz de las Naciones Unidas y podría aplicarse en otras iniciativas que eventualmente se adopten para el manejo de conflictos que puedan dar lugar a crímenes contra la humanidad, ocasionar crisis regionales y aumentar el nivel de inseguridad entre las personas afectadas.
Aunque el enfoque de la seguridad humana presenta aún aspectos que requieren de una definición más precisa, supone un avance en la conceptualización de la seguridad y, por lo mismo, ha ido concitando creciente respaldo internacional. Esto se explica a partir tanto del reconocimiento otorgado a la persona humana en el derecho internacional, como de la importancia adquirida por el respeto a los derechos humanos en la agenda internacional. Contribuir a crear mecanismos que permitan, en los hechos, salvaguardar la vida de toda persona frente a las amenazas convencionales y no convencionales es un objetivo político de la acción internacional de Chile.
2.4. La Defensa Nacional y el Orden Interno de la República
Las funciones de la Defensa Nacional están referidas a la seguridad externa, lo que es expresión de un consenso ampliamente respaldado en la sociedad en torno a su diferenciación respecto de las tareas de orden interno y seguridad pública, las que la Constitución Política de la República hace recaer en las policías de Carabineros e Investigaciones.
En ciertas situaciones excepcionales, en los artículos 39 y siguientes de la Constitución se establecen las normas que regulan el empleo de medios de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno: guerra interna o conmoción interior, grave alteración del orden público o peligro para la seguridad nacional por causa de origen interno, y calamidad pública.[1]
[1] Los estados de excepción constitucionales referidos al orden interno son: el Estado de Sitio (puede ser declarado por el Preside de la República, con acuerdo del Congreso Nacional, en caso de guerra interna o conmoción interior); el Estado de Emergencia (puede ser declarado por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, en casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, por causa de origen interno), y el Estado de Catástrofe (puede ser declarado por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, en caso de calamidad pública). [volver]
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