INTERVENCIÓN DE S.E. LIC. ALFONSO PORTILLO CABRERA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

58º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas


Nueva York, 23 de Septiembre de 2003

Señor Presidente,
Julian R. Hunte,Señor Secretario General, Kofi Annan,
Señoras y señores delegados,

Buenas tardes.

Vengo a rendir mi último informe ante este Parlamento de la humanidad, como un gobernante que cree en la interdependencia y no considera la soberanía como puerta que se cierra para disociar a las naciones. Por el contrario, se trata de una ventana abierta para mostrar la identidad de cada uno, propiciar el intercambio respetuoso de experiencias y la búsqueda de la comprensión y la solidaridad entre los pueblos.

Mi asistencia refleja el compromiso de mi Gobierno con las Naciones Unidas, cuya presencia en Guatemala ha sido crucial para la aplicación de los Acuerdos de Paz suscritos en diciembre de 1996. También me brinda la oportunidad de participar en el debate de los principales temas que conforman la agenda internacional y, de paso, testimoniar nuevamente nuestra solidaridad con los residentes de esta gran ciudad de Nueva York por los trágicos acontecimientos de hace dos años.

Quisiera reiterar nuestro más enérgico repudio por el alevoso ataque a la Sede de las Naciones Unidas en Bagdad de hace apenas algunas semanas. Lamentamos, en especial, la pérdida de valiosos funcionarios de la institución, incluyendo al recordado Sergio Vieira de Mello.

Por otro lado, deseo expresar nuestro reconocimiento al señor Jan Kavan, de la República Checa, por su iluminada conducción del anterior período de sesiones. Al mismo tiempo, quisiera felicitar muy sinceramente al señor Julian Hunte por haber asumido la Presidencia de la Asamblea General en este período de sesiones. Nos complace que un distinguido representante de nuestra propia región esté al frente de tan señalado cargo, y no dudamos que con su comprobada capacidad y su reconocida experiencia sabrá conducir nuestras deliberaciones con todo éxito.

Señor Presidente,

Guatemala, al igual que otros pueblos hermanos de América Latina, ha vivido un dramático fin de siglo XX, marcado por una agenda compleja en la que se entremezclan diversos desafíos, como lo son insertarse en el proceso de la globalización, construir una paz con justicia y afianzar una democracia con gobernabilidad.

En ese contexto, hemos intentado durante los últimos cuatro años avanzar en la apertura de Guatemala al mundo y su inserción en los flujos tecnológicos, financieros y culturales de la globalización. Hemos impulsado la democratización de estructuras e instituciones, de prácticas y valores, capaces de combinar libertad y autoridad, eficacia y equidad. Y hemos promovido una paz basada en la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Guatemala es un país con varias tareas históricas incompletas o permanentemente pospuestas. Cuando asumí la Presidencia, en enero de 2000, me propuse retomar a fondo algunas de esas materias pendientes. El Estado era rehén de poderosos intereses económicos. Lo hemos liberado. Ya no hay más exenciones fiscales que favorecen a particulares. Ya no se manipula la política comercial dañando la producción campesina . La política económica adquiere sentido como un instrumento de desarrollo social. Los monopolios locales ya conocen la competencia, después de un siglo de mercados cautivos.

Los Acuerdos de Paz le dieron a Guatemala un programa de democratización. Constituyen una propuesta de renovación profunda de la convivencia entre los guatemaltecos hacia el Siglo XXI. Pero nos han puesto también ante el reto de resolver simultáneamente tareas de distintos procesos históricos, que otras sociedades cumplieron por etapas.

Con satisfacción puedo decir que avanzamos en varios campos sustantivos, pero admito que otros quedaron truncados o los asumimos débilmente. Contra la voluntad de poderosos intereses, emprendimos un esfuerzo denodado para elevar la carga tributaria. Alcanzamos un nivel histórico en la recaudación fiscal, pero todavía por debajo de la meta asumida. Realizamos la reforma financiera más importante desde 1945 para modernizar la banca, disminuir los riesgos especulativos y recuperar la verdadera función de intermediación del sistema.

Pusimos al día el Código Laboral, que desde 1944 había sufrido una serie de amputaciones. Elevamos consistentemente el salario mínimo a un ritmo real sin precedentes. Los trabajadores del campo tienen hoy, en promedio, un 50% más de salario que hace cuatro años.

Nuestro nivel de analfabetismo ha sido históricamente vergonzoso. Por eso adoptamos planes que nos permitieron reducir en casi la mitad su número. Las niñas han sido especialmente atendidas. Mediante programas de becas de estudios y alimentos escolares, sustrajimos del trabajo infantil a decenas de miles de niños. Hicimos la reforma curricular incorporando la filosofía de los Acuerdos de Paz y ampliamos la cobertura escolar. En la atención primaria de la salud hemos atacado vulnerabilidades estructurales en cuadros críticos de mortalidad materno-infantil y nutrición.

Pero falta mucho por hacer. El entorno económico nos es desfavorable. Los motores tradicionales de crecimiento y empleo han perdido fuerza. Y las transformaciones productivas están caminando lentamente. Desplegamos, por tanto, un esfuerzo superlativo de estabilización económica y emprendimos acciones de emergencia, como la dotación de insumos productivos a los campesinos a fin de mantener capacidades agrícolas.

El tema de las transformaciones productivas es tan sensible que contribuyó, en el siglo pasado, a una guerra civil de casi 40 años. Por eso, reconociendo su urgencia, propicié mesas de concertación en las que participan todos los sectores, a fin de definir las políticas estratégicas de la Nación. Entre ellas, la de desarrollo económico y rural.

El pueblo ha ganado espacios importantes de participación en este período. Realizamos la reforma más importante del Estado mediante la descentralización, el fortalecimiento de los consejos de desarrollo locales y la dotación de mayores competencias a los gobiernos municipales. Los pueblos indígenas son reconocidos como tales y participan en la definición de la nueva geografía institucional que considera como base sus culturas. Las mujeres también han ganado espacios públicos y están articulando novedosas formas de organización.

Todos estos son esfuerzos para renovar el tejido social roto por la guerra. La reconciliación es una tarea fundamental. Y para que ocurra, el Estado tiene que propiciar un clima favorable. Por eso asumí responsabilidades internacionales en contra de las violaciones de los derechos humanos, y hemos emprendido el Programa Nacional de Resarcimiento, que incluye reparaciones para los familiares de más de 200 mil víctimas, mayoritariamente indígenas. También confiamos que se establecerá en Guatemala una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La impunidad sin embargo mantiene un núcleo duro de vencer. Los órganos de justicia todavía se muestran débiles. Esa fue la razón que me llevó a promover un instrumento extraordinario y temporal que reforzase las capacidades institucionales locales. Solicité apoyo a las Naciones Unidas para establecer inmediatamente una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, pues varios grupos represores del pasado, ahora vinculados al crimen organizado, amenazan e intimidan a activistas humanitarios, jueces y periodistas.

Para recuperar la democracia en todas sus dimensiones, es preciso fortalecer el poder civil. Nuestros esfuerzos están a la vista: implantamos el aparato de inteligencia civil del Estado y el cuerpo civil de seguridad presidencial. Ahora contamos con una Política de Defensa, adecuada a los principios de la Seguridad Democrática, que es producto del debate abierto de la sociedad. Diseñamos leyes para el libre acceso a la información, la desclasificación de archivos secretos del Estado y la creación de controles ciudadanos sobre las funciones de seguridad, como el Consejo Asesor de Seguridad. Son procesos avanzados, que deben entrar en aplicación plena en el siguiente periodo.

Fomentar una cultura de paz no ha sido fácil. Los traumas de la guerra todavía limitan las capacidades de confianza en nuestra sociedad y la defensa de privilegios por parte de grupos económicos y militares poderosos, ha generado polarización política. Pero los daños a la vida de las personas han disminuido y el proceso de democratización avanza.

En los 114 días que me restan como presidente, cumpliré otros dos compromisos básicos. Uno es que los guatemaltecos participemos de un proceso electoral libre y transparente, cercanamente observado por la comunidad internacional, en el cual compitan, sin exclusiones, todas las fuerzas políticas. Un proceso así ocurrirá apenas por segunda vez en nuestra historia del último siglo.

Otro compromiso es promover una transición ordenada, que resguarde las reformas emprendidas en el marco de los Acuerdos de Paz. Para ese fin, con mi equipo de gobierno, he generado una agenda mínima de transición, que incluye la continuidad de programas y políticas, y el fortalecimiento de las instituciones de la paz.

Señor Presidente:

Quisiera ahora referirme de manera escueta a algunos de los puntos que nos ocuparán en este período de sesiones, y, en especial, responder al desafío que nos ha planteado el Secretario General esta mañana, de repensar a las Naciones Unidas en estos tiempos de trascendentales cambios.


Señor Presidente,

Vivimos tiempos excepcionales que afectan a todos y a cada uno de los países, y a las Naciones Unidas en su conjunto. Las coyunturas críticas abren oportunidades de examen y cambio. Hago votos para que Dios nos dé sabiduría para captar esas oportunidades, y entonces sí podamos librar los obstáculos que han desorientado a la humanidad del horizonte de la solidaridad y el bienestar compartidos.

Muchas Gracias.