La Constitución de la República de El Salvador, establece la responsabilidad que tiene el Estado en el variado panorama de la Defensa, la Seguridad Nacional y el Desarrollo Nacional.
Así, en el Art. 1, se establece que: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad de Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.
En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.”
De igual manera, en el Art. 2 se enuncia que: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos...”.
Debe entenderse que el Estado se desarrolla en la medida en que fortalece el poder nacional en todas sus expresiones y alcanza sus objetivos nacionales, siendo un indicador de éxito el bienestar y la prosperidad generalizada de su población. Por lo tanto, el nivel de Desarrollo Nacional está en proporción directa con el Poder Nacional, lo cual garantiza la capacidad de mantener la Seguridad Nacional.
La Asamblea Legislativa desarrolla y amplía lo establecido por la Constitución de la República, promulgando la Ley de la Defensa Nacional, que a partir de agosto de 2002, se convierte en doctrina para todos los salvadoreños.
La Ley en mención, define a la Seguridad Nacional como el “Conjunto de acciones permanentes que el Estado propicia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos internacionales, perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes naturales y aquellas vulnerabilidades que limitan el Desarrollo Nacional y pongan en peligro el logro de los Objetivos Nacionales”.
De acuerdo con la definición antes planteada, la Seguridad Nacional está orientada a enfrentar y superar los graves problemas que desde el interior o exterior del Estado amenazan la estabilidad nacional y el bien común; determinándose, que las situaciones en las cuales se ve amenazada la misma, son especialmente aquellas relacionadas con: los casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofes, epidemias u otra calamidad general, o de graves perturbaciones al orden público; por lo cual el Estado salvadoreño, en estas circunstancias debe emplear todo el Poder Nacional para salvaguardar la vida y los bienes de la población.
Además, la Ley define la Defensa Nacional como: “el conjunto de recursos y actividades que en forma coordinada desarrolla el Estado permanentemente en todos los Campos de Acción, para hacer frente a una amenaza a la soberanía nacional y la integridad del territorio”.
La principal relación entre la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional, es que la primera detecta las amenazas, a partir de las cuales se toman las medidas pertinentes para la Defensa Nacional. Un Sistema de Defensa Nacional bien organizado, disuade eficientemente dichas amenazas.
La capacidad de disuasión de un Estado está en función de su poder nacional; lo cual implica la capacidad de la Fuerza Armada, la organización y funcionamiento de los campos de acción nacional y fundamentalmente la firme y decidida voluntad de la comunidad nacional y de sus dirigentes.
En efecto, la disuasión propicia la estabilidad y ésta facilita el desarrollo.
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