INTERVENCIÓN DEL S.E. CARLOS D. MESA GISBERT, VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

58º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York, 24 de Septiembre de 2003

Señor Presidente,
Señores Jefes de Estado y de Gobierno,
Señores Delegados,

Permítame señor Presidente felicitar a usted por su elección para presidir las deliberaciones de esta Asamblea General. Le deseamos el mayor de los éxitos.

Al propio tiempo me es grato saludar al Secretario General, Sr. Kofi Annan, cuyos esfuerzos en favor de la paz y la cooperación entre las naciones valoramos grandemente. Por ello, no puedo menos que expresarle a nombre del pueblo de Bolivia y mi gobierno nuestro dolor y solidaridad ante el atentado terrorista sufrido por la sede de Naciones Unidas en Bagdad, que muestra otra vez la intolerancia y la incomprensión ante una tarea de paz que es la única posible en la búsqueda de resolución de conflictos. Esto nos compromete en una lucha sin cuartel contra el terrorismo en cualquiera de sus formas, pero a la vez fortalece la necesidad de apoyar el esfuerzo compartido de las naciones del mundo con políticas que se debatan y aprueben en las Naciones Unidas. Esta institución y sus organismos son un foro fundamental para escuchar nuestra voz y la de todos los países. Por eso, creemos también que se requieren reformas para darle mayor flexibilidad y equilibrio al Consejo de Seguridad, que garanticen más participación en la toma de decisiones.

Los terribles episodios que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, nos obligan una vez más a reconsiderar la ruta que muchas naciones han trazado en su visión de desarrollo. Es un error peligroso creer que podremos convivir en un mundo de compartimentos cerrados que no se tocan entre si. No es posible generar crecimiento y bienestar para unos pocos y suponer que la gran mayoría de excluidos mirará en silencio y desde afuera esa realidad. En nuestro criterio el único camino posible para encarar el futuro es el paradigma de la equidad.

Bolivia está abriendo desde hace ya más de medio siglo espacios democráticos y participativos. Una nación como la nuestra, en la que el 62 % de los ciudadanos se autoidentifica como indígena, tiene el imperativo de romper la exclusión social, económica y étnica que ha sido un lastre histórico que nuestras elites se habían negado a superar. El proceso iniciado por la Revolución de 1952, en el que en medio de éxitos y tropiezos de mayor o menor magnitud hemos perseverado, es parte de nuestro desafío de hoy. Esta visión es además esencial en la defensa de los derechos humanos de aquellos que a lo largo de la historia habían sido olvidados.

Tras un año de gestión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el escenario de un Parlamento plural con un porcentaje muy importante de indígenas y en el marco de posiciones ideológicas muy diferentes, estamos trabajando para superar niveles de pobreza que han amenazado con romper los diques del orden y la fe democrática, lograda con alto sacrificio por el pueblo boliviano. Nuestro gobierno ha ampliado su base política integrando a la alianza entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, a otro partido, Nueva Fuerza Republicana, con la meta de enfrentar una aguda crisis económica expresada en una persistente recesión que afortunadamente esta comenzando a revertirse. Aplicamos un programa que combina los esfuerzos para ampliar los ingresos del estado, con el incremento de la inversión pública para estimular la economía y dinamizar el aporte privado, crear empleos y disminuir la inequidad social. Hemos priorizado a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad con medidas como un bono anual de solidaridad para todos los ciudadanos mayores de 65 años y la consolidación de un seguro gratuito de atención para madres y niños menores de cinco años. Esta es una tarea vinculada al cumplimiento de las metas del milenio con las que estamos profundamente comprometidos.

En febrero pasado y hace unos pocos días mi país ha vivido graves situaciones de violencia que nos han obligado a reflexionar. Somos conscientes de que los últimos veintiún años de democracia, -el periodo más largo ininterrumpido de nuestra historia- están en juego ante la legitima presión de los desheredados de nuestra sociedad a quienes nos debemos. Lamentablemente, a pesar de la nueva participación democrática parlamentaria, no hemos logrado todavía un diálogo real y enriquecedor sobre nuestros problemas más profundos. Estoy convencido de que una de nuestras tareas centrales es un cambio fundamental en el comportamiento de los partidos políticos y en cada uno de quienes hacemos política, pero también es indispensable una actitud menos radicalizada y más racional de los sectores sociales en su relación con el estado. Atravesamos un momento muy difícil en el que el cumplimiento de la ley y el respeto a la autoridad del estado amenazan con resquebrajarse. La pérdida de confianza en estos instrumentos esenciales de la democracia, es uno de los peligros mayores para el futuro de nuestra sociedad, que solo logrará sus metas si tiene un gobierno con credibilidad, legitimidad y autoridad. Estamos encarando nuestra responsabilidad en ese cambio. Solo así seremos tolerantes con las ideas del otro. La meta que tenemos es la búsqueda urgente del reencuentro nacional a través del diálogo, en el que estamos empeñados a pesar de las dificultades que entraña conseguirlo.

Hace un año dije en este mismo lugar que nuestro gobierno iba a convertir en política de estado la lucha contra la corrupción. Quiero expresar hoy con satisfacción que estamos cumpliendo ese compromiso. Hemos creado la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, cuyas tareas se realizan desde el corazón del estado pero con gran participación de la sociedad a través de redes ciudadanas y brigadas móviles. En un año de trabajo hemos visibilizado casos de corrupción que vinculan a autoridades del estado, funcionarios corruptos han ido a la cárcel y otros están sometidos a juicio acusados de actos ilícitos. Además, hemos profundizado los programas de mejora de gestión de los organismos públicos, estamos iniciando la reforma del poder judicial, fortaleciendo una cultura del estado de derecho a partir de la idea de justicia para todos e impulsando una estrategia que transforme las instituciones políticas y productivas -especialmente las informales- y promueva formas de gobernabilidad compatibles con el desarrollo humano equitativo.

Continuamos inalterablemente la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Para nuestro país esta tarea ha representado altos costos sociales, políticos y económicos, que se han pagado con sangre boliviana. Estar acompañados por la comunidad internacional en esta lucha es un aliciente y una seguridad. Sin embargo, ese esfuerzo requiere un apoyo mayor, proporcional a la dimensión de su efecto, tanto en Bolivia como en las sociedades en las que el consumo de drogas se mantiene como un problema prioritario a resolver. Seguiremos cumpliendo con nuestros compromisos, pero también seguiremos insistiendo en que esa comunidad asuma plenamente el concepto de responsabilidad compartida.

Para Bolivia, la ayuda internacional representa un aporte inestimable. Desde aquí agradezco a las naciones y organismos que cooperan con nosotros, pero destaco el hecho de que la ayuda más eficaz es aquella que respeta las decisiones y los planes de los países que deben usarla. Imponer recetas rígidas y unilaterales, suele generar más problemas de los que resuelve.

Nuestro continente, América Latina, ha visto mermado su rol en el concierto internacional. Atraviesa varios problemas medulares, uno de ellos el de su propia democracia asediada por la pobreza, la corrupción, la inequidad y un proceso de globalización del que forma parte pero que no le ha generado resultados siempre positivos. La integración es la única opción posible para mirar el porvenir con optimismo. Bolivia está trabajando intensamente en esa dirección, no solo porque forma parte de bloques subregionales como la Comunidad Andina y el Mercosur del que es miembro asociado, sino porque propugna la integración de ambos grupos regionales en una entidad sudamericana que nos permita mayores beneficios y mayor peso específico en la región. Como sede de la décimo tercera Cumbre Iberoamericana de Naciones, está trabajando en el fortalecimiento real de este mecanismo, que reúne a los jefes de estado y de gobierno de un grupo de países cuya trascendencia cultural, política y económica es cada vez mayor en el mundo.

En este contexto, las decisiones que harán posible el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, deben buscar un equilibrio aún incierto para el conjunto de los países que lo conformarán, tomando en cuenta la gigantesca distancia entre la primera potencia del mundo y las naciones más pobres del continente, de tal modo que este instrumento sea realmente beneficioso para todos. Esto será posible siempre y cuando, además de los temas de comercio, prioricemos la infraestructura vial y de comunicaciones, la ciencia, la transferencia tecnológica y la educación.

Las dificultades surgidas del debate mundial sobre el comercio internacional son una vez más una muestra de la brecha que debemos salvar entre naciones ricas y naciones pobres. Si la equidad es una de las primeras demandas de la humanidad, la única respuesta verdadera y efectiva para lograrla es un sistema de intercambio comercial justo. Los países pobres demandamos que nuestros productos lleguen a los mercados de los países ricos en condiciones adecuadas. Este reclamo urgente toca a una política sostenida de subsidios y proteccionismo a sectores claves de la producción por parte de las naciones más desarrolladas. Aquí está uno de los nudos de la pobreza y de las tensiones sociales en las sociedades más desfavorecidas.

Es particularmente sensible para Bolivia el tema de las minas antipersonales, no solo por un razón de principio, ya que estos artefactos mortales siguen diezmando o dañando irreversiblemente vidas humanas en todo el mundo, sino porque en nuestra frontera han sido sembradas muchas de ellas. Pedimos con vehemencia a los gobiernos responsables a continuar con la remoción y destrucción de estos artefactos hasta su desaparición total.

Hoy más que nunca quiero reafirmar en este foro que Bolivia no renunciará a su justa reivindicación de un acceso soberano al Océano Pacífico, dado que nacimos como República independiente con litoral marítimo. Esta demanda que tiene ya más de un siglo, no es producto ni de terquedad ni de capricho, sino de la insuficiencia de nuestros recursos económicos y enormes obstáculos geográficos que nos restan competitividad. El enclaustramiento es un freno para nuestro crecimiento y el bienestar de nuestros ciudadanos, como se ha constatado en el análisis de los desafíos que enfrentan todos los países mediterráneos. La reintegración de nuestra cualidad marítima, es de justicia y es para nosotros ineludible, por lo que seguiremos pidiendo solidaridad y apoyo de la comunidad de naciones. Nuestra vocación y nuestro destino de integración y complementación económica con nuestros vecinos, hace que exhortemos al gobierno y al pueblo de Chile a actuar mirando al futuro, reparando un daño histórico que nos tiene anclados en el siglo antepasado.

Vivimos tiempos difíciles, complejos y llenos de incertidumbre. Es nuestra obligación detenernos en el camino y preguntarnos sobre la validez de muchas de las premisas en las que creíamos. Ninguna pregunta, ningún cuestionamiento están demás en un momento como este en el que la búsqueda de un horizonte más claro y más justo, es una necesidad de vida o muerte para nuestro planeta.