ACUERDOS DE PAZ Y FUERZAS ARMADAS EN EL SALVADOR: 16 AÑOS DESPUÉS
Antonio Martínez-Uribe*
Agosto 2008
Este es un momento propicio para hacer un análisis sobre los Acuerdos de
Paz, su cumplimiento e incumplimiento. El periodo de dieciséis años es suficientemente
amplio como para hacer una valoración más adecuada del proceso, los
actores y posibles evoluciones.
El punto clave y trascendental de los Acuerdos fue la reforma de las instituciones
armadas, y muy en particular el papel de los militares en El Salvador. El
proceso no habría tenido un desenlace de arreglo negociado si, en primer lugar,
no se hubiese acordado una reformulación acerca del uso de la fuerza y su papel
en un régimen democrático. El otro gran acuerdo de la paz fue la desactivación
de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
convirtiéndolo en un partido político legal en El Salvador1. Esta deposición de las
armas fue posible a cambio de la reforma militar.
El artículo 211 de la Constitución de 1983 establecía que la FAES estaba instituida para: defender la soberanía del Estado y la integridad de su territorio, y mantener la paz y seguridad públicas. También, para velar por el cumplimiento de la Constitución y demás leyes vigentes, porque se mantuviera la forma republicana de Gobierno y el régimen democrático representativo, porque no se violara la norma de la alternabilidad en la Presidencia de la República, y porque se garantizara la libertad de sufragio y el respeto a los derechos humanos.
Producto de la negociación con el FMLN, esa cantidad de funciones quedó reducida prácticamente a la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional; y a la intervención excepcional en cuestiones de seguridad pública conforme a procedimientos constitucionales establecidos. Sin embargo, no se acordaron formas específicas de seguimiento y control democrático para que esto se cumpliera y evaluara periódicamente.
La implementación de los Acuerdos suponía una serie de medidas específicas y conforme a calendario, tales como el tema de la reducción y depuración de las fuerzas armadas, la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad, y la creación de una institución nueva como la Policía Nacional Civil. Apuntaban a la corrección
de la falta de la equidad en la distribución de la riqueza y la democratización del poder, y a la internalización de una nueva misión exigida por la reforma constitucional y doctrina para las fuerzas armadas y el nuevo cuerpo policial, con el objetivo de generar gobernabilidad democrática y por consiguiente, paz. Ello significaba observar el grado y efectividad del cumplimiento de los Acuerdos, en cuanto a los resultados esperados.
Si bien si el problema de la reforma de las instituciones armadas del Estado en términos cuantitativos fue concretada en el tiempo pactado en los Acuerdos, su importancia era además trascendente porque se planteaba, de manera meridiana, su papel dentro de un régimen político democrático.
No por casualidad el primer punto de la agenda de negociación del Acuerdo de Caracas (21 de Mayo de 1990) se relacionó con la Fuerza Armada. De igual manera, el Acuerdo de México (27 de Abril de 1991), nuevamente encuentra en el primer apartado el problema de la Fuerza Armada. Y es precisamente en esta reunión cuando el FMLN deja constancia de una reserva en la redacción del artículo 211 de la Constitución de 1983, en el punto que define a la Fuerza Armada como institución "permanente".
Adicionalmente, el capítulo primero del Acuerdo de Paz, firmado en Chapultepec, México, hace 15 años, lleva por título Fuerza Armada. De las ciento diecisiete actividades programadas en el calendario original de ejecución de los Acuerdos, la inmensa mayoría tienen que ver con las reformas planteadas de la Fuerza Armada y los Cuerpos de Seguridad a cambio de la desmovilización de la guerrilla del FMLN.
A mediados del año 2003, se reabrió la discusión acerca del carácter permanente
de las Fuerzas Armadas, así como la posibilidad, por parte del FMLN, de
obtener el apoyo de un grupo de uniformados. La definición de la institución
armada como permanente se había producido en la Constitución de 1983, producto
histórico del desencadenamiento de la guerra civil y la disputa militar planteada
por el FMLN de cara a las Fuerzas Armadas de El Salvador. Esto significa
que antes esta categoría no existía de una manera tan explícita. El promotor de
esa definición constitucional fue el Mayor Roberto D'Abuisson, señalado como líder fundador de los escuadrones de la muerte y del asesinato del obispo católico
Oscar Arnulfo Romero. El concepto fue evolucionando desde la Constitución
de 1880, en la cual se establecía en el artículo 117 que "la fuerza permanente en
tiempo de paz será fijada anualmente por la Legislatura". La importancia de este
aspecto en el proceso de negociación ha sido revelada recientemente por el ex
presidente Alfredo Cristiani, Jefe de Estado al momento del proceso de negociación2.
Durante el proceso de negociación, como ya se señaló, el FMLN dejó constancia
de que la redacción del Art. 211 no era acorde con su posición sobre el
particular en los acuerdos tomados en México en abril de 1991. Sin embargo, planteada
la campaña electoral presidencial en 2004, el FMLN hizo una declaración
escrita afirmando que retiraba esta reserva y que además, se comprometía a no
volver a plantear tal demanda.
La decisión fue tomada en la XVII Convención Nacional Ordinaria, el 4 de julio
del año 2003. Esta dice en el párrafo II que se abstiene de presentar en el futuro
reformas constitucionales que modifiquen el espíritu y contenido en los artículos
211 y 212 de la Constitución de la República, surgidos de la Reforma Constitucional
pactada en los Acuerdos de Paz. En el párrafo V de la resolución sentencia que
impulsará acciones e iniciativas que fortalezcan la visión, desarrollo, carácter y
recursos de defensa necesarios para el funcionamiento de la institución castrense,
dentro del marco democrático, la plena vigencia de los derechos humanos y la
soberanía naciona3.
Días antes de que FMLN tomara esta decisión (Junio de 2003), el entonces presidente Francisco Flores estaba en proceso de decisión de enviar militares a Irak, excluyendo al FMLN de la consulta para tomar la decisión. Esta posición del FMLN se explica obviamente porque en ese momento se preparaba para las elecciones
presidenciales del 2004, y procuraba obtener apoyo de las fuerzas armadas en un futuro gobierno. De hecho, durante la campaña electoral lo obtuvo de un notable grupo de militares retirados que, sin duda representaban un sector de los militares en servicio activo.
Parece claro entonces que tanto las derechas, los centros y las izquierdas valoran
a los militares como un importante factor de gobernabilidad. Sin embargo,
existe bastante inquietud en grandes sectores de la población y en círculos internacionales
de que en El Salvador (a pesar de la guerra civil, y dada la actual crisis
institucional que se enfrenta en materia de seguridad en particular), vaya instaurándose
una nueva forma de autoritarismo y militarismo. Ello, al calor del alto
protagonismo de la Fuerza Armada en materia de seguridad interna, dado el fracaso
de las instituciones civiles encargadas de proveer la seguridad ciudadana.
A la hora de evaluar la situación, quince años después de la firma de los
Acuerdos, el énfasis se coloca en la reforma de las instituciones armadas, desde
la perspectiva del lugar que deben tener en una sociedad que pretende construir
y consolidar democracia.
* Consultor en democracia, seguridad y desarrollo.
Artículo publicado en la edición 2007 y actualizado para la presente edición.
(1) En una nota de prensa enviada por el periodista Lee Hockstader, publicada en Paris al momento de la firma de la paz al final del año 1991, decía: "En efecto los líderes de la guerrilla estaban esperando el menú de concesiones más ambicioso antes de hacer la única trascendente concesión que tenían que ofrecer: el cese al fuego y el compromiso de deponer las
armas. Pero en la ronda de conversaciones que comenzaron en las Naciones Unidas el 16 de diciembre, era el turno de la
guerrilla de jugar su carta del cese al fuego. Finalmente lo hicieron, pero solamente después de duras negociaciones en las
cuales los líderes rebeldes intentaron extraer el mejor convenio posible para sus tropas y bases campesinas". HOCKSTADER,
LEE. Washington Post Service (United Nations). International Herald Tribune. Paris, January 2, 1992.
(2) "Me dijeron que no quitara esa palabra". Entrevista con Alfredo Cristiani. Enfoques, La Prensa Gráfica, Domingo 15
de Enero de 2006.
(3) Propuesta de Resolución (aprobada) sobre la reserva de los Acuerdos de Paz relativa al carácter permanente de la
Fuerza Armada. XVII Convención Nacional Ordinaria del FMLN, 4 de Julio de 2003.