En este trabajo se ha presentado un esquema original que sintetiza los debates que la ciencia política ha desarrollado sobre las relaciones entre civiles y militares en las sociedades democráticas a lo largo del siglo XX, con el objetivo de facilitar una clara visión de conjunto de la problemática. La discusión sobre la intervención militar en sociedades donde la democracia todavía es inestable, o donde los militares se convierten en actores principales durante largo tiempo, señala la existencia de un problema para el desarrollo democrático que ha de ser definido adecuadamente si se pretende que sea superado: militarismo y pretorianismo son los dos conceptos descritos para explicar esas situaciones de intervención. El diálogo que se genera sobre el sentido de la profesión militar en un principio trata de explicar cuál es el espacio que corresponde a los militares, cuáles son las características de su profesión y cuáles son las fronteras que no deben de cruzar; y continúa cuando se afirma que no sólo es cuestión de fronteras, y de control de una institución autónoma que no recibe influencias de la sociedad, sino de permeabilizar una política que es del Estado, y en la que los militares reciben influencias de otros segmentos de la sociedad, a través de conocimientos especializados para manejar la tecnología, o con la incorporación de otros profesionales que no forman parte de la profesión militar, y que pueden desempeñar adecuadamente determinadas funciones: convergencia y divergencia con la sociedad son dos conceptos que sintetizan los aspectos más importantes de estas distintas maneras de explicar la profesión militar. Finalmente el debate que se genera recientemente, trata de una forma más concreta, sobre la gestión de la política de defensa, profundizando sobre la anterior división sobre la manera de entender la profesión, planteando la necesidad de "controlar" desde las instituciones civiles a los militares; o bien de "cogestionar" la defensa utilizando para ello ciudadanos con perfiles profesionales distintos, que como todas las administraciones públicas deban ser sometidos a la dirección y el control del Gobierno. El motivo de esta última discusión responde a la preocupación que ya manifesta Vagts en 1959 sobre la necesidad de que existan civiles especializados en temas de defensa, ya que en las sociedades actuales el concepto de la "divergencia" es el que habitualmente ha presidido el devenir de esta política escaseando los ciudadanos no militares que han desarrollado su carrera profesional en el área de la defensa.
La razón de presentar este esquema es la de identificar las referencias que permiten situar el tipo de debate que se establece en España, donde durante mucho tiempo el tema que preocupa desde la perspectiva democrática, es el de la intervención militar, discutiéndose ampliamente sobre si esta intervención es militarista o pretoriana. Esta discusión se ha materializado normalmente en la generación de actitudes antimilitaristas en importantes capas de la población. A partir de los años sesenta se desarrolla también el debate sobre cúales son las características y el espacio de la profesión militar, lo que se discute especialmente en círculos militares, y en cierta manera impulsa el que éstos asuman que lo militar como profesión es compatible con la democracia, y les anime a apoyar la transición política. Lamentablemente el triunfo de la idea profesionalizadora de Huntington se consolida posteriormente, manteniendo los militares una férrea defensa de su autonomía, al defender que el espacio de los civiles es el político, y no el de funcionario ejecutor de la política. Por esta razón en España debe darse todavía el tercer debate que insiste que la defensa es una política del Estado, y que profesionales civiles y militares aportan perfiles distintos, que deben ser combinados en orden a lograr la eficiencia de la política; y que ambos han de ser sometidos a la dirección y al control político del Gobierno de la Nación.
La transición española no sólo representa el colapso de un régimen autoritario de derechas en el sur de Europa, como señala Carothers823, sino que supone la definitiva consolidación de un proceso largo en el que el Estado ha ido desarrollando una administración pública, que durante los dos últimos siglos ha pasado de estar al servicio del Rey, para pasar al servicio de las oligarquías, y finalmente al de la ciudadanía. Un proceso en el que los ejércitos han desempeñado un papel fundamental, ya que han sido utilizados para proveer multitud de servicios entre los que han destacado la construcción de infraestructuras básicas, el orden público, y otro tipo de beneficios a la comunidad en aspectos relacionados con la salud, la educación, etc. Este tipo de funciones que les ha sido concedido por la debilidad de las instituciones civiles, les ha dado poder, y ha condicionado la evolución y la dinámica del país, conformando unas características en el funcionamiento del Estado que algunos autores, desde la perspectiva democrática han calificado como militaristas.
El militarismo visto desde esta perspectiva no es únicamente la dirección política de la sociedad, lo que se conoce como pretorianismo, sino que es más complejo y abarca multitud de factores, que lleva a que se considere que los militares no son unos simples funcionarios del Estado, por el poder que tienen y por la variedad de competencias que desarrollan, y que la defensa no es una política pública más que el Gobierno debe diseñar, decidir y supervisar. Cuando la sociedad demanda que las reglas de convivencia sean decididas en un Estado democrático, al servicio de los ciudadanos, es necesario un proceso que fortalezca las Instituciones civiles para que las Fuerzas Armadas no tengan que desempeñar misiones de carácter interno, excepto en casos de extrema emergencia, y que se integre a los militares en la sociedad a la que sirven de una forma adecuada.
Thomas Carothers en su reciente artículo "The end of the transition paradigm" plantea el problema de las transiciones a la democracia, que en muchos casos no están funcionando como se preveía. Desde su punto de vista el que en el último cuarto del siglo XX, haya coincidido que en diferentes zonas del mundo, algunos países hayan cambiado las reglas autoritarias por un modelo democrático, ha generado que se haya creado un paradigma sobre la transición a la democracia, partiendo fundamentalmente de los trabajos de Guillermo O'Donnell, y Philippe Schmitter (1986); que ha justificado el interés de los Estados Unidos por impulsar "la revolución mundial de la democracia", potenciando programas y ofreciendo ayudas para que muchos países se democraticen. Esto ha fracasado porque muchos países considerados "en transición" no han evolucionado en este sentido, lo que obliga a replantear muchas políticas de apoyo a estos procesos, y a repensar el modelo.
Carothers evidencia la frustración de muchos líderes de organizaciones, que como la "Carnegie Endowment for International Peace", donde él trabaja, tratan de implantar la idea en el mundo de que la democracia es el mejor de los sistemas posibles de convivencia, al encontrarse de que en los países donde se destina las ayudas, éstas no dan los resultados deseados. El principal problema de este planteamiento, es no considerar que la forma de gobierno de una sociedad no puede venir impuesta por las circunstancias externas inmediatas, ni únicamente se impulsa por las influencias de actores ajenos al contexto, sino que tiene que formar parte de un largo proceso en el que se den una serie de condiciones y de consensos sociales mínimos. Quizás como parte de un proceso más amplio pueda ser útil una colaboración externa, que sea valorada positivamente en el país en transición, pero siempre planificando a largo plazo, y no buscando resultados inmediatos.
En el caso español el camino hacia la democracia es resultado de una evolución normal de la sociedad, y como parte de ésta, de una parte importante de los militares, que liderados por el Rey y el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, optan por "retirarse" del poder, como sugiere Finer (1985), al cubrirse una serie de condiciones, disposiciones, y motivaciones. Las elites militares -que son las que se estudian en este trabajo- desempeñan un papel importante en el proceso de transición, ya sea a través de la implantación de la Reforma militar que se impulsa en el sentido de la profesionalidad de Huntington, buscando de una forma expresa que los militares se aparten de la política; ya sea a través del decisivo trabajo de los servicios de inteligencia militares que apoyan activamente el proceso de transformación política. Por su parte la mayoría de los militares apoya la transición con su aceptación a lo que el mando le ordena, y con el mantenimiento de la disciplina, que a pesar de muchos problemas, y tensiones políticas permite el definitivo establecimiento de la democracia en España.
Tanto Janowitz (1990), como Perlmutter (1982) afirman que los militares a pesar de la disciplina, no son grupos coherentes, homogéneos o monolíticos; lo que necesariamente implica que para hacer una valoración adecuada de las actuaciones de la Institución se haya de identificar cuales son las motivaciones de éstos, y cuales son sus posiciones de poder dentro de la Institución. Entre los oficiales que participan en la Guerra Civil española, que son los que están en condiciones de dirigir las Fuerzas Armadas a la muerte de Franco, hay dos grupos que coinciden en muchos aspectos, y que finalmente son los elegidos para liderar los ejércitos en la transición: por una parte un importante grupo destaca porque tiene un recuerdo muy negativo del enfrentamiento armado que viven siendo jóvenes, y que hace lo posible para que una situación de ese tipo no vuelva a repetirse; y por otra un grupo que además de la anterior preocupación, tiene conocimientos de idiomas, estudios en el extranjero e inquietudes profesionales que le hacen promover una Reforma militar, que sin hacerles abandonar su ideología, tenga el objetivo de mejorar la profesionalidad de los Ejércitos españoles. Éstos desde tiempo atrás van preparando la Reforma, y finalmente se dan cuenta de que únicamente a través de la Reforma política del Estado será posible implantar la mejora profesional, que aparte a los militares de la política, y les centre en las funciones que le son propias.
Entre los oficiales jóvenes, por otra parte, se mezclan muchos sentimientos entre los que la frustración profesional, y la relación con la sociedad, a través de la universidad, del pluriempleo, o de lazos familiares son determinantes en su evolución personal. Éste además es un grupo abierto a la influencia internacional, lo que se muestra al ver que sólo en el Ejército de Tierra entre 1953 y 1982 hay 1.832 oficiales que muestran conocimientos de idiomas en una lengua extranjera, 392 en dos, y 124 en tres o más de tres824; y en que entre las mismas fechas 11.443 oficiales de los tres ejércitos son enviados a perfeccionar sus conocimientos profesionales a los Estados Unidos825. A pesar de que esta influencia no sea determinante, como concluye Carothers en su artículo (2002), lo que sí que se puede afirmar es que es un factor más que coopera en el proceso de transformación al que también están expuestos los militares como parte de la sociedad. Su incidencia además es particularmente importante porque entre los oficiales que adquieren estas habilidades, y disfrutan de estas posibilidades, se encuentran muchos de los que trabajan para los servicios de inteligencia colaborando de una forma activa en el desarrollo de la transición española.
La Reforma militar que finalmente desarrolla Manuel Gutiérrez Mellado, es un proceso que se va gestando desde mucho tiempo atrás, y en el que participan diferentes personalidades militares bajo el paraguas que ofrece el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Manuel Díez Alegría es el principal promotor intelectual de la necesidad de una reforma que potencie la profesionalidad de los ejércitos españoles, apartándolos de la política, y abordando una serie de cambios necesarios que actualicen, y generen un mejor funcionamiento de la Institución. Esta Reforma cuestiona las características que debe tener la profesión militar en España en un mundo cambiante, en el que va a ser necesario, como afirma Díez Alegría (1972) relacionarse con ejércitos de otros países en orden a impulsar acciones conjuntas. En este sentido se escoge el modelo de la divergencia propuesto por Huntington, como el ideal para el funcionamiento de los ejércitos, ya que la autonomía por una parte no repugna a la formación militar recibida por los militares españoles, y por otra parte se comprueba como en democracias consolidadas como los Estados Unidos ésta es la opción preferida por los propios militares.
Gutiérrez Mellado como afirma Puell de la Villa (1997) prentende desempeñar el papel de "espadón" eligido por Suárez, que tranquilice a los militares y les asegure que la transición se llevará a cabo sin mayores sobresaltos, sin embargo no tiene éxito en este cometido. Éste tiene una agenda claramente definida, que pasa por centrarse en la Reforma militar, lo que conlleva el apartamiento de los militares de toda actividad política, y por pedir a los partidos políticos prudencia para que no se crispen en exceso los ánimos de los militares que no son favorables a la transición. Su equipo está formado exclusivamente por militares para desarrollarla, no pensando en la posibilidad de introducir civiles para desarrollar determinados aspectos de la política de defensa. Sólamente cuando empieza a darse cuenta de que su presencia en el gabinete no logra los objetivos de tranquilizar a los militares accede a nombrar a un ministro de defensa civil que será Agustín Rodríguez Sahagún, el que sin embargo por prudencia no contínua nombrando más civiles. La política profesionalista de Gutiérrez Mellado inaugura la posibilidad de continuar las reformas en el futuro, para ir adaptando los ejércitos españoles a la modernidad, pero presenta dos grandes inconvenientes: por una parte no evita el que algunos militares tengan deseos de seguir participando en política, como se muestra sobretodo con los antecedentes del Golpe de Estado de febrero de 1981, y por otra reafirma la voluntad autonomista de las FFAA, que no creen que puede exitir ningún beneficio en que civiles y militares trabajen juntos, y combinen adecuadamente sus perfiles profesionales bajo el control y supervisión del Gobierno. El deseo de autonomía militar ha sido un gran inconveniente a lo largo de los años, tanto por los problemas que han tenido los sucesivos gobiernos para introducir civiles, que normalmente han sido recibidos como "políticos", como por la falta de personal civil capacitado para desempeñar una carrera profesional dentro del área política de la defensa.
823. Carothers (2002:5)
824. Tabla 16.
825. Tabla 12.
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